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» Nuevo Diario
Fecha: 27/12/2025 15:02
La Justicia allanó el Concejo Deliberante de San Lorenzo en el marco de una investigación penal. El procedimiento se realizó a partir de una denuncia que apunta al concejal libertario Juan Pablo Dávalos, acusado de la presunta falsificación de una firma en la ordenanza que aprobó el Presupuesto Municipal 2026, un hecho que podría tener consecuencias institucionales y penales de gran magnitud. La denuncia fue presentada el pasado 11 de diciembre de 2025 y sostiene que la secretaria legislativa del Concejo, Olga Ceballos, se encontraba con licencia al momento de la firma de las ordenanzas, por lo que no habría suscripto ningún documento oficial durante ese período, con una única excepción: la ordenanza del presupuesto. Esa situación encendió las alarmas, ya que, al cotejar la rúbrica cuestionada con firmas anteriores de la funcionaria, se detectaron diferencias notorias que pusieron en duda su autenticidad. Con esos indicios, la Justicia ordenó el allanamiento del edificio legislativo, donde se procedió al secuestro de documentación considerada clave para la causa. El objetivo es analizar los originales, verificar el circuito administrativo del expediente y determinar quiénes intervinieron en la confección, firma y elevación de la ordenanza que habilitó el manejo de los fondos municipales para el próximo ejercicio. Fuentes judiciales señalaron que la investigación no se limita a una irregularidad administrativa ni a una disputa política, sino que se centra en la posible comisión del delito de falsificación de documento público, una figura penal de extrema gravedad. De confirmarse la maniobra, el caso podría derivar en imputaciones formales, pedidos de indagatoria e incluso penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La situación también abre un interrogante institucional de fondo: si se comprobara que la firma fue adulterada, la validez misma del Presupuesto Municipal 2026 podría quedar en jaque. Esto implicaría un escenario complejo para la administración local, ya que el presupuesto es la herramienta central para la planificación y ejecución de políticas públicas, obras y servicios durante todo el año. La causa se encuentra en una etapa inicial, con peritajes documentales y recolección de pruebas que serán determinantes para establecer si existió o no la falsificación denunciada. Mientras tanto, el escenario es de máxima expectativa: de comprobarse la irregularidad, San Lorenzo podría enfrentar no solo una crisis política, sino también un proceso judicial con derivaciones penales concretas.
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