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» Diario Chaco
Fecha: 27/12/2025 16:37
La madrugada del sábado 27 de diciembre quedará registrada en la agenda legislativa como la jornada en que el Senado de la Nación sancionó la llamada ley de "Inocencia Fiscal", un texto normativo que busca, según sus impulsores, incentivar el uso de los dólares guardados fuera del sistema financiero y redefinir las reglas del juego entre el Estado y los contribuyentes. La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 26 negativos, evidenciando tensiones políticas y económicas en torno a su alcance. Sin embargo, Juan Pazo, ex titular del organismo alabó a la ley por lo que dejó atrás. "Todo lo anterior, era un régimen donde toda la informalidad deliberada y sofisticada no se perseguía y nos volvían locos a todos los ciudadanos", aseguró el exfuncionario, para quien "esta reforma busca eliminar registros absurdos y regímenes informativos que obligaban al organismo a recibir datos sobre gastos mínimos, desde un peso en tarjetas hasta consumos básicos de luz y gas". En defibnitva, el texto aprobado modifica profundamente el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769) y la normativa de procedimientos fiscales (Ley 11.683), además de introducir ajustes en el Código Civil y Comercial de la Nación e implementar un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias. La base conceptual de estas reformas radica en un principio al que denominan Inocencia Fiscal, pues indica la presunción de cumplimiento del contribuyente salvo prueba en contrario. El núcleo duro de la norma es su pretensión de motivar a los poseedores de dólares "bajo el colchón" a incorporarlos al circuito formal sin enfrentar sanciones penales o administrativas. El nuevo esquema permite que quienes ingresen estos fondos al sistema puedan regularizar su situación sin multas o procesos judiciales, un incentivo que se plantea en medio de una economía que aún transita la transición hacia un mayor uso de la moneda extranjera en transacciones frecuentes. Uno de los cambios más significativos es la actualización de los umbrales que determinan qué constituye un delito fiscal. Así, el piso para caracterizar la evasión simple se eleva de $ 1,5 millones a $ 100 millones, mientras que el de evasión agravada pasa de $ 15 millones a $ 1.000 millones. Esta modificación busca, según los promotores de la norma, concentrar la acción penal en casos de evasión verdaderamente significativos, y no en discrepancias técnicas o de interpretación. Pazo, justamente, explicó que "la sanción de la ley de Inocencia Fiscal abre una nueva etapa en la política tributaria al incentivar el uso de los dólares fuera del sistema y asi simplifica declaraciones y reduce la litigiosidad fiscal. El Gobierno apuesta a que la presunción de buena fe estimule la formalización de ahorros y reactive la economía".
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