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» Perfil
Fecha: 27/12/2025 10:25
La aprobación del Presupuesto 2026, aún con las andanzas complejas que llevaron a su nacimiento como ley el viernes pasado, trae una sorpresa extra para toda la clase política. En especial para el kirchnerismo o el peronismo extremo que alguna vez se denominó con ese nombre. A partir del 1° de enero del próximo ejercicio, el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá fuerza de ley. Y ya nadie podrá cuestionar su legalidad. Y, en consecuencia, vigencia. Dentro de los compromisos financieros y de cumplimiento de pasivos monetarios que se aprobaron el viernes en el Senado se incluyen todos los articulados, compromisos, metas y objetivos, acordados en abril pasado con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva, con lo que tienen ya fuerza legal. Esto quiere decir que la deuda tomada por Javier Milei con el Fondo, por unos U$S 20 mil millones (que a su vez se suman a los 44 mil millones tomados durante el gobierno de Mauricio Macri), es absolutamente legal, y no puede ser cuestionada por no haber pasado por el Congreso Nacional luego de la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le dio vida legal al acuerdo, vence el 31 de diciembre, y debía haber un acto legislativo concreto que lo respalde para que continúe vigente. Esto ocurrió ayer viernes, con lo que ahora ya no quedan cuestionamiento legales para la vigencia del Facilidades Extendidas. Este reclamo no sólo era solicitado dentro del país. El propio organismo permitió al presidente Milei que el acuerdo avanzara este año, siempre que los lineamientos y obligaciones se legalicen para el próximo ejercicio vía Presupuesto Nacional. Desde Washington, los abnegados técnicos del caso argentino necesitan cobertura legal interna, sabiendo que, según las leyes criollas, un nuevo endeudamiento (como el acuerdo con el Fondo) debe ser autorizado por el Congreso. Pero como en los articulados del Presupuesto referidos a los pasivos monetarios con organismos internacionales están incluidos los pagos anuales al FMI y también los ítems del nuevo endeudamiento por unos US$ 20 mil millones, la aprobación de la ley avalaría definitivamente el acuerdo vigente. Y, como se dijo más arriba, desde el kirchnerismo más duro ya no habría argumentos para cuestionar su legalidad. Javier Milei evitó un mal momento (quizá trágico para su gestión) legislativo en mayo pasado al no tener asegurados los votos necesarios para aprobar el nuevo endeudamiento, especialmente ante la amenazante primera minoría kirchnerista en el Senado, donde los legisladores más cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esperaban con el cuchillo entre los dientes despedazar el acuerdo con el FMI. Sin embargo, astuto, Javier Milei avanzó vía decreto, con la posibilidad de mantener el rechazo del Congreso vía vetos, pero se comprometió ante el organismo que todas las cláusulas del acuerdo quedarían aprobadas por ley en el futuro. Esto fue aprobado políticamente por Kristalina Georgieva y su gente, pero aclarándose que sería custodia que la promesa se cumpla. El compromiso de Javier Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo fue que finalmente sea con el Presupuesto 2026 donde el contenido del Facilidades Extendidas vea la realidad, proceso para el que era necesario aguardar que se recambien ambas Cámaras luego de la elección del 26 de octubre pasado. El Presidente siempre confió en que su fortuna de votos legislativos mejoraría con el acto electoral, lo que finalmente sucedió. Y luego de esa fecha, con el resultado electoral sobre la mesa, Milei estuvo ya en condiciones de aprobar el Presupuesto, y darle la legalidad final al acuerdo firmado con el FMI el 11 de abril. Washington siempre hizo un guiño ante cierta precariedad legal del acuerdo cerrado en la segunda quincena de abril, donde se bendijo el DNU desde la sede del organismo pese a que, todos sabían, se violentaba una ley impulsada por Martín Guzmán como ministro de Alberto Fernández, donde se prohíbe nuevos endeudamientos, salvo que los apruebe el Congreso Nacional. El DNU en cuestión mencionaba la emergencia en la que se encontraba el país como justificativo. Tanto el FMI como muchos habitantes del Palacio de Hacienda, más tarde o más temprano deberían dar lugar a dicho pedido, y los diputados y senadores deberían intervenir para darle la legalidad final y necesaria al Facilidades Extendidas. El contenido pactado entre el Gobierno Nacional y el FMI que debería estar incluido se incluyó en el texto del Presupuesto ya aprobado, es el siguiente: en un informe de septiembre de 2025, el FMI proyectó para 2026 una inflación entre 10% y 15%, un superávit primario del 2,2% y un crecimiento del PIB del 3%. Todos los ítems sectoriales dentro de la administración pública justifican las restricciones presupuestarias implementadas desde el Poder Ejecutivo. En otras palabras, con la aprobación del Presupuesto ya no hay espacio para nuevas leyes intempestivas que impulsen incrementos en educación, salud o gasto social, entre otros. Esas metas y objetivos, incluyen un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero (tras el pago de intereses) del 0,3%. También que figure explícitamente una regla de estabilidad fiscal, que mencione que si los ingresos bajan o los gastos suben, algunas partidas se ajustarán automáticamente. Habla también del fin del financiamiento del Tesoro vía Banco Central. Traducido al idioma político criollo, quiere decir que no habrá ni ahora ni en el futuro un plan platita. El proyecto también incluye ajustes automáticos si los gastos se desvían del plan, para asegurar la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Sin embargo, hay serias inconsistencias en los objetivos: alcanzar un crecimiento del 5%, una inflación de un dígito y un superávit simultáneo luce improbable, sobre todo si el contexto externo se deteriora o no se concretan las reformas estructurales. Con la aprobación del Presupuesto 2026 y la inclusión en el del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente, comenzará la contabilización descendente del próximo capítulo con el FMI. Tal como ya se comentó en este espacio, en la segunda semana de enero (cuando termine el período de descanso por las Fiestas de los miembros del organismo internacional), las partes comenzarán a diseñar la próxima visita de los técnicos, que derivará en una misión a Buenos Aires y posteriormente en la aprobación de la secuencia 2025 del acuerdo. Aún con el waiver de no haber podido avanzar en la colocación de reservas para el Banco Central. Por lo que ya se sabe, el directorio del organismo (donde mandan los votos de Estados Unidos y sus aliados), está comenzando a analizar la situación de la Argentina; y, se supone, que luego del obligado parate de fin de año de todo organismo financiero internacional que se precie de tal; desde la segunda semana de enero hasta la primera de febrero, el caso argentino estará cerrado. Y aprobado. Al menos el 2026. La decisión del gobierno de Javier Milei con el ministro de Economía Luis Toto Caputo de brazo ejecutor, de comprometerse sublimemente (y por escrito) a comprar no menos de 10 mil millones de dólares durante el primer semestre del 2026 (temporada sojera); fue el acto de amor que el Gran Hermano exigió como condición indispensable (y disciplinadora) para que el concursante estrella siga todo el 2026 dentro del Facilidades Extendidas. Pero el Fondo ahora va más allá, y buscará que, como política derivada de este esquema de recuperación de reservas, se produzca otro efecto que el organismo venía reclamando desde el mismísimo abril donde se firmó el acuerdo con la Argentina.
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