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» El Intransigente
Fecha: 26/12/2025 15:09
Catamarca volvio a quedar expuesta en uno de los indicadores mas sensibles del funcionamiento institucional. Segun el Ranking de eficacia politico-criminal de los Ministerios Publicos Fiscales 2023, elaborado por el INECIP, la provincia se ubica en el penultimo lugar del pais, con una tasa de apenas 1,83%. En terminos concretos, menos de dos de cada cien causas penales que ingresan al Ministerio Publico Fiscal reciben algun tipo de respuesta con capacidad real de incidir en el control del delito. El informe no evalua discursos ni intenciones, sino una funcion elemental del sistema penal: si el Estado logra transformar los conflictos penales en respuestas concretas como condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En Catamarca, esa funcion basica practicamente no existe. La mayoria de los casos ingresan al sistema y quedan atrapados en una inercia burocratica sin resolucion visible. La contundente distancia con otras provincias El contraste con otras provincias es contundente. Chaco (16,66%), Jujuy (14,26%) y Neuquen (13,08%) lideran el ranking con niveles de eficacia varias veces superiores. Incluso distritos con alta litigiosidad logran mejores resultados. En el fondo de la tabla aparecen San Luis (1,32%), La Rioja (1,94%) y Catamarca, mientras que Buenos Aires (3,54%), Salta (4,56%) y Santa Cruz (3,85%) tambien exhiben desempenos criticos. Este derrumbe no es repentino ni aislado. Los datos muestran un empeoramiento sostenido que se profundizo desde la llegada de Raul Jalil al gobierno provincial. Ano tras ano, la capacidad de respuesta penal se redujo, mientras el volumen de causas ingresadas continuo en aumento. El resultado es un sistema cada vez mas congestionado y menos eficaz. Mientras otras jurisdicciones avanzaron en planificacion criminal, produccion de datos y fortalecimiento institucional, Catamarca retrocedio. El Ministerio Publico Fiscal perdio centralidad como herramienta de control del delito y quedo reducido a un rol administrativo, con escaso impacto real en la resolucion de conflictos. A este fracaso estructural se suma un problema aun mas profundo: la relacion promiscua entre la Justicia y el poder politico. La falta de autonomia real del Ministerio Publico, los vinculos cruzados y la dependencia funcional configuran un escenario donde la persecucion penal aparece condicionada por la conveniencia politica, mas que por criterios tecnicos o por el interes publico. Las consecuencias son visibles y reiteradas. Causas sensibles que no avanzan, expedientes que se diluyen con el paso del tiempo y una ciudadania que percibe una Justicia selectiva, rapida para algunos y eternamente lenta para otros. La imparcialidad, pilar basico del sistema judicial, queda seriamente cuestionada. La imparcialidad queda seriamente cuestionada en Catamarca En este contexto, el puesto El Ramon se convierte en una metafora incomoda pero precisa. Controles visibles, despliegue estatal en la ruta y procedimientos ruidosos, pero escasa o nula traduccion judicial efectiva. Mucha presencia, poca Justicia. Mucha escena, poco expediente. Exactamente lo que reflejan los numeros oficiales. El propio informe del INECIP advierte que cuando las fiscalias no producen resultados ni informacion confiable, se rompe el control ciudadano y se habilita la arbitrariedad en la administracion de recursos y en el ejercicio de la violencia estatal. En Catamarca, ese riesgo ya no es teorico: es una realidad concreta. El balance final es claro y preocupante. Una Justicia que no responde, cada vez mas alineada con el poder politico, y una provincia atrapada en el fondo de los rankings nacionales. Los datos son oficiales y publicos. Bajo la actual gestion, el derrumbe judicial ya no admite explicaciones ni excusas: es un problema estructural que afecta directamente a la calidad democratica y a la seguridad juridica de los catamarquenos.
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