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» La Nacion
Fecha: 26/12/2025 11:18
Ley de Glaciares, un cambio de sistema con eje federal Antes de que el Poder Ejecutivo envie al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Minimos para la Proteccion de Glaciares N. 26.639, varias provincias (en particular las firmantes del Pacto de Mayo) coincidian en que el esquema vigente necesitaba ser revisado. No se trata de una discusion nueva ni improvisada, sino de un debate postergado sobre como proteger el ambiente en un pais federal. Paradojicamente, lo que esta vez se intenta desde Buenos Aires es devolver autonomia a las provincias: permitirles definir, con reglas claras y controles efectivos, bajo que condiciones pueden desarrollarse actividades economicas sin comprometer recursos hidricos estrategicos. En el fondo, abrir una discusion mas federal y menos centralista. Empresas mineras, especialmente aquellas interesadas en proyectos de cobre en la Cordillera, ven con buenos ojos esta reforma. Del otro lado, organizaciones ambientalistas advierten que el proyecto reduciria la proteccion de los glaciares y del ambiente periglacial, poniendo en riesgo recursos clave para las generaciones futuras. Puede ser tentador pararse en uno u otro bando. Pero reducir el debate a mineria o ambiente es un error que empobrece la discusion. El proyecto no propone elegir entre desarrollo economico y proteccion ambiental. Busca, en cambio, revisar como se toman las decisiones, quien las toma y quien asume la responsabilidad de cuidar los recursos naturales. La Ley de Glaciares, tal como esta hoy, parte de un axioma: todo glaciar y todo ambiente periglacial deben ser preservados como reservas estrategicas de agua y, por lo tanto, ciertas actividades (entre ellas la exploracion y explotacion minera) quedan directamente prohibidas en esas areas. La identificacion de glaciares y ambientes periglaciares esta en manos del Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA), a traves de su inclusion en el Inventario Nacional de Glaciares. En ese diseno, la injerencia de las provincias es practicamente nula. Si un area queda incluida en el Inventario, las autoridades provinciales no pueden autorizar la explotacion de recursos naturales que, segun la Constitucion Nacional, son de su dominio originario. La reforma apunta a dos cambios de fondo. El primero es abandonar un esquema de prohibiciones automaticas y reemplazar la discrecionalidad por criterios objetivos y cientificos que permitan evaluar si una actividad afecta realmente un recurso hidrico estrategico. El segundo es incorporar una logica de federalismo de concertacion, en la que las provincias participen activamente tanto en la proteccion del ambiente como en la gestion de sus recursos naturales. Con ese objetivo, el proyecto redefine con mayor precision el objeto de proteccion. Ya no se trata de cualquier geoforma, sino de glaciares y ambientes periglaciares que, por cumplir funciones especificas, actuan como reservas estrategicas de recursos hidricos y como proveedores de agua para cuencas hidrograficas. La proteccion se focaliza alli donde el impacto ambiental es real y comprobable. Otro cambio sustancial es que el Inventario deje de ser una construccion exclusivamente nacional. El proyecto habilita a que las autoridades ambientales provinciales aporten informacion y participen en su conformacion, identificando glaciares y ambientes periglaciares en base a criterios cientificos comunes. La Nacion fija los presupuestos minimos como manda la Constitucion Nacional; las provincias dejan de ser meras espectadoras y pasan a ser actores responsables. Finalmente, toda autorizacion de proyectos productivos en estas areas quedara sujeta a procedimientos de evaluacion de impacto ambiental que garanticen la participacion ciudadana. Lejos de bajar la vara ambiental para favorecer el desarrollo economico, la reforma propone un cambio de sistema. Ya no un modelo centralizado que concentra decisiones y diluye responsabilidades, sino uno compartido, donde Nacion y provincias asumen en conjunto el deber de proteger los glaciares y administrar racionalmente los recursos naturales. Si se aprueba, la reforma no eliminara controles ni abrira zonas grises: obligara a decidir mejor, con mas informacion, mas participacion y mas responsabilidad politica. En definitiva, dejara atras una falsa dicotomia para avanzar hacia un federalismo ambiental maduro, en el que el desarrollo y el cuidado del ambiente no se excluyen, sino que se exigen mutuamente. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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