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» Nuevo Diario
Fecha: 24/12/2025 20:19
La Camara Federal en lo Penal Economico declaro la nulidad absoluta del decreto presidencial. La medida buscaba que el Poder Ejecutivo administrara los activos decomisados en causas penales. La Camara Federal en lo Penal Economico anulo el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, impulsada por el presidente Javier Milei. El decreto otorgaba al Ministerio de Justicia el control de los bienes secuestrados y activos vinculados a causas de corrupcion y otros delitos complejos. La resolucion judicial califico la medida como un acto de nulidad absoluta e insanable. El tribunal baso su decision en la falta de condiciones excepcionales. Los magistrados citaron el articulo 99, inciso 3, de la Constitucion Nacional. Argumentaron que no existia una situacion de necesidad y urgencia real. El Congreso nacional se encontraba en periodo de sesiones ordinarias. Ademas, segun el fallo, el Poder Legislativo no estaba impedido de sesionar. El Gobierno podia haber enviado un proyecto de ley tradicional. Asimismo, el DNU anulado creaba el Consejo de Bienes Recuperados con el objetivo de funcionar bajo la orbita del Ministerio de Justicia. Su funcion era supervisar y decidir sobre el destino de los bienes. Hasta ahora, la administracion de estos activos correspondia a la Corte Suprema y el fallo ratifica que los activos deben permanecer bajo control judicial. Esto busca garantizar la independencia de poderes en el manejo de fondos sensibles. La resolucion surgio a partir de un recurso presentado por una defensa tecnica. El juez de primera instancia ya habia declarado la inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalia apelaron esa decision inicial y la Camara ratifico la sentencia previa con dureza. Los jueces senalaron que el uso de DNUs no debe ser una herramienta ordinaria. La administracion de bienes provenientes del delito requiere un debate profundo. Este debate debe darse necesariamente en el marco del Congreso de la Nacion. Ademas el Gobierno sostiene que el sistema anterior era ineficiente y lento. Afirmaban que el Estado perdia dinero por la falta de uso de los bienes. Buscaban dotar de mayor agilidad a la gestion de vehiculos e inmuebles incautados. La anulacion del decreto deja sin efecto el nuevo esquema de administracion. El Ministerio de Justicia debera devolver las facultades que habia empezado a ejercer. El Consejo de Bienes Recuperados perdera su sustento legal inmediato. Las causas que ya estaban bajo el nuevo regimen deberan ser revisadas. Tambien el fallo asegura que los activos no pueden ser manejados discrecionalmente por el poder politico. Esto protege los bienes ante posibles cambios de gestion o presiones externas. Fuente: Ambito Financiero
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