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» Los Primeros
Fecha: 24/12/2025 09:35
Una guerra abierta estalló en el seno de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Las acusaciones cruzadas entre el propietario de las firmas El Rayo Bus y San Pedro de Colalao, Sergio Gómez Sansone, y la cúpula de la entidad, encabezada por Jorge Berretta, exponen una profunda crisis institucional vinculada al manejo de los millonarios subsidios públicos que sostienen el servicio. La denuncia de Sansone: "Distribución secreta" y agresiones Gómez Sansone vincula su reciente declaración como "persona non grata" a una represalia por sus pedidos de informes. El empresario sostiene que el criterio para repartir las compensaciones tarifarias que envía la Provincia es discrecional y carece de transparencia. “Me declararon persona no grata a raíz de mi pedido de rendición de cuentas de los fondos que llegan del Gobierno de la provincia y que luego Aetat los distribuye en las empresas”, afirmó Sansone. El empresario fue más allá y calificó el sistema como una estructura de opresión: Falta de información: “Es una distribución casi secreta que no comparten con nadie. Lo hace la comisión directiva sin que los demás empresarios sepan”. El caso de la Línea 131: Vinculó la pérdida de su concesión a un plan orquestado. “En noviembre de 2024 se generó el conflicto con UTA y ellos terminan activando el protocolo de siempre, me hacen un paro y me terminan quitando la línea. No fue algo al azar; está detrás todo el matiz mafioso”. Violencia física: “Primero, gente de UTA me agredió físicamente y de eso tenemos videos. Luego, en Aetat me reclamaron esa pelea, discutí con Berretta y también me agredió físicamente”. La respuesta de Aetat: "Historias de mala intención" Desde la vereda de enfrente, el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, desestimó cada punto y aseguró que la expulsión simbólica de Sansone fue una decisión institucional colectiva. “Al señor Gómez Sansone se lo declaró persona no grata en la institución de Aetat por declaraciones agravantes, injuriosas y falsas hacia la institución y hacia sus directivos. Esta decisión se tomó en asamblea en forma unánime donde votaron 50 empresas”, explicó Berretta. Respecto a la transparencia de los fondos, Berretta detalló que el proceso es público y está regido por normativas legales: Publicidad: “Se publican en el Boletín Oficial de la provincia y todos los colegas saben los montos totales y lo que le corresponde a cada empresa”. Criterio legal: “Se ajustan a una ley sancionada en la Legislatura de Tucumán que reza que la distribución de subsidios se realizará según la cantidad de empleados declarados en el formulario F931 del ARCA”. Auditoría: Los fondos son controlados por la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura. El misterio de los "cheques en cuevas" Uno de los puntos más polémicos de la denuncia de Sansone refiere a una supuesta malversación de fondos mediante el descuento de gastos bancarios. “Encontré cheques en cuevas de Tucumán que se vendían y que eran de mi empresa. A mí nunca me los entregaron. Son fondos que se malversaron (...) Hay un recibo y un cheque. En el recibo dice gastos bancarios y el cheque coincide exactamente con el importe de los gastos bancarios que ellos nos descontaron. Me descuentan a mí, se quedan ellos con el cheque y lo van a vender”, denunció Sansone. Berretta calificó el relato como inverosímil: “Cómo podría encontrar un cheque en una cueva, si supuestamente uno lo cambia a cualquier persona y ese cheque indefectiblemente tiene que llegar al banco. Todo lo referente a distribución de subsidios y movimientos de cuentas de Aetat fue aprobado por acta”. Un sector bajo presión Sansone asegura que su postura rompe con años de silencio en el sector, mencionando casos anteriores como el de Miguel Villagra (Línea 19). “No se puede vivir toda la vida oprimido (...) Te llevan al desgaste, te amenazan con quitarte la empresa y de esa manera te doblegan y te silencian. Yo ya estoy fuera de esa etapa del miedo”, concluyó. Por su parte, Aetat ratificó que la pérdida de la Línea 131 se debió a infracciones detectadas por la Dirección de Transporte en septiembre de 2025 y no a una persecución política. “Su historia es de una mala intención inusitada”, sentenció Berretta. /La Gaceta
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