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» El Sur Diario
Fecha: 23/12/2025 00:10
El viernes 19 de diciembre dio inicio en los Tribunales de nuestra ciudad el juicio oral contra Mayco R., acusado por el brutal ataque perpetrado en una vivienda de calle Almirón al 4900, en barrio Luzuriaga en febrero de 2023. El debate se desarrolla en el ámbito de la Fiscalía Regional 2 y el tribunal está integrado por la jueza de Primera Instancia Mariel Minetti. La Fiscalía imputó al acusado el delito de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por criminis causa, en carácter de coautor, y solicitó una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. La reconstrucción del hecho De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Analía Saravalli, el ataque fue el resultado de una planificación previa, con tareas claramente repartidas entre los involucrados. El episodio ocurrió entre las 20.30 del 15 de febrero y las 17 del 16 de febrero de 2023, cuando María Lozco simuló mantener una relación sentimental con la víctima, un hombre de 77 años que vivía solo. Bajo ese engaño, llegó primero al domicilio y luego avisó al resto del grupo —integrado por Jésica Cuello, Mayco R. y Gian Franco A.— para que arribaran al lugar con el objetivo de sustraer dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros efectos personales. Una vez reunidos, revisaron la vivienda, seleccionaron los elementos a robar y, en ese contexto, agredieron violentamente a la víctima. Según la Fiscalía, el hombre fue golpeado en la cabeza con un elemento contundente y posteriormente herido con un arma blanca, recibiendo cortes en el hombro derecho y, de manera particularmente grave, en el cuello, con claras intenciones de provocarle la muerte para asegurar la impunidad del robo. Creyendo haber consumado el homicidio, los agresores se retiraron del lugar. Sin embargo, el ataque no se consumó gracias a la rápida intervención de un vecino, que advirtió la situación, pidió auxilio y permitió que la víctima recibiera atención médica de urgencia. El auxilio y la gravedad de las lesiones El jubilado fue hallado ensangrentado y con una herida profunda en el cuello, con la tráquea comprometida. Personal médico debió ingresar al domicilio por una ventana debido a que la puerta permanecía cerrada, y posteriormente fue trasladado al hospital local, donde fue sometido a una cirugía de urgencia que incluyó una cricotomía. Permaneció internado en terapia intensiva, en estado crítico, aunque logró sobrevivir. Cómo se identificó a las autoras La investigación que permitió identificar y detener a las autoras del ataque se inició de manera inmediata tras el hallazgo de la víctima por parte de la entonces Agencia de Investigación Criminal (hoy PDI) bajo directivas de la fiscal Analía Saravalli. Uno de los primeros aportes clave surgió del testimonio de una vecina de la víctima, quien relató que el día previo al ataque el hombre de 77 años le había comentado que esperaba la visita de dos mujeres provenientes de la provincia de Córdoba. Ese dato fue reforzado horas más tarde, cuando la misma vecina observó la llegada de un remis de color bordó, del que descendieron dos mujeres que ingresaron al domicilio y no volvieron a salir, según declaró. Mientras la víctima permanecía internada en estado crítico, imposibilitada de declarar, la AIC avanzó con tareas de inteligencia, análisis de movimientos previos y posteriores al hecho, y la reconstrucción del entorno de la víctima. En ese contexto, surgió el nombre de Jésica Cuello una mujer oriunda de Cruz Alta, que por entonces residía en barrio Santa Teresita de Villa Constitución. Cuello fue la primera detenida, y su aprehensión marcó un punto de inflexión en la causa. A partir de su testimonio y de nuevas diligencias investigativas, se logró identificar al resto del grupo familiar involucrado. En un operativo coordinado entre la AIC y la Policía de Córdoba, fueron detenidos en Cruz Alta María Victoria Lozco —señalada como una de las principales autoras— y Alberto R., pareja de una de las mujeres y hermano de la otra. Las detenciones se concretaron en un domicilio de calle Juan Domingo Perón al 700. Según lograron establecer los investigadores, las mujeres habrían tomado contacto con la víctima con anterioridad —posiblemente a través de redes sociales o encuentros personales— y, al confirmar que vivía solo, planificaron el ataque bajo la modalidad conocida como “viudas negras”. La hipótesis sostiene que la víctima fue sedada, que luego se produjo el saqueo del domicilio y que, para evitar ser reconocidos, decidieron atentar contra su vida, provocándole el profundo corte en el cuello. Un elemento que terminó de cerrar el cerco investigativo fue el estado emocional de Jésica C., quien, al tomar conocimiento por medios de comunicación de que la víctima había sobrevivido, entró en pánico. Convocada a prestar declaración testimonial, intentó inicialmente desligarse del hecho y responsabilizar a su cuñada, pero finalmente se quebró y aportó datos considerados determinantes para terminar de reconstruir el rompecabezas del ataque. Con esas pruebas, la causa quedó sólidamente encaminada, permitiendo las imputaciones, las condenas abreviadas posteriores y, finalmente, la llegada a juicio oral de los restantes acusados en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Villa Constitución. Condenas previas en la misma causa En el marco de este expediente, el 10 de diciembre de 2025, mediante procedimiento abreviado, el juez Ignacio Vacca condenó a María Lozco y Jésica Cuello a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Ambas fueron halladas responsables de robo calificado en lugar poblado y en banda, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por criminis causa, también en calidad de coautoras. Estas condenas dejaron firme la responsabilidad de las mujeres dentro del plan delictivo y permitieron avanzar hacia el juicio oral de los restantes imputados. El procedimiento abreviado es una forma rápida de terminar un proceso penal donde el imputado acepta los hechos y su culpabilidad a cambio de una pena reducida, mediante un acuerdo entre la defensa y la fiscalía.
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