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Paraná » 9digital
Fecha: 22/12/2025 17:21
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, conformado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer, determinó este lunes el cierre de la situación procesal de tres personas involucradas en la causa ATER, un expediente que investiga maniobras de corrupción iniciadas hace más de una década. La justicia concedió un sobreseimiento y dos suspensiones del juicio a prueba (probation), decisiones que contaron con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Aún hay contribuyentes que prefieren ir a juicio junto a los empleados de ATER imputados antes que saldar sus deudas con el fisco y poder pedir una probation. Por el Ministerio Público Fiscal estuvieron Patricia Yedro y Álvaro Piérola, mientras que la representación de los acusados estuvo a cargo de Leopoldo Lambrischini, Roberto Lerena y Julio Federik. Los beneficiados por esta medida son Leonardo Demaries, Viviana Ghiggi y Carlos Sagasti, quienes enfrentaban cargos como partícipes del delito de Defraudación a la Administración Pública. En todos los casos, los involucrados saldaron sus deudas impositivas con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). • Leonardo Demaries: El tribunal dictó su sobreseimiento debido a que el ilícito original ascendía a 6.200 pesos, una cifra significativamente inferior al límite de 25.000 pesos que prescribe la norma para este tipo de acciones penales. No obstante, el imputado abonó una deuda actualizada de 56.000 pesos. • Viviana Ghiggi: Accedió a una probation por un plazo de dos años. Como parte del acuerdo, deberá realizar una reparación económica de 150.000 pesos, pagaderos en tres cuotas consecutivas. • Carlos Sagasti: También recibió el beneficio de la probation por dos años. En su caso, el tribunal elevó la reparación simbólica al erario público a la suma de 560.000 pesos. Ambos beneficiarios de la suspensión del juicio a prueba deberán cumplir reglas de conducta y tendrán la obligación de informar al tribunal en caso de salir del país, un requisito aplicado bajo un criterio de igualdad con otros imputados en la misma causa. La causa ATER se remonta a principios de 2014, tras una denuncia presentada por Marcelo Casaretto, entonces director ejecutivo del organismo. La investigación se centró en una red de connivencia entre funcionarios públicos, empleados de la antigua Dirección General de Rentas (DGR) y contadores particulares. Según la denuncia, entre 2008 y 2011, estos agentes realizaron manipulaciones fraudulentas en el sistema informático para simular operaciones de compensación tributaria. Estas maniobras permitieron que 85 particulares y 55 empresas eludieran sus obligaciones fiscales, eludiendo los trámites administrativos legales y generando un perjuicio patrimonial directo al Estado provincial. Los que esperan el juicio A juicio irán (ver listado al final) María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni. Tras la denuncia original de 2014, en 2017 se dictaron 128 procesamientos. En 2020 se pidió la remisión de la causa a juicio y, en abril de 2021, se resolvió esa solicitud. Ya se han otorgados varias probation que fueron cumplidas, mientras que los supuestos beneficiarios de la maniobra delictiva en algunos casos disfrutan del dinero que se llevaron del estado. Los roles de los principales imputados - María Estrella Martínez de Yankelevich. Era jefa del Departamento de Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. - Abelardo Daniel Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. - Darío Fabián Barreto. Era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. - Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda. Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti. - Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub. Era agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. - Daniela Romina María Miño. Era agente técnico-administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa, dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. - Jorge Martín Zuttión. Era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública. - Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso, sostuvo que obró con confianza en Barreto, que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. - Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública.
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