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» Los Andes
Fecha: 22/12/2025 12:36
El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso la baja definitiva del patrimonio provincial y la posterior destrucción de 1.598 armas de fuego pertenecientes a la División Arsenales de la actual Dirección de Repar, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida fue oficializada mediante el Decreto 2490, publicado en el Boletín Oficial. Según se detalla en el decreto, el armamento se encontraba fuera de servicio y en desuso, ya sea por su antigüedad, por presentar fallas técnicas o por no reunir las condiciones de seguridad necesarias para su utilización operativa. En varios casos, se trata de armas cuyo calibre se encuentra actualmente prohibido para el uso en fuerzas de seguridad. El procedimiento se enmarca en el Plan Nacional de Destrucción de Armas de Fuego, establecido por la Ley Nacional 27.192, que tiene como objetivo acelerar la eliminación de armamento retirado de circulación, bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). De acuerdo con el expediente administrativo, la División Arsenales solicitó formalmente la destrucción del material al considerar que las armas ya no eran provistas al personal policial y que su permanencia en depósitos representaba un riesgo desde el punto de vista de la guarda y la seguridad. En una etapa posterior, se realizó el control patrimonial correspondiente para verificar la registración de cada arma mediante el Código Único de Posesión e Identificación (CUPI). Durante el trámite, el número inicial de armas previstas para la destrucción fue rectificado. En un primer momento, se habían contabilizado 1.604 unidades, pero luego de los relevamientos técnicos y administrativos, el total definitivo quedó establecido en 1.598 armas debidamente identificadas. Detalle del armamento incluido El anexo que acompaña al decreto, compuesto por 28 fojas, detalla el listado completo del armamento a destruir, con especificación de marca, calibre, número de armazón y CUPI. La nómina está integrada mayoritariamente por pistolas semiautomáticas marca Ballester Molina, de calibre 11,25, fabricadas en distintas series y con numeración individualizada. Se trata de armas que formaron parte de antiguas dotaciones policiales y que, de acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, presentan un alto grado de desgaste por el paso del tiempo, además de fallas mecánicas de origen o adquiridas que impiden su uso seguro. Los dictámenes jurídicos incluidos en las actuaciones señalaron que, conforme a la normativa provincial y nacional vigente, la baja definitiva de bienes muebles del patrimonio estatal debe realizarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Además, se remarcó que, por tratarse de armas de fuego, bienes registrables, resulta obligatorio cumplir con los procedimientos administrativos, contables y de control establecidos. El decreto también ordena comunicar la baja patrimonial a la Contaduría General de la Provincia, a través de la Oficina de Inventarios del Ministerio de Seguridad y Justicia, y remitir posteriormente las actuaciones al Tribunal de Cuentas. Asimismo, se dispone dar vista de lo actuado a la ANMaC, organismo que deberá autorizar y programar la destrucción del material conforme a los protocolos técnicos vigentes. La norma fue firmada por la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. El decreto y anexo
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