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» Mdzol
Fecha: 22/12/2025 11:28
Luis "Toto" Caputo pasó horas de zozobra. El ministro de Economía tuvo momentos de severa preocupación la semana pasada, cuando vio cómo, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Presupuesto 2026 era aprobado con la incorporación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Y, conociendo a Javier Milei, sabía que el presidente estallaría contra los “aliados” que reintrodujeron ambos capítulos y eliminaron la derogación de ambas leyes. La preocupación del ministro era doble. Por un lado, por el costo fiscal de la decisión. Por el otro, porque el enojo presidencial y la amenaza de veto podía llegar a retrasar la aprobación del proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio hasta las primeras semanas de 2026 y, en consecuencia, complicarían su estrategia financiera para cumplir con el vencimiento del 9 de enero, fecha en la que se deben pagar los US$4.344 millones correspondientes al compromiso por los cupones de los bonares y globales de la deuda reestructurada en 2020. Finalmente, Javier Milei reflexionó sobre la situación y, con su ministro de Economía, resolvieron que lo mejor era asumir la pérdida fiscal, aceptar que en el Senado se apruebe la reincorporación de las leyes universitaria y de Discapacidad y focalizar en superar el compromiso del 9 de enero como principal meta del momento. Lo urgente superó así a lo estructural. Lo crucial para el ministro, con respecto al pago de enero, es que Luis Caputo necesita que el Presupuesto 2026 esté aprobado para poder realizar su operación de colocación de deuda en los mercados internacionales, tal como avala la “ley de leyes” enviada al Congreso y que tiene media sanción en Diputados. El Palacio de Hacienda tiene prohibido, por la vigencia de la Ley Guzmán, colocar títulos públicos en los mercados financieros voluntarios internacionales sin la aprobación explícita del Congreso. Por otro lado, el ministro debe terminar de colocar deuda para poder completar el pago de los US$4.344 millones y así no caer en default técnico. Con lo cual, sin Presupuesto, no podría haber avanzado en su estrategia de ingeniería financiera y debería haber optado por otras alternativas más dolorosas, como activar dinero del swap con Estados Unidos o pedirle fondos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Finalmente, la decisión personal de Javier Milei de aceptar la inclusión de las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad habría destrabado la aprobación del Presupuesto antes de que termine el año y liberado la posibilidad de tomar deuda en la primera semana de enero y llegar con los fondos necesarios al 9 de ese mes. Como ya se contó en este medio, la idea del ministro es aplicar los US$1.000 millones obtenidos la semana pasada a través del flamante Bono de la Nación Argentina (Bonar) como garantía de una nueva colocación de un Repurchase Agreement (REPO) con bancos internacionales, fundamentalmente norteamericanos. La intención es una operación fugaz, concretada antes de que termine 2025 o en la primera semana de 2026, para conseguir entre US$1.000 y US$2.000 millones y terminar de cerrar la suma de divisas que se deben obtener para pagar, el 9 de enero del año próximo, los US$4.300 millones por el cupón de los bonares y globales emitidos en agosto de 2020 durante la reestructuración de la deuda. Hasta acá, y en las últimas operaciones financieras oficiales, el Gobierno logró obtener los US$1.000 millones del Bonar, unos US$800 millones por las licitaciones de cinco represas patagónicas, unos US$300 millones por compras de divisas de cierre de año y otros US$500 millones disponibles. Faltarían obtener unos US$2.000 millones para cerrar la cuenta y poder acercarse al monto final del pago del próximo año. En el Ministerio de Economía se transmite confianza y se espera que esta semana se terminen de desarrollar las alternativas posibles. De no concretarse la operación REPO —por el tiempo de ejecución más que por problemas de confianza de los potenciales financistas— queda la alternativa, siempre vigente, de activar el swap pactado con Estados Unidos y habilitar las líneas aplicadas al programa de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una vez explicada la manera en que se conseguirán los US$3.400 millones restantes para cumplir con el pago del vencimiento de enero, comenzará el debate sobre el próximo compromiso: el del 9 de julio, cuando se deban liquidar otros US$4.200 millones por el segundo vencimiento anual de los bonares y globales. Luego habrá una réplica en 2027. En total, aproximadamente, Caputo deberá pagar por estos compromisos unos US$18.000 millones. En total, el Gobierno deberá conseguir, al menos, unos US$17.000 millones en dos años. La intención de Economía es volver en 2026 al mercado voluntario de deuda, pero cuando se perfore la frontera del riesgo país de los 600 puntos básicos y, en lo posible, se llegue por debajo de los 400 pb. La estrategia original de Luis Caputo, diseñada con JP Morgan, sufrió en realidad un impasse técnico por los tiempos de elaboración de garantías del Tesoro de los Estados Unidos, algo para lo que ahora hay más tiempo, ya que se abre la ventana del cronograma del lapso que va del 10 de enero al 9 de julio de 2027. En esas semanas se intentará reflotar el acuerdo con los bancos internacionales sobre la base del buen cumplimiento argentino, al haber cancelado la deuda del primer mes de 2026, más la posibilidad de instrumentar, ahora sí, un programa de pagos con el aval del Tesoro de EE.UU. Todo dependerá de la velocidad burocrática del gobierno de Washington. Para el primer semestre de 2026, se espera también un cambio radical en la política oficial: el abandono, sí o sí, de la muy fallida estrategia de este año de no comprar dólares hasta que la divisa llegue al piso. Durante ese tiempo, el Tesoro podría volver a sumar dólares a las reservas propias y luego enfrentar el vencimiento del 9 de julio por más de US$4.000 millones, sin recurrir aún a la ayuda externa. Si igualmente se necesitara todo o parte del dinero de Donald Trump durante 2026 para cumplir con el vencimiento de enero, el mecanismo podría tener dos opciones: un simple swap de monedas (mecanismo de recambio de pesos por dólares sin registro en la cuenta de pasivos monetarios) o una recompra de bonos en poder del Estado nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo importante de ambas alternativas es que, según la visión oficial —y la de la mayoría de los analistas del mercado—, no necesitarían una ley que respalde la operación, ya que, técnicamente al menos, no se trataría de incorporar nueva deuda, sino de recambiar vencimientos cortos por largos.
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