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Parana » Radio La Voz
Fecha: 20/12/2025 10:27
La designación del candidato a Defensor del Pueblo impulsado por el oficialismo avanza envuelta en serias irregularidades que comprometen no solo la transparencia del proceso, sino también la credibilidad de una institución clave para la defensa de los derechos ciudadanos. El primer dato alarmante es que el postulante Lisandro Amavet ocupa actualmente un cargo como funcionario municipal, una condición que contradice de manera directa el principio de autonomía que debería garantizar el rol de Defensor del Pueblo. Lejos de ser un contralor del poder, el candidato responde hoy a la misma estructura política que pretende designarlo, lo que despierta fundadas sospechas sobre su futura independencia. A esta incompatibilidad se suma una preocupante falta de preparación y planificación. El candidato no presentó un verdadero proyecto de gestión: apenas entregó un texto mínimo, sin desarrollo, sin diagnósticos y sin propuestas concretas. No hay objetivos claros, no hay líneas de acción, no hay compromiso medible con la ciudadanía. La situación quedó aún más expuesta durante su defensa en el recinto. Allí, lejos de despejar las dudas, el postulante se limitó a un discurso vacío, cargado de generalidades y frases hechas, sin fundamentos técnicos ni respuestas precisas sobre cómo piensa ejercer el cargo. Las palabras reemplazaron a las ideas y la improvisación ocupó el lugar que debería haber tenido un plan serio de trabajo. Distintos sectores advierten que esta postulación responde más a una lógica de obediencia política que a la búsqueda de un perfil idóneo e independiente. En lugar de fortalecer la Defensoría del Pueblo, el oficialismo parece decidido a convertirla en una oficina más alineada al poder de turno. La falta de requisitos básicos, la ausencia de un proyecto y la evidente dependencia política del candidato dejan una pregunta central: ¿puede alguien sin independencia ni propuestas concretas defender realmente a los ciudadanos frente al Estado? Mientras el oficialismo acelera una designación cuestionada, crece la preocupación por el vaciamiento institucional de un organismo que debería ser una herramienta de control y protección para la sociedad, no un premio político.
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