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Paraná » 9digital
Fecha: 19/12/2025 17:14
Un juez del fuero civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del salario y del medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el marco de una demanda por daños y perjuicios relacionada con la presunta falta de entrega de un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas. La medida fue dispuesta por el magistrado Santiago Morán, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil Nº3, quien resolvió trabar el embargo sobre la dieta legislativa de la parlamentaria hasta cubrir la suma de $40,5 millones. Ese es el monto reclamado por quien se presenta como comprador del lote y afirma no haber accedido nunca a la posesión del inmueble. Según surge de las actuaciones judiciales, el denunciante sostiene haber adquirido el terreno mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas. Ante el presunto incumplimiento contractual, inició una acción principal por daños y perjuicios y reclamó, además, una compensación económica por el uso del terreno que nunca pudo ocupar. Al fundamentar su decisión, el juez consideró que en esta etapa inicial del proceso se encuentran acreditados los requisitos legales para dictar la medida cautelar, al evaluar la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo que implicaría una eventual demora en la tramitación del pleito. El expediente continuará su curso en la Justicia provincial. En el mismo pronunciamiento, Morán dispuso comunicar el embargo a la Cámara de Diputados de la Nación, con la instrucción de efectuar los descuentos correspondientes “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. Los fondos deberán ser depositados en una cuenta judicial del Banco Patagonia, bajo apercibimiento de ley. Villaverde no realizó manifestaciones públicas tras conocerse la resolución judicial. En otras causas de características similares, la legisladora argumentó que los retrasos en la entrega de lotes se vincularon con demoras derivadas de la pandemia y con la extensión de los plazos para completar la infraestructura comprometida. La demanda no es la única que enfrenta la diputada por presuntas irregularidades en emprendimientos inmobiliarios. En los tribunales de San Antonio Oeste tramita otro expediente iniciado por un segundo denunciante, que reclama un resarcimiento por una situación similar. En ese proceso aún no se dispuso una medida cautelar, aunque se analiza la posibilidad de hacerlo en los próximos meses. En ese segundo caso, el pedido de embargo busca garantizar $31 millones, mientras que el reclamo total asciende a $100 millones, al contemplar daño moral y sanciones punitivas. Ambas causas están vinculadas a la venta de lotes en un emprendimiento inmobiliario ubicado en Las Grutas.
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