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Parana » AIM Digital
Fecha: 19/12/2025 15:18
El Senado avanzó con un dictamen que introduce modificaciones a la Ley de Glaciares, una decisión que encendió alertas en sectores científicos, ambientales y jurídicos por el impacto que tendría sobre la protección de reservas estratégicas de agua. Según supo AIM, las reformas impulsadas no se limitan a aclaraciones técnicas, sino que alteran de manera sustancial los presupuestos mínimos de protección ambiental vigentes. De acuerdo con el análisis elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales, al que tuvo acceso AIM, las modificaciones reemplazan criterios científicos objetivos por decisiones discrecionales de las autoridades provinciales, habilitando un esquema fragmentado y desigual de protección en todo el territorio nacional. Presupuestos mínimos y tensión constitucional Desde organizaciones especializadas advirtieron que la Constitución Nacional es clara al establecer que el Congreso debe garantizar un piso ambiental común para todo el país. En ese sentido, remarcaron que el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales no habilita a reducir estándares de protección ni a avanzar sobre bienes ambientales estratégicos. Constató AIM que el dictamen aprobado en comisión confunde deliberadamente los conceptos de dominio y competencia, debilitando el carácter de presupuesto mínimo que tiene la Ley de Glaciares y abriendo la puerta a interpretaciones provinciales que podrían permitir actividades hoy prohibidas. Crisis climática y urgencias políticas Las críticas también apuntan al contexto en el que se impulsa la reforma. En un escenario de crisis climática y creciente presión sobre el agua, avanzar con cambios regresivos y hacerlo sin un debate técnico y científico profundo es leído como una señal de alarma. Informaron a AIM desde organizaciones ambientales que no existe ninguna situación de urgencia que justifique tratar estas modificaciones de manera acelerada. El documento sostiene que la ley vigente ya fue validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó su constitucionalidad y el rol del Estado nacional para fijar estándares mínimos de protección ambiental. La advertencia de fondo “La Ley de Glaciares no necesita reinterpretación. Necesita protección”, remarcaron desde el Círculo de Políticas Ambientales. Según el análisis, las modificaciones habilitan un retroceso en la defensa de los glaciares y del ambiente periglacial, pilares fundamentales para garantizar el acceso al agua, la investigación científica y el interés público. En ese marco, insistieron en que proteger los glaciares implica proteger el agua, la ciencia y derechos básicos de las generaciones presentes y futuras, en un momento en el que los efectos del cambio climático exigen más protección y no menos.
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