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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 19/12/2025 14:30
La quinta bajo invetigación y que se presume sería de altos dirigentes de la AFA La Justicia busca determinar quién usaba el helipuerto emplazado en la lujosa quinta de Villa Rosa, Pilar, una costosa propiedad que figura a nombre de dos supuestos testaferros de altas autoridades de la AFA. Al respecto, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky pidió a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que le remita el listado de pilotos que operaron desde ese helipuerto desde su puesta en marcha hasta la actualidad. El requerimiento se cursó luego que el organismo informó que está autorizado a operar, pero que el registro de aterrizajes y decolajes debe llevarlo el responsable de su uso, en el lugar. Ese libro no apareció secuestrado en los allanamientos, explicaron fuentes del caso. El objetivo de la medida y de otras tomadas al respecto, es determinar quién en realidad usaba el helipuerto como así también las demás instalaciones de la quinta. El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky El juez libró órdenes de presentación a diferentes organismos en busca de acelerar el envío de documentación que había sido requerida el lunes último, como constancias de titularidad de los 54 vehículos secuestrados en un galpón -algunos de colección o alta gama-, quienes están autorizados a manejarlos y a nombre de quién están los “telepases”, entre otras pruebas. Los pedidos de informes En el mismo sentido se pidieron informes a empresas de Internet, cable y telefonía celular, para ver quién paga esos abonos vinculados al domicilio de la quinta. Los investigadores aguardaban recibir esa información en las próximas horas por parte de la Policía Federal que realizó los operativos. Todo apunta a determinar quiénes en los hechos sostienen los gastos y usan el inmueble que figura a nombre de una sociedad, Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, supuestos testaferros. Ambos fueron notificados por el juez para que presenten descargos en la causa. También se investiga quienes son los dueños reales de una casa en dos lotes del barrio “Ayres Plaza” de Pilar. Vehículos en el galpón de la quinta de Pilar bajo investigación Tanto Pantano como su madre tiene prohibida la salida del país y se inhibieron sus bienes. Estas medidas fueron tomadas por el anterior juez del caso, el federal porteño Daniel Rafecas, quien allanó la mansión de Pilar y el barrio privado. La denuncia De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la quinta de Pilar tiene también pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre. Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa. Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES. Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos. Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad. Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión, según la denuncia. Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”. La investigación estuvo hasta la semana pasada a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba. La Cámara Federal resolvió un planteo de incompetencia presentado por el propio magistrado y dispuso que la denuncia por supuesto lavado de activos debía pasar al fuero penal económico.
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