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Concordia » Diario Junio
Fecha: 19/12/2025 05:20
En declaraciones al diario El Telégrafo de Paysandú, Bottino sostuvo que no tenía conocimiento de los hechos judiciales investigados y que, ante esa situación —“que en mi caso desconocía”—, la eventual extensión del contrato de dragado con Jan de Nul debía ser motivo de consulta. También aclaró que la licitación bajo investigación no sería la actualmente vigente, sino una anterior. Sin embargo, esa afirmación queda seriamente comprometida por un oficio judicial fechado el 14 de mayo de 2025, remitido por el Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay a la propia CARU. El documento, firmado por el juez federal subrogante Hernán Sergio Viri y el secretario Lucas Edgardo Claret, solicita formalmente al organismo binacional una serie de informes directamente vinculados a la denuncia. La presidenta de la delegación uruguaya en CARU, Cecilia Bottino Entre los requerimientos, el Juzgado exige la nómina completa de representantes de los Estados argentino y uruguayo ante la CARU durante el período denunciado (2015–2019); copia íntegra del expediente de la licitación cuestionada por la obra de dragado del río Uruguay, incluyendo pliegos, avances, certificados de obra y detalle de pagos; y toda información disponible sobre valores presentados por una empresa de origen chino en licitaciones similares, como la del dragado de la Isla Martín García. El oficio no solo acredita que la CARU fue notificada formalmente de la investigación judicial, sino que además deja en claro que el organismo —y, por extensión, ambas delegaciones— es considerado parte relevante en el proceso. Resulta difícil sostener que la máxima autoridad de la delegación uruguaya pudiera desconocer la existencia de una causa que, al menos desde mayo de este año, motivó requerimientos oficiales de información desde un juzgado federal argentino. Pero el punto va más allá de una contradicción puntual, y es que la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones. Las decisiones adoptadas durante el período investigado (2015–2019), hoy bajo sospecha judicial, necesariamente contaron con la participación y la conformidad de los representantes uruguayos. Durante el periodo 2015-2020 (que abarcó el segundo gobierno de Tabaré Vázquez), la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estuvo integrada por los siguientes miembros principales: Gastón Silbermann: Se desempeñó como Presidente de la Delegación Uruguaya durante este periodo. Rogelio Texeira: Ocupó el cargo de Vicepresidente de la delegación. Silvia Aguinaga: Integrante de la delegación en calidad de delegada. Roberto Pérez Rodino: Integrante de la delegación. Jorge Sienra: Integrante de la delegación. Esta delegación finalizó sus funciones con el cambio de gobierno en Uruguay en 2020, siendo sucedida por una nueva integración liderada inicialmente por Mario Ayala Barrios, hasta mayo de 2025, cuando asumió la actual gestión de Cecilia Bottino. A este escenario se suma otro interrogante y es la situación judicial de la empresa Jan de Nul. Dado que su propietario se encuentra formalmente observado por la Justicia argentina, surge la pregunta sobre la eventual extensión del contrato de dragado del Río Uruguay, así como dudas en su participación en futuras licitaciones estratégicas, como las vinculadas a la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraná y de la Plata (Hidrovía).
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