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Diamante » Diamantefm
Fecha: 18/12/2025 00:53
En Entre Ríos comenzaron a registrarse las primeras ejecuciones judiciales por multas de tránsito labradas a través del sistema de foto-radar, una situación que genera preocupación tanto entre conductores como entre profesionales del derecho. Se trata de infracciones que, al no contar con descargo presentado o tras haber sido rechazado, son ejecutadas por la Provincia como juicios fiscales, similares al cobro de impuestos, mediante el sistema de juicio monitorio, que puede derivar en embargos de bienes. Para interiorizarse sobre esta problemática, DiamanteFM recibió en sus estudios al abogado Nelson Schlotahuer, quien explicó que las denominadas foto-multas son presuntas infracciones constatadas por sistemas electrónicos sin intervención directa sobre el conductor. Según indicó, la Ley Nacional de Tránsito establece en su artículo 70 que el infractor debe ser detenido dentro de los 10 kilómetros de cometida la infracción, identificado y notificado, además de verificarse si el conductor es el titular del vehículo o si existía una situación de emergencia. “Esto no estaría sucediendo”, señaló, y agregó que se trata de un sistema meramente recaudatorio, ya que no permite evaluar circunstancias subjetivas del hecho. El letrado recordó que en la provincia existía un decreto que reglamentaba el acta de comprobación dentro de los 10 kilómetros, requisito clave para garantizar el derecho a defensa, pero que quedó sin efecto en abril del año pasado, siendo reemplazado por una nueva normativa. Schlotahuer indicó que recibe numerosas consultas en su estudio y aseguró mantener un alto índice de rechazos favorables en los descargos. En el caso de no hacer descargo o si el descargo es rechazado sin consultar un abogado a la persona se le podría llevar adelante un juicio monitorio. El ejemplo: Se mencionó el caso de una persona que hoy enfrenta un juicio monitorio. Recibió, un año y medio después, una multa de 390 mil pesos, a la que se sumaron 200 mil pesos de intereses y los honorarios del juicio monitorio, alcanzando un total cercano a 1.100.000 pesos. “Siempre que llegue una foto-multa recomiendo consultar de inmediato con un abogado que conozca el tema; en un 90% de los casos el resultado es favorable”, afirmó. También advirtió que un juicio monitorio puede derivar en embargos de sueldo, vehículos, viviendas u otros bienes, por lo que es fundamental defenderse a tiempo. En relación a la región, el abogado señaló que sobre la Ruta 11, que une Diamante con Paraná y es transitada a diario por numerosos trabajadores, existen al menos tres puntos con radares y foto-multas: Spatzenkutter, Colonia Ensayo y Oro Verde. Explicó que el sistema surge de un convenio entre la Policía de Entre Ríos y una empresa privada, encargada de instalar los dispositivos de control. Schlotahuer sostuvo que el sistema puede ser modificado y comentó que mantuvo conversaciones informales con la diputada Silvina Deccó y el senador Vergara para impulsar un proyecto que elimine la comprobación furtiva y promueva cambios en la ley provincial de tránsito. “Mi propuesta es a favor de los ciudadanos”, afirmó. Caso de Guillermo Ramírez Durante la entrevista también se refirió al caso de Guillermo Ramírez, ocurrido en Libertador San Martín el 27 de febrero de este año. El abogado es querellante en la causa y explicó que Ramírez falleció bajo custodia policial, presentando múltiples lesiones. Días atrás se conoció el informe final de la autopsia, que determinó asfixia mecánica como causa de muerte. Indicó que solicitó la restitución del cuerpo para su entrega a la familia, que aún espera poder despedirlo, mientras permanece en la morgue de Victoria. Actualmente se aguarda el informe final del Cuerpo Médico Forense para que el juez adopte una resolución. Proyecto de reforma del Código Procesal Penal Finalmente, Schlotahuer analizó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. Señaló que la iniciativa amplía significativamente la normativa vigente, pasando de 300 a más de 900 artículos, y que más del 80% de los delitos excarcelables dejarían de serlo, en un contexto de sistema carcelario deficitario. Entre otros puntos, mencionó la ampliación del delito de falsas denuncias, los cambios en delitos informáticos, las modificaciones en el régimen de probation y avances en normas vinculadas a protestas sociales. “El Código Penal necesita una revisión, pero debe analizarse con profundidad, teniendo en cuenta los tratados internacionales y los derechos humanos”, expresó. (DiamanteFM)
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