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Parana » Informe Digital
Fecha: 17/12/2025 22:34
El Gobierno de Entre Ríos evalúa aplicar una multa cercana a los 14 millones de pesos a la Municipalidad de Concepción del Uruguay por una serie de irregularidades detectadas en el depósito final de residuos sólidos urbanos. La medida surge a partir de una inspección realizada por la Secretaría de Medio Ambiente provincial, a través de su delegación Costa del Uruguay, que derivó en una notificación formal a las autoridades locales. De acuerdo con lo observado durante el relevamiento técnico, se habrían identificado al menos 24 puntos en falta vinculados al funcionamiento y control del predio destinado a la disposición final de residuos. Antes de que la sanción sea confirmada, el Municipio contará con un plazo de diez días hábiles para presentar un descargo y proponer un plan de corrección que permita subsanar las deficiencias señaladas. La denuncia provincial vuelve a poner en el centro del debate público la gestión ambiental de los residuos en una de las ciudades más importantes de la costa del Uruguay. Las observaciones incluirían problemas operativos, deficiencias en los controles y falencias en el tratamiento de los desechos, aspectos que, según la normativa vigente, constituyen incumplimientos pasibles de sanciones económicas. Si bien en los últimos días la situación fue vinculada en el debate político local con el conflicto judicial que enfrentó al empresario Mariano Farías con la Municipalidad —durante gestiones encabezadas por José Eduardo Lauritto—, desde el punto de vista institucional se trata de procesos distintos y sin conexión directa. Aquel juicio, de naturaleza contractual, estuvo referido a la concesión del servicio de disposición final de residuos y concluyó con un fallo favorable al Municipio. No obstante, ambos episodios comparten un punto en común: exponen las dificultades históricas en torno al manejo del basural y del sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos en Concepción del Uruguay. Mientras el litigio judicial abordó responsabilidades y obligaciones derivadas de un contrato específico, la actual intervención provincial se centra en el cumplimiento de las normas ambientales y en el impacto que la operatoria del depósito puede generar sobre el entorno. La eventual aplicación de la multa dependerá ahora de la respuesta que presente el Ejecutivo municipal y de la evaluación que realicen las autoridades provinciales sobre las medidas correctivas propuestas. En un contexto de creciente sensibilidad social frente a los temas ambientales, la resolución del caso podría marcar un antecedente relevante en materia de control y fiscalización sobre la gestión de residuos en los municipios entrerrianos.
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