18/12/2025 04:35
18/12/2025 04:35
18/12/2025 04:35
18/12/2025 04:35
18/12/2025 04:34
18/12/2025 04:34
18/12/2025 04:33
18/12/2025 04:33
18/12/2025 04:33
18/12/2025 04:31
Diamante » Neonetmusic
Fecha: 17/12/2025 20:27
Un expediente judicial que investiga posibles sobrecostos por más de 20 millones de dólares en tareas de dragado del Río Uruguay ha sido reactivado por orden del juez federal subrogante Hernán Viri. La causa, que dormitaba desde su inicio en 2019, vuelve al centro de la escena tras la citación a declaración indagatoria de exfuncionarios que integraban la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de directivos de la empresa contratista Jan de Nul, concesionaria histórica de dichos trabajos. Las sospechas se centran en el período 2015-2019, durante la administración de Mauricio Macri. Según la denuncia original, los contratos para el mantenimiento de la vía navegable habrían sido ejecutados con valores muy por encima de los de mercado, generando un presunto daño millonario al Estado. Entre los investigados figuran tres exdelegados argentinos ante la CARU, oriundos de Concepción del Uruguay: Juan Enrique Ruiz Orrico, Mauro Héctor Vazón y Jorge Diego Satto. La investigación adquiere una dimensión política significativa debido a los cargos actuales que ocupan dos de los citados. Mauro Vazón se desempeña como presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, mientras que Jorge Satto es el secretario de Turismo de la provincia, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio. Esta situación pone en la mira a figuras con alto peso institucional en el presente. A esto se suma la compleja situación judicial de Juan Enrique Ruiz Orrico, quien, además de esta investigación, enfrenta un juicio oral programado para 2026 por su presunta responsabilidad en un accidente vial que causó la muerte de cuatro jóvenes. Por el lado de la empresa, fue citado Pieter Jan de Nul, representante legal de la firma señalada como beneficiaria de las adjudicaciones bajo sospecha. El juzgado federal de Concepción del Uruguay ha dispuesto que las audiencias se realicen, en algunos casos, de forma remota, y ha solicitado el apoyo de la Gendarmería Nacional para las notificaciones personales. A más de cinco años de iniciada, la reactivación de esta causa no solo reabre el debate sobre una millonaria presunta irregularidad, sino que tensiona la escena pública al involucrar a funcionarios que hoy ocupan lugares clave en la estructura del Estado provincial. Noticia vista: 72
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por