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Parana » AIM Digital
Fecha: 17/12/2025 20:25
La Cámara Baja dio hoy media sanción al proyecto de Ley del Régimen de Concesiones, que permitirá al gobierno provincial privatizar rutas y puertos de Entre Ríos, registró AIM. La oposición advirtió que el cobro de peajes es una doble imposición, vulnera el derecho al libre tránsito y al federalismo. El texto pasó en revisión a la Cámara de Senadores. El oficialismo logró los votos necesarios en el hemiciclo para aprobar la iniciativa del gobierno de Rogelio Frigerio para poner en manos de privados las rutas y puertos hoy gestionadas por el Estado provincial. La defensa del proyecto la realizó la presidenta de la comisión Obras Públicas y Planeamiento, Noelia Taborda, quien argumentó que la norma “será una herramienta moderna y estratégica que ordenará, actualizará y dará previsibilidad a la forma en la que el Estado puede asociarse con el sector privado para la realización de obras y la prestación de servicios públicos”. Según la legisladora, “se establecerá un marco claro y transparente para las concesiones, fijando reglas precisas sobre los procedimientos de selección de los derechos y obligaciones de las partes, los mecanismos de control y las garantías para el interés público”. La legisladora argumentó que el objetivo, “es fortalecer la capacidad del Estado para responder a las demandas de infraestructura, mantenimiento y reparación de obras y servicios, sin perder nunca su rol indelegable de regulación, fiscalización y control”. Por su parte, el diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) explicó que el peronismo apoyó el proyecto ya que “ante el retiro del gobierno nacional de aportar los fondos que son legítimos de la provincia el Ejecutivo provincial podrá contar con una Ley para dar seguridad vial, porque el deterioro progresivo y creciente de las rutas pondrá en riesgo las vidas de quienes las transitan y a la producción”. En ese sentido, precisó que “el gobierno Nacional tomó una definición muy clara y hace una apología de que el gobierno se retire de la obra pública y que debe ser financiada por los privados, las provincias o municipios. Pero la verdad es que ni las provincias ni los municipios tienen capacidad de financiar los costos de infraestructura que demanda el mantenimiento de una red vial de 2.400 kilómetros y si sumamos los caminos secundarios y terciarios nos vamos a 24.000 kilómetros. Entonces hay que darle un marco al Ejecutivo para que, aunque sea, de alguna manera, pueda concesionar alguna ruta de nuestra provincia, que yo creo que va a tener algunos inconvenientes para ejecutarlo, porque Entre Ríos no tiene la densidad productiva, poblacional y por distribución demográfica que las que tienen Santa Fe o Córdoba”. Vulneración al derecho de libre tránsito y al federalismo Por su parte, el diputado Carlos Damasco (Libertad Entre Ríos), afirmó que votó en contra el proyecto del gobierno porque se opone “a la implementación o extensión de sistemas de peaje en rutas que ya fueron amortizadas, recordando que fueron construidas o repavimentadas con fondos públicos”. Al respecto, subrayó que “aplicar peajes implica una doble imposición al ciudadano, que ya contribuyó a su funcionamiento mediante sus impuestos”. Además, señaló “la falta de alternativas libres, porque en numerosos tramos de la provincia la colocación de una cabina para el cobro de peaje se convierte en un obstáculo obligatorio, ya que no existen rutas paralelas sin costo, lo que atenta contra la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional”. También advirtió sobre el impacto social y económico, “porque la colocación de cabinas para el cobro de viajes afectará a trabajadores, comerciantes, productores, transportistas, estudiantes y ciudadanos que deben trasladarse frecuentemente”. Por otro lado, dijo que las empresas darán “escasa o nula contraprestación, como fue la histórica concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay, con sus numerosos incumplimientos, como fueran obras pactadas, el nulo mantenimiento de calzadas y banquinas, la falta de colocación, de señalización adecuada y muchas otras, llegando al punto de tener pendientes multas millonarias por estos incumplimientos. En base a esta experiencia debemos analizar el principio de prestación efectiva del servicio por el cual se cobra”. Otro punto que señaló el diputado fue el proceso de participación ciudadana, ya que indicó que las concesiones dependerán “de una decisión unilateral por parte del Poder Ejecutivo de instalar peajes sin consulta previa a las comunidades afectadas o a los municipios, vulnerando el principio de federalismo y participación democrática”.
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