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Parana » Analisis Litoral
Fecha: 17/12/2025 14:11
La historia no es nueva, pero vuelve a emerger con una gravedad que debería encender todas las alarmas institucionales. En Concordia, una ciudad golpeada por la pobreza estructural, la informalidad laboral y la desconfianza hacia la dirigencia, reaparece un nombre que jamás debió volver a ocupar un lugar de poder, ni político ni sindical: Iván Amaro. La denuncia fue expuesta públicamente en un canal de streaming local por el periodista Marcelo Maffey, en una entrevista al exdiputado provincial Alejandro Bahler, quien en 2016 fue víctima de una planificación criminal para asesinarlo. El objetivo no era solo eliminarlo físicamente: el trasfondo político era claro y brutal. Amaro era su suplente. Si Bahler moría, él asumía su banca. Un plan de asesinato documentado Los hechos ocurrieron alrededor de 2016 y tomaron estado público cuando se viralizó un video escalofriante. En él, Iván Amaro aparece dando detalles logísticos sobre el crimen: pagos, movimientos, advertencias y hasta el cálculo de riesgos. No se trataba de una fanfarronada. La Justicia así lo entendió. Amaro fue condenado en un juicio abreviado, con una pena condicional de tres años por tentativa de homicidio. Estuvo detenido varios meses y luego desapareció del escenario público local. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Bahler relató que el nivel de amenaza era tal que ya existía un operativo judicial y policial en marcha antes de que él mismo fuera notificado, y que quien aportó la documentación clave fue el entonces intendente Enrique Cresto, a partir de material que circulaba como amenaza interna dentro del propio entramado delictivo. “Tenían hasta el lugar donde me iban a enterrar”, relató el exlegislador. Él y su familia vivieron bajo custodia, con miedo real, concreto, cotidiano. No fue un rumor político. Fue terrorismo mafioso. De condenado a posible interventor sindical El dato que reabre esta historia es, cuanto menos, alarmante: Amaro habría sido designado desde una federación nacional como posible interventor del Sindicato de la Fruta de Concordia. La pregunta es inevitable: ¿Quién habilita que una persona condenada por tentativa de homicidio, con antecedentes penales graves e inhibiciones judiciales, sea considerada para conducir —o intervenir— una organización sindical? No se trata de una discusión gremial menor. Los sindicatos están bajo órbita de la Justicia Federal. No son clubes barriales ni sellos partidarios. Representan trabajadores, manejan recursos, ejercen poder real. Bahler fue claro: si esta designación avanza, se presentará ante la Justicia para exigir explicaciones formales. No por revancha personal, sino por un principio elemental de legalidad y sentido común. Silencios que también son responsabilidad Otro punto oscuro es el encubrimiento sindical previo. Según el testimonio, el propio secretario general nacional del gremio bancario habría firmado la expulsión de Amaro. Sin embargo, a nivel local, seguía protegido y sostenido, presuntamente por dirigentes que jamás dieron explicaciones públicas. ¿Quién lo sostuvo económicamente? ¿Quién lo reinsertó en estructuras de poder? ¿Quién mira hoy para otro lado? Estas preguntas no son retóricas. Son el núcleo del problema. Un mensaje peligroso para la sociedad Designar —o siquiera intentar designar— a una persona con este prontuario como interventor sindical envía un mensaje devastador: que todo se puede negociar, que la violencia política prescribe, que el poder se recicla aunque esté manchado de sangre que, por fortuna, no llegó a derramarse. En una ciudad como Concordia, donde miles de trabajadores sobreviven en condiciones precarias, banalizar los antecedentes penales de quienes pretenden representarlos es una forma más de desprecio social. No se trata del Sindicato de la Fruta en sí. Se trata de los límites. De si existen o no. De si la Justicia, la política y el sindicalismo están dispuestos a sostenerlos. Porque cuando un condenado por intento de asesinato puede volver al centro de la escena como si nada hubiera pasado, el problema ya no es individual: es institucional. Y es profundamente peligroso.
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