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» tn24
Fecha: 17/12/2025 15:59
Hoy solo está permitida la eutanasia pasiva. Las iniciativas buscan regular la eutanasia activa y avanzar sobre derechos, plazos y garantías para una decisión autónoma. El debate sobre la eutanasia volvió a instalarse con fuerza en la agenda política y social argentina luego de que cuatro proyectos de ley tomaran estado parlamentario en el Congreso Nacional, abriendo la posibilidad de que en 2026 se trate una reforma profunda sobre el derecho a decidir el final de la vida. Actualmente, en la Argentina la eutanasia activa no está habilitada. El marco legal solo permite la llamada eutanasia pasiva, que consiste en desistir o retirar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida, una práctica regulada por la Ley de Muerte Digna. La intervención activa para provocar la muerte continúa siendo delito. Según explicó el abogado constitucionalista Adrián Bufonne, la muerte sigue siendo un tabú en la sociedad argentina, aunque los avances médicos, los cambios culturales y casos recientes reactivaron la discusión. En noviembre, un caso ocurrido en la provincia de Buenos Aires fue clave para que el tema llegara formalmente al Congreso. De los cuatro proyectos presentados, algunos son más restrictivos y otros más amplios, pero uno de los más relevantes es el impulsado por Miguel Ángel Pichetto, que propone un esquema con plazos procesales claros, instancias de revisión médica y jurídica, y mecanismos específicos para garantizar la autonomía de la voluntad del paciente. Otra iniciativa plantea incluso modificar el Código Penal para excluir de prisión a quienes participen en un proceso de eutanasia activa bajo condiciones estrictamente reguladas. Bufonne remarcó que, al analizar el contexto internacional, los países considerados de primer mundo cuentan con legislaciones avanzadas en materia de eutanasia, con sistemas de control y protocolos claros. En la región, Uruguay aprobó recientemente un proyecto similar, lo que vuelve a poner presión sobre el debate argentino. Aunque todavía no hay fecha para su tratamiento en el recinto, el ingreso formal de los proyectos marca un punto de inflexión en una discusión que atraviesa lo jurídico, lo médico, lo ético y lo cultural, y que podría redefinir el derecho a morir con dignidad en el país.
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