17/12/2025 04:10
17/12/2025 04:10
17/12/2025 04:09
17/12/2025 04:09
17/12/2025 04:09
17/12/2025 04:09
17/12/2025 04:08
17/12/2025 04:08
17/12/2025 04:07
17/12/2025 04:07
Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 17/12/2025 02:41
Compartilo con Una mesa interinstitucional conformada en Concordia pone en el centro del debate la necesidad de una Reforma Laboral para el sector frutícola entrerriano, mientras el proyecto del Gobierno nacional genera tensiones con la CGT, que convocó a una movilización para este jueves 18 de diciembre. Este lunes, Concordia se convirtió en el epicentro de un debate que trasciende lo local. Una mesa de trabajo interinstitucional reunió a legisladores nacionales, intendentes de Entre Ríos y Corrientes, representantes del Ministerio de Desarrollo Económico provincial y actores clave de las cadenas productivas del citrus, arándanos, pecán y vid. El objetivo: construir propuestas concretas para la Reforma Laboral que el Gobierno nacional elevó al Senado y que podría modificar sustancialmente las reglas de juego para las economías regionales. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de Concordia, la Secretaría de Agricultura provincial, la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, el Clúster del Pecán y la Asociación de Vitivinicultores, tiene como eje central abordar la informalidad laboral que afecta especialmente a las tareas de cosecha y empaque. Voces a favor: Azcué y Bernaudo respaldan cambios estructurales El intendente de Concordia, Francisco Azcué, fue contundente al expresar su postura. “Venimos trabajando desde nuestra gestión con el sector privado para acercar propuestas a los legisladores nacionales que van a debatir la Reforma Laboral. Entendemos que es necesaria para que el sector privado decida invertir; hoy esas condiciones no son buenas”, afirmó el jefe comunal. Azcué considera que existen “leyes laborales actuales que están impidiendo el desarrollo de nuestra región”, aunque aclaró: “Queremos una reforma equilibrada, no queremos perjudicar a los trabajadores pero sí proteger a los productores, al sector privado”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, celebró la conformación de la mesa: “Esperamos que la reforma que se está proponiendo incluya la mayor cantidad posible de temas planteados que nos permitirían avanzar y dar solución a un tema que nos involucra a todos los sectores representados”. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial, Raúl Boc-Chó, agregó que “la regularización del empleo es una condición indispensable para fortalecer las economías regionales, garantizar derechos laborales y mejorar la competitividad de nuestras producciones frutícolas”. El intendente de Mocoretá, Corrientes, Marcelo Tisocco, quien participó de la mesa en Concordia, valoró positivamente los espacios de diálogo: “Consideramos que este tipo de reuniones son de suma importancia porque nos permite llegar a los legisladores nacionales con propuestas como las que se plantearon hoy como ser la regularización del personal que trabaja en el sector y no pierdan beneficios como también la reducción de los costos laborales”. El reclamo previo: Zorzi y la urgencia citrícola Esta articulación institucional no surge de la nada. Días antes de la conformación de la mesa, precisamente el 1° de diciembre, la ingeniera Melania Zorzi, presidente de FeCiER, había expresado públicamente la urgencia de reformas estructurales en un diálogo con 96.5 FM Cadena Entrerriana, previo a la Jornada Nacional de Citricultura del 3 de diciembre. “Todavía no se ve cambio en las economías regionales”, sentenció Zorzi, quien fue crítica al señalar que “la reforma impositiva, laboral y previsional es el capítulo más esperado” por el sector. La dirigente enfatizó la alta demanda de mano de obra en la citricultura, “mucho más intensiva que la agricultura o la ganadería”. Ingeniera Melania Zorzi, presidente de FeCiER. “Cuando se dice no vamos a aceptar privilegios, habría que tener una mirada más global, ¿no? ¿Cuánta gente ocupa este tipo de actividades más intensivas? Hoy por hoy no vemos cambios, todo lo contrario”, lamentó Zorzi. La presidente de FeCiER subrayó que el productor no busca subsidios, sino “créditos que le permitan crecer” y “reglas más claras y posibilidades de vender la producción”, recordando que la inversión en una hectárea de citrus ronda los 10.000 dólares. El proyecto nacional: qué propone la Reforma Laboral En tanto, el documento enviado por el Gobierno al Senado, denominado “Ley de Modernización Laboral”, introduce cambios sustanciales en múltiples aspectos del derecho del trabajo. Entre los puntos centrales: Modificaciones al Contrato de Trabajo: Excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de plataformas tecnológicas y ciertas contrataciones de transporte y flete Limita la responsabilidad solidaria en cadenas de subcontratación Modifica el cálculo de indemnizaciones por despido, excluyendo el aguinaldo y rubros no mensuales de la base de cálculo Habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos de 7 días Elimina la obligación de preaviso en período de prueba Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El proyecto crea fondos individuales por empleador, administrados por entidades habilitadas por la CNV, con aportes obligatorios del 3% de las remuneraciones. Estos fondos estarían destinados al pago de indemnizaciones laborales, pero el empleador puede optar por utilizarlos o no. Solo aplican para trabajadores registrados con más de 12 meses de antigüedad y tienen un período de carencia de 6 meses. Convenciones Colectivas: Elimina la ultraactividad plena de los convenios, manteniendo solo cláusulas normativas Establece que convenios de ámbito mayor no pueden modificar contenidos de ámbito menor Permite que convenios de empresa prevalezcan sobre convenios de actividad Requiere que las convenciones no violen “el interés general” para ser homologadas Régimen Sindical: Requiere autorización del empleador para realizar asambleas Amplía el catálogo de “prácticas desleales” sindicales Habilita personería gremial para sindicatos de empresa Modifica el régimen de cuotas sindicales, requiriendo consentimiento del trabajador, acuerdo empleador-sindicato y autorización administrativa Limita la tutela sindical solo a delegados titulares Reduce el crédito horario gremial a 10 horas mensuales Beneficios para empleadores: Reducción de 3 puntos en contribuciones patronales (compensando el aporte al FAL) Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) con alícuotas reducidas para nuevas contrataciones Programa de regularización de empleo (PER) con condonación de deudas del 70% Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con beneficios impositivos Concordia lidera mesa de trabajo por Reforma Laboral. Azcué y Bernaudo apoyan cambios. CGT protesta el 18/12. La respuesta sindical: CGT denuncia “ataque a derechos” La Confederación General del Trabajo elaboró un documento técnico de más de 40 páginas donde analiza punto por punto el proyecto gubernamental y concluye que “reduce el alcance de libertad sindical y amplía el poder de los empleadores y del Estado en perjuicio de los trabajadores”. Según el análisis de la CGT: Sobre el FAL: “No garantiza el pago a los trabajadores – el empleador decide si lo usa o no. Los fondos son inembargables. Los trabajadores no pueden ejecutar el FAL”. Además, critican que “desfinancia el sistema” previsional al desviar ese 3% que actualmente va a ANSES. Sobre indemnizaciones: Señalan que se “elimina el derecho del trabajador de reclamar la indemnización correspondiente ante la falta de registración y/o registración laboral deficiente”. Sobre sindicatos: Denuncian que se “reduce el alcance de la libertad sindical” al requerir autorización patronal para asambleas, se “habilita la coexistencia y proliferación de sindicatos de empresa”, y se “dificulta la retención automática de cuotas sindicales, clave para el financiamiento de la organización”. En respuesta, el Consejo Directivo de la CGT convocó para este jueves 18 de diciembre a una movilización hacia Plaza de Mayo, como parte de un “plan de lucha con medidas graduales” contra el Gobierno de Javier Milei. La protesta busca visibilizar el rechazo sindical al proyecto en momentos en que el Senado inicia su tratamiento. El escenario para las PYMEs: entre expectativas y cautela El impacto de la reforma sobre las pequeñas y medianas empresas genera lecturas encontradas. Por un lado, el proyecto introduce beneficios específicos: Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): Las PYMEs que contraten trabajadores que no hayan estado registrados al 10 de diciembre de 2025, o que vengan del desempleo, monotributo o sector público, accederían a alícuotas reducidas: 2% para SIPA, Fondo de Empleo y Asignaciones Familiares, y 3% para INSSJP, durante 48 meses. Programa de regularización (PER): Permite regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas con condonación de deudas previsionales del 70% mínimo, baja del REPSAL, y extinción de acciones penales tributarias. Simplificación registral: Unifica la registración laboral en ARCA, eliminando requisitos múltiples ante distintos organismos. Sin embargo, sectores empresarios PyME expresan cautelas. En diálogo con Canal 10 de Tucumán, representantes de pequeñas empresas señalaron que “el FAL puede ser una carga adicional en contextos de crisis de liquidez” y que “la reducción de 3 puntos en contribuciones se compensa con el aporte al fondo, por lo que el beneficio neto es relativo”. Cámaras empresarias: respaldo con matices Por su parte, las principales cámaras empresarias argentinas expresaron su apoyo al proyecto, aunque con diferentes énfasis y reparos. La Unión Industrial Argentina (UIA) valoró la iniciativa como “un paso necesario para modernizar las relaciones laborales y mejorar la competitividad”, aunque solicitó “garantías para evitar conflictividad durante la transición”. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) destacó especialmente el RIFL y los incentivos a la formalización, señalando que “puede revertir décadas de informalidad crónica en sectores como gastronomía y comercio minorista”. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó “apoyo crítico”, respaldando la simplificación registral y los beneficios para nuevas contrataciones, pero advirtiendo sobre “la necesidad de contemplar períodos de gracia más extensos para PyMEs en crisis”. Supermercados y Mayoristas manifestaron su acompañamiento al proyecto, destacando que “facilitará la gestión de personal en contextos de alta rotación y estacionalidad”. Sin embargo, la Confederación General Económica (CGE), más cercana al peronismo, expresó “preocupación por el debilitamiento de la negociación colectiva” y pidió “resguardos específicos para economías regionales”. El factor regional: legisladores entrerrianos en la mira En la reunión realizada en Concordia participaron, representantes del municipio local y de las localidades de Colonia Ayuí, Estancia Grande, La Criolla, y Puerto Yeruá (Departamento Concordia – Entre Ríos), Chajarí, Federación, Santa Ana y Villa del Rosario (Departamento de Federación – Entre Ríos) y Mocoretá y Juan Pujol (Departamento Monte Caseros – Corrientes). La participación virtual de legisladores nacionales por Entre Ríos en la mesa de Concordia no fue casual. Con el debate legislativo iniciándose esta semana en el Senado, los representantes provinciales tendrán un rol clave en definir el destino del proyecto. El abogado Jorge Sosa, especialista en Derecho Empresarial y Laboral que participó de la jornada, remarcó que “esto es la verdadera articulación entre el sector público y privado, donde el sector público ha escuchado cuáles son las problemáticas que se presentan en las actividades frutícolas en general, referidas a la registración de trabajadores de cosecha y empaque”. La mesa incluyó además a los municipios de La Criolla, Estancia Grande, Chajarí, Puerto Yeruá, Villa del Rosario, Colonia Ayuí, Federación, Santa Ana, Mocoretá y Juan Pujol, reflejando un reclamo territorial amplio. ¿Qué viene? El proyecto de Ley de Modernización Laboral ingresó formalmente al Senado y comenzó su tratamiento en comisiones esta semana. La movilización de la CGT del jueves 18 buscará presionar a legisladores indecisos, especialmente de bloques opositores y de provincias con fuerte tradición sindical. En paralelo, gobernadores de provincias con economías regionales, como Entre Ríos, Tucumán, Mendoza y provincias patagónicas, buscan introducir modificaciones que contemplen especificidades de sectores como la fruticultura, la vitivinicultura y el turismo. La tensión está servida: mientras actores productivos reclaman “reglas claras” y “reducción de costos laborales”, el sindicalismo advierte sobre “precarización” y “desmantelamiento de derechos”. En medio, las PYMEs observan con expectativa pero también con cautela una reforma que podría redefinir las relaciones laborales en Argentina para las próximas décadas. La pregunta que sobrevuela el debate es si será posible construir consensos que equilibren la necesidad de competitividad de las economías regionales con la protección de derechos laborales históricamente conquistados. La respuesta, en las próximas semanas, en el Congreso de la Nación.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por