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Parana » AIM Digital
Fecha: 17/03/2026 07:58
El Gobierno nacional prepara un nuevo paquete de desregulación que impactará en el mercado inmobiliario, el sistema de seguros y el mercado de capitales, en el marco de una estrategia orientada a reducir regulaciones y ampliar la competencia. Las medidas forman parte de la agenda impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y buscan eliminar barreras consideradas burocráticas, con el objetivo de facilitar operaciones, reducir costos y dinamizar distintos sectores de la economía. En el mercado inmobiliario, uno de los ejes centrales será la flexibilización del corretaje. El Ejecutivo analiza eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional y avanzar hacia un esquema en el que la intermediación sea considerada un servicio comercial, sin exigencias de colegiación ni requisitos académicos específicos. A su vez, se proyecta la digitalización completa del proceso de compraventa de propiedades mediante sistemas de firma digital y registros remotos, lo que permitiría reducir tiempos administrativos. También se encuentra en evaluación la revisión de los honorarios notariales, con la intención de habilitar acuerdos libres entre las partes. En el sector de seguros, la iniciativa apunta a ampliar la competencia en el segmento de caución, utilizado como garantía en contratos de alquiler. El objetivo es habilitar la participación de nuevos actores, incluidos bancos y entidades financieras, para reducir costos y ampliar la oferta disponible. El tercer eje del plan se concentra en el mercado de capitales. El Gobierno busca simplificar los requisitos para la emisión de instrumentos financieros, como acciones y bonos, con la intención de facilitar el acceso al financiamiento para empresas y proyectos de inversión. El paquete de reformas se inscribe en una segunda etapa del proceso de liberalización económica y anticipa un debate entre distintos actores. Mientras algunos sectores valoran la posibilidad de reducir costos y ampliar la competencia, otros advierten sobre la pérdida de controles y los posibles conflictos jurídicos vinculados a la regulación de las profesiones. La iniciativa aún se encuentra en etapa de elaboración normativa, pero marca la intención oficial de profundizar el esquema de apertura económica y redefinir el funcionamiento de mercados clave.
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