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» Clarin
Fecha: 16/12/2025 20:44
Detrás de la polvareda que levantan las investigaciones en torno a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el gobierno de Javier Milei comienza a tomar decisiones que significan una corrección sobre un aspecto del plan de estabilización económica e, implícitamente, la admisión de que el rumbo sostenido durante el año electoral estaba agotado. Lo venían subrayando casi todos los economistas a los cuales el oficialismo acostumbra a degradar. Esas correcciones mostrarían un cambio en el contexto externo del cual depende el Gobierno. Vuelve a tener primacía la política del Fondo Monetario Internacional (FMI). Había quedada relegado cuando se produjo la intervención directa del Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ambos recomendaban la necesidad de comenzar a acumular reservas para hacer frente a los futuros vencimientos. Pero la presión del organismo financiero fue en las últimas semanas mucho más intensa que la participación de Washington. La constatación quedó en evidencia cuando la vocera del FMI, Julie Kozack celebró con un comunicado el anuncio del titular del Banco Central, Santiago Bausili, de que a partir de enero del 2026 las bandas del dólar se ajustarán por la inflación y el Gobierno estará dispuesto a salir a comprar reservas. La determinación de la administración libertaria ocurrió a pocos días de un par de episodios que pasaron de largo. Luis Caputo, el ministro de Economía, vendió con ribetes de épica la salida al mercado para tomar fondos que permitan hacer frente a los vencimientos de U$S4500 millones que nuestro país tiene en enero. La aventura resultó flojita: “Toto” apenas cosechó U$S900 millones a una tasa del 9%. En una sintonía parecida el Presidente explicó en un mensaje ante un foro empresario que la reticencia a la compra de reservas respondía al riesgo de que la maniobra pudiera avivar la inflación. Contra esas prevenciones Milei y su ministro no han tenido más remedio que aceptar el nuevo desafío. Se trata de un aspecto que rápidamente despertó cierta polémica. El economista Ricardo Arriazu, defensor en esencia del programa oficial, alertó en una conversación con ejecutivos de empresas y finanzas que el nuevo movimiento podría generar incertidumbre sobre el dólar y, por añadidura, presiones sobre la inflación. Lo aseguró en el contexto de un balance favorable sobre la marcha de la economía. El régimen de bandas dejará de actualizarse como lo viene haciendo al 1% mensual y se ajustará acorde en primera instancia al 2.5% mensual correspondiente a la inflación de noviembre. En febrero sucederá lo mismo en base al índice de diciembre. Si fuera similar al mes anterior la corrección sería del 5% en contraposición con el 1% anterior. Los primeros reflejos resultaron los esperados. El dólar cotizó en alza en las últimas horas. Pero el riesgo país bajó de los 600 puntos en consonancia con el anuncio del Gobierno sobre su disposición a comprar reservas con el nuevo esquema que entrará en vigencia. El Gobierno ha preferido tomar este camino que implica algún relajamiento en la política de desinflación. Lo hace después de haber logrado una fuerte desaceleración que, sin embargo, en los últimos siete meses no pudo perforar el piso del 2%. Con decimales siempre en ascenso. Milei acaba de asegurar que la inflación quedaría definitivamente pulverizada en agosto. Habrá que observar en qué medida se logra cumplir tal vaticinio con un índice mensual aún elevado y el nuevo mecanismo de ajuste de las bandas cambiarias. Las autoridades dicen estar dispuestas a asumir el peligro porque se trata de un tiempo, el 2026, de tránsito hacia la elección presidencial del 2027 que otorga margen para los ajustes. Tampoco se pueden dejar de lado un par de observaciones. La baja de la inflación es casi un ancla excluyente que el Gobierno tiene con la sociedad. Ahora en un contexto en el cual se torna cada vez más ostensible el desacople entre los ingresos, el consumo y los precios. Los tiempos venideros volverán a estar signados por la dependencia del Gobierno con el programa elaborado por el FMI. Sin volver a contar, en una emergencia, con otro salvataje como el que Bessent brindó en vísperas de las elecciones de octubre. La relación con Washington continúa siendo buena pero, sin estar claras las razones, parece haber perdido intensidad. Algo que Milei espera reparar cuando viaje a Davos en enero y puede volver a encontrarse con Donald Trump. Aquel panorama con algún ribete de inquietud pareciera compensado por el vértigo que el gobierno libertario imprime a su acción política. En un rato consiguió en el Congreso dictamen para darle aprobación a la Ley de Presupuesto que incluye dos tópicos que, en su momento, causaron desasosiego social. Piensa derogar las emergencias en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Patricia Bullrich pretendería un recorrido expeditivo similar en el Senado con el proyecto de reforma laboral. Se trata de una cuestión de otro calibre que promete un debate prolongado porque sus 170 artículos están plagados de detalles contra los cuales no sólo se resiste Unión por la Patria. De apuro, la principal oposición metió un proyecto alternativo. La Confederación General del Trabajo (CGT) piensa sumarse al debate con una movilización callejera. La ausencia de una oposición perseverante quizás estimula las internas que no ceden en la administración libertarias. En 48 horas se conocieron cinco relevos que poseen siempre la misma impronta. La disputa entre Karina Milei, la Secretaria General, y Santiago Caputo, el joven asesor de las comunicaciones. La cara visible de las Fuerzas del Cielo. Dos de los movimientos afloraron como los más importantes. Juan Pazo renunció como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aseguran que regresa a la actividad privada. Su lugar será ocupado por Andrés Vázquez, de antecedentes opacos, que reporta a Caputo Juniors. En el Banco Nación dimitió Daniel Tillard (había llegado con Guillermo Francos) y asume Daniel Wasserman, discípulo inconfundible de la hermanísima.
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