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Parana » Uno
Fecha: 16/12/2025 19:24
El gobierno provincial dio a conocer la exoneración de Luisina Antonella Perpetto, exagente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. La medida fue dispuesta luego de que la mujer, exencargada del Departamento de Recursos Humanos del organismo, fuera condenada por un delito cometido en 2022 que provocó un grave perjuicio a la administración pública provincial. Según el decreto oficial N° 3.240, publicado en el Boletín Oficial de este 15 de diciembre, en primer término se dejó sin efecto la instrucción del sumario administrativo iniciado en agosto de este año. Tal como establece el artículo 1°, se resolvió: “Déjase sin efecto la instrucción de Sumario Administrativo a la Agente Luisina Antonella Perpetto, Legajo Personal N° 152.682, personal de Planta Permanente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, la cual fuera dispuesta por Decreto N° 2221 MSJ, de fecha 22 de agosto de 2025, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes". Registro.jpg El hecho ocurrió en el Registro Civil de Federación. Foto UNO/Archivo ilustrativa En tanto, el artículo 2° dispuso directamente la destitución por exoneración de la exagente, sin necesidad de continuar con el sumario administrativo, al haberse acreditado los extremos previstos por la normativa vigente: “Dispóngase a partir de la fecha, la destitución por exoneración a la agente Luisina Antonella Perpetto, Legajo Personal N° 152.682, personal con situación de revista en la Planta de Personal Permanente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, al haberse acreditado los extremos establecidos por el Artículo 72° Inciso a de la Ley 9755 - Marco de Regulación del Empleo Público en la Provincia, modificada por la Ley 9811, sin necesidad de instruir un sumario administrativo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 73° - 2do. Párrafo - de esa norma, y atento a lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.” Finalmente, el decreto establece en su artículo 3° que la resolución fue refrendada por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. De acuerdo al decreto N° 2.221 (de agosto) al que accedió UNO, la Directora General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas había solicitado el inicio del sumario administrativo contra Perpetto, adjuntando copia del Legajo OGA Nº 26037 caratulado “Perpetto Luisina Antonella s/Daño Agravado". En ese marco, la sentencia judicial fue contundente. Según se consigna en el texto oficial: “Que por dicha sentencia se declaró a la agente autora material y responsable del delito de daño agravado. Artículo 184º inciso 5 del Código Pena l- en carácter de autora individual - Art. 45º del Código Penal, imponiéndole la pena de cuatro (04) meses de prisión de ejecución condicional”. El hecho que motivó la condena ocurrió entre los días 27 y 29 de agosto de 2022. En ese período, Perpetto, quien se desempeñaba como encargada del Departamento de Recursos Humanos del organismo y se encontraba de licencia por enfermedad, realizó modificaciones irregulares en el sistema informático oficial. Tal como detalla el decreto: “Que el cargo que se le endilga es que entre los días 27 y 29 de agosto de 2.022 la agente en su carácter de encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, encontrándose de Licencia por Enfermedad, procedió a efectuar maniobras de eliminación de registros desde el usuario registrado con perfil de administrador Nº 32327528, produciendo con ello tres mil cuatrocientos veintiséis (3426) modificaciones de distintos empleados registrados y treinta y siete (37) eliminaciones de registros de su legajo personal digital, asentados por distintos códigos de licencias, generando con ello un perjuicio respecto de la situación de más de trescientos (300) agentes de toda la Provincia”. La exoneración dejó firme la desvinculación definitiva de la exagente de la administración pública provincial, en el marco de una causa que evidenció un grave daño a la propiedad del Estado y a los sistemas administrativos oficiales. Los decretos
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