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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/12/2025 15:35
La iniciativa oficial pretende clarificar la normativa vigente y fortalecer el federalismo ambiental, mientras que organizaciones ambientales advierten sobre riesgos para el agua potable. El Gobierno nacional informó este lunes que presentó ante el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, dentro del período de sesiones extraordinarias que se extiende hasta el 30 de diciembre. Según el comunicado oficial, la propuesta tiene como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”. Desde el Ejecutivo explicaron que la actual Ley de Glaciares, a la que califican como “mal llamada”, presenta “graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”. En este sentido, sostienen que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”. El documento oficial define esta iniciativa como “una verdadera reforma del federalismo ambiental” y señala que responde a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. Además, indica que la propuesta se alinea con el rumbo planteado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión, que busca “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”. En cuanto a los contenidos de la reforma, el proyecto plantea establecer reglas que, según el oficialismo, protegerán los glaciares con función hídrica, fortalecerán los estándares vigentes y eliminarán la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculiza el desarrollo económico del país”. El texto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. Asimismo, la reforma busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica, y promoviendo una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares. Actualmente, la Ley de Glaciares protege estos cuerpos de hielo y el ambiente periglacial como bienes públicos estratégicos para el agua, prohibiendo actividades como la minería y la exploración de hidrocarburos en esas zonas, y estableciendo un inventario nacional. Por su parte, la organización ambientalista Jóvenes por el Clima advirtió sobre los riesgos que implicaría modificar la ley. En sus redes sociales, señalaron que la iniciativa pone en peligro el acceso al agua potable de 7 millones de argentinos, implica una pérdida en la regulación hídrica de cuencas enteras y genera una desprotección sistémica de reservas estratégicas. Recordaron que Argentina cuenta con 16.968 glaciares que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados, alimentando 36 cuencas hídricas que proveen agua al 18% de la población, siendo la segunda reserva de agua dulce más grande de América Latina. Desde Jóvenes por el Clima aclararon: “No estamos contra el desarrollo minero. Estamos en contra de poner en riesgo el agua potable de millones de argentinos para satisfacer la demanda de cobre del gobierno de Donald Trump”. Agregaron que “no podemos entregar de esta forma lo que es nuestro. No podemos poner en riesgo el abastecimiento de agua de millones de argentinos. El agua argentina no está en venta. No es negociable. No se toca”.
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