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La Paz » Politica con vos
Fecha: 16/12/2025 15:24
Mientras el discurso económico se construye en clave macro, en municipios y provincias el ajuste se expresa en faltantes, demoras y retrocesos concretos. Salud, educación, obra pública y empleo local son los primeros espacios donde las decisiones tomadas lejos del territorio muestran su verdadero impacto. No hace falta leer informes macroeconómicos ni seguir la cotización del dólar minuto a minuto para entender qué significa el ajuste. En los territorios, el ajuste no es una abstracción: tiene rostro, horario y consecuencias concretas. Se manifiesta en la guardia saturada de un hospital, en la obra pública paralizada, en el aula que pierde recursos y en el comercio que ya no vende lo indispensable. Mientras desde los despachos nacionales, o desde los medios de comunicación aliados al plan del poder central, se habla de “ordenar las cuentas” o de “sincerar la economía”, en los municipios y provincias la realidad se traduce en administrar la escasez. Y esa administración no siempre es neutral: implica elegir qué se sostiene, qué se posterga y, muchas veces, qué se deja caer. El ajuste visto desde abajo no llega como una decisión clara y explícita. Llega fragmentado, disfrazado de demora, de falta de insumos, de contratos que no se renuevan, de programas que se “revisan”. No se anuncia; se padece. Y en ese proceso, los gobiernos locales quedan atrapados entre la demanda social creciente y un Estado nacional que se retira o reduce su presencia. En provincias como Entre Ríos —con fuerte dependencia de transferencias y programas nacionales— el impacto es doble. Por un lado, se recortan recursos; por el otro, se multiplican las demandas. El vecino no reclama en Buenos Aires, lo hace en el municipio, en el hospital, en la escuela, en el Concejo Deliberante. Es ahí donde el ajuste muestra su verdadera dimensión política. Hay una narrativa que intenta instalar que el ajuste es un sacrificio transitorio, necesario y equitativo. Sin embargo, la experiencia territorial demuestra lo contrario: no todos ajustan lo mismo ni al mismo tiempo. El costo recae, una vez más, sobre quienes dependen del Estado para acceder a derechos básicos. Y cuando esos derechos se debilitan, lo que se resiente no es solo la economía: se erosiona el entramado social. También hay responsabilidades locales que no pueden esquivarse. El ajuste no puede ser excusa para el silencio, la pasividad o la falta de planificación. Gobernar en contextos adversos exige decisiones, prioridades claras y, sobre todo, honestidad política. Explicar, debatir y dar la cara es parte del contrato democrático. El ajuste no es solo una política económica, es sobre todo, una definición de modelo de sociedad. Y ese modelo se construye —o se desarma— desde abajo, en cada territorio. Allí donde el discurso se encuentra con la realidad. Allí donde ya no alcanzan las consignas ni los slogans. Allí donde la pregunta es simple y brutal: ¿quién paga el costo de las decisiones que se toman lejos? (Imagen elegida para esta columna: “Los mendigos” – Pieter Brueghel / refleja exclusión, abandono y desigualdad estructural. Además muestra el desaire a la discapacidad)
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