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» Diario Cordoba
Fecha: 16/12/2025 20:28
El Fiscal Jurídico Militar ha solicitado ocho años de cárcel para el capitán procesado por la muerte del soldado en prácticas Carlos León y del cabo Miguel Ángel Jiménez, de la Brigada Guzmán El Bueno X, en la base de Cerro Muriano (Córdoba), ocurrida el 21 de diciembre de 2023. Además, reclama que se impongan cinco años de prisión para un teniente y, por otra parte, pide la libre absolución del teniente coronel y del comandante que también han sido procesados por estos fallecimientos. En su escrito de conclusiones provisionales, conocido este martes, la acusación pública sostiene que ni el teniente coronel ni el comandante se encontraban al tanto de los detalles del ejercicio de paso de aguas programado por el capitán en el marco de adiestramiento, por lo que no aprecia responsabilidad penal en estos mandos. Durante la instrucción, sin embargo, el juez ha apuntado la existencia de responsabilidades por parte de mandos superiores en la supervisión, la autorización y la ejecución de la actividad. Homicidio imprudente Para el Fiscal Militar la presunta responsabilidad penal por estas dos muertes consistiría en dos delitos contra la eficacia del servicio, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, que indica que "el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años". Afirma que los dos autores de estos delitos son, presuntamente, el capitán y el teniente procesados. En el caso del capitán, también reclama la pérdida del empleo y para el teniente, una suspensión de empleo. Junto a las penas de cárcel, destaca que procede exigir a los encartados, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 422.174.40 euros, "siendo responsable civil subsidiario el Estado", precisa. Este importe se repartiría entre los padres del soldado Carlos León, con 89.414 euros para cada uno, y su hermano, con 25.910 euros. La viuda del cabo fallecido percibiría 114.815 euros y sus padres, 51.311 euros cada uno. Ocho mandos investigados Inicialmente, fueron investigados ocho mandos del Ejército por su presunta relación con los fallecimientos. Avanzada la instrucción, el juez procesó a seis mandos y, finalmente, la causa ha sido sobreseída respecto a dos de ellos, un coronel y un sargento. Por tanto, el proceso ha continuado para cuatro investigados por los dos fallecimientos, que son un capitán, un teniente, un teniente coronel y un comandante. Respecto a lo ocurrido, el juzgado Togado Militar 21 de Sevilla afirmó, en un auto de abril de 2024, que "no hubo supervisión alguna" de las medidas de seguridad necesarias para el ejercicio del cruce de río Casa Mata ni cuando fue supervisado (lo que correspondía al teniente coronel) y autorizado (por el coronel jefe del regimiento) ni cuando fue ejecutado (con un segundo coronel al frente del regimiento y un comandante como jefe de la Plana de Mando). En ese auto, se inhibió de la causa al observar "una posible conducta delictiva" en cuatro mandos superiores al capitán inicialmente investigado, junto a un teniente y un sargento, por la muerte de los dos militares. En concreto, dos coroneles, jefes del regimiento de Infantería La Reina 2 cuando se autorizó el ejercicio y cuando se ejecutó; el teniente coronel jefe de la Plana de Mando responsable de supervisar la propuesta de ejercicio, y el comandante que le sucedió en el cargo. Las partes han recibido hoy la información completa de este procedimiento sumario y, una vez que se ha conocido el posicionamiento de la acusación pública, tendrán que presentar sus escritos las acusaciones particulares y las defensas de los encartados, como uno de los pasos previos a la futura celebración del juicio.
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