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» Diario Cordoba
Fecha: 16/12/2025 11:21
Las adjudicaciones de obra y explotación de servicios públicos concedidos a Acciona se investigan ya en dos órganos judiciales diferentes, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Así, la trama presuntamente corrupta que implica al exvicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero; a un supuesto socio y hombre de confianza del ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso, y a la considerada "fontanera" del partido, Leire Díez, y que ha correspondido investigar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, comparte con el caso Koldo -que se instruye en el Tribunal Supremo-- el interés por lograr beneficios de contratos concedidos a esta empresa por diferentes administraciones públicas. El alto tribunal ha puesto el foco en las últimas semanas --tras concluir la instrucción de la parte de la causa relativa al pelotazo de contratos de mascarillas en Transportes y otras administraciones públicas-- en la pieza separada que indaga en las adjudicaciones sospechosas a Acciona n las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica a Cerdán. Al mismo tiempo, las primeras pesquisas de la Audiencia Nacional apuntan a supuestos pagos a un despacho de abogados para construir la estructura jurídico empresarial que les permitiría obtener rédito económico de dos explotaciones tituladas por la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas en las que Acciona tenía interés: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional / Diego Radamés / Europa Press Según se detalla en una diligencia de información dictada en el marco de estas actuaciones, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la investigación apunta a que "varios directivos" de ENUSA, junto a Fernández Guerrero, Díez y Antxon Alonso "habrían ideado un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un rédito económico". Los tres investigados compartían un chat denominado "Hirurok" (nosotros tres en esuskera) . Según las primeras pesquisas, "y a través de los referidos cargos públicos" Hirurok habría tenido la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de ENUSA de un concreto despacho de abogados "con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación". Además, con base en estas capacidades, se habrían introducido en esta contratación una serie de sobrecostes "aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato" que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades "de la órbita de 'hirurok'". En aparente correlación, se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a la mercantil Mediaciones Martínez (utilizada para por el trío investigado para canalizar sus beneficios) por un importe total de 17.545 euros. Conexión Servinabar Lo investigado hasta el momento permite conectar también esta trama con la que se investiga en el Supremo contra Cerdán y su supuesto socio en Servinabar Antxon Alonso más allá de que este último esté imputado en ambos procedimientos. Así, se investiga también la adjudicación de un contrato público por la empresa pública española del sector de la distribución alimentaria (Mercasa) en favor de Servinabar -- propiedad de Antxon Alonso y que según la Guardia Civil pertenecería a Cerdán en un 45 por ciento-- por un total de 18.119,75 euros. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña interroga a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso / EP En esta segunda operación, y también "en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública", los tres investigados habrían diseñado la operativa con la que generaron, por un lado, "de forma mendaz" una justificación para contratar a la empresa navarra y por otro y al mismo tiempo, propiciaban un beneficio económico al grupo. A cambio del pago recibido, Servinabar debía emitir un "informe técnico de las oficinas de la sede central de MERCASA", cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Informe pendiente en el Supremo Si estos eran los objetivos de Alonso, Díez y Fernandez Guerrero con respecto a Acciona que investiga la Audiencia Nacional, en el Supremo están pendientes de recibir el informe que se ha encargado a la UCO sobre el resultado dlos registrosos realizados a mediados del pasado 15 de noviembre en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, tras lo cual se imputó a los tres directivos a los que a día de hoy se prohíbe salir del país. Se trata del que fuera su CEO, Justo Vicente Pelegrini, además de dos de sus colaboradores que permanecían en esta empresa y por el momento han sido suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, este último director de la zona Sur y África de Acciona Construcción que ha declarado este lunes ante el juez Puente. A ellos se suma Fernando Agustín Merino, fue entonces era director del Departamento de Navarra y La Rioja y fue imputado ya hace meses, que habría actuado de enlace para vincular las obras adjudicadas con la empresa de Cerdán. Así, el análisis llevado a cabo por parte de la Guardia Civil de los dispositivos móviles aprehendidos a los integrantes de la trama ha permitido constatar "el interés mostrado por Cerdán" en licitaciones del Ministerio de Transportes, como fue el caso de una carretera en Logroño o el Puente del Centenario de Sevilla, un contrato por el que ha sido interrogado Sánchez Alconchel. De hecho, consta una conversación del 22 de abril de 2019 entre ambos en la que el asesor de Ábalos asegura que el que fuera director general de Carreteras Javier Herrero --imputado en la parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional-- había tenido que presionar mucho al ex secretario de Estado Pedro Saura para avanzar en la licitación de "Sevilla". Esta adjudicación, en la que la UCO destaca "una notoria insistencia de Cerdán", terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645 euros, aunque el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió dicho importe hasta los 84.983.366 euros. De este total la empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, se llevó 1.801.914 euros.
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