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Parana » APF
Fecha: 15/12/2025 12:30
El pedido ingresó este lunes en la Cámara de Diputados de la provincia. Se fundó en la “creciente preocupación” del colectivo docente respecto del “estado de formación” en la provincia y en información que ha dado cuenta de “recortes, cierres de carreras, falta de infraestructura, precariedad laboral docente y una tendencia a consolidar el sistema de ‘carreras a término’, sin garantía de continuidad”. lunes 15 de diciembre de 2025 | 11:54hs. Foto: Orilla y Media TV La diputada Lorena Arrozogaray, del bloque peronista en la Cámara Baja entrerriana, presentó este lunes un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo dé a conocer el “listado completo, actualizado al ciclo 2024–2025, de todas las carreras terciarias de formación docente y tecnicaturas dependientes del Consejo General de Educación (CGE), discriminando: localidad, instituto, carrera, estado actual (activa / cerrada / sin inscripción / con cohorte a término)”. Adicionó que “en relación con las carreras cuya inscripción fue cerrada, limitada o suspendida durante los ciclos 2024 o 2025” se indique: “a) Fecha de la decisión. b) Motivos oficiales. c) Actas, resoluciones o comunicaciones administrativas que respalden dicha decisión. d) Matrícula estudiantil de cada carrera en los últimos cinco (5) años (2021– 2025), discriminada por cohorte y por año de cursada. e) Situación de la planta docente, detallando cantidad de docentes por carrera, condición laboral (titular, interino, suplente, contratado, a término) y previsión del CGE sobre su continuidad en caso de cierre o suspensión de carreras. Infraestructura disponible en cada instituto: a) Si cuenta con edificio propio o comparte sede con instituciones de otros niveles. b) Estado edilicio. c) Partidas presupuestarias asignadas durante 2024 y 2025”. Pilar estratégico En el pedido se consignó que “dado que la formación docente constituye un pilar estratégico para el sistema educativo, y considerando la gravedad y urgencia de los hechos denunciados, resulta indispensable que esta Honorable Cámara requiera información oficial, exhaustiva y detallada sobre el estado real de la oferta terciaria provincial, los criterios para la toma de decisiones y las garantías previstas para estudiantes y trabajadores”. Criterios oficiales El pedido que fue acompañado por sus pares de bloque Silvia Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Laura Stratta, Yari Seyler y Juan Bahillo, instó también que se precisen los “criterios oficiales utilizados para decidir la continuidad, cierre o apertura de carreras: umbrales mínimos de matrícula, indicadores pedagógicos, parámetros presupuestarios, u otros criterios técnicos” y el “plan de continuidad para estudiantes: medidas adoptadas para garantizar que quienes iniciaron una carrera puedan completarla, incluyendo equivalencias, traslados, reubicaciones o aperturas extraordinarias de cohorte”. Finalmente se solicitó precisiones sobre la “evaluación provincial del impacto que los cierres o suspensiones de carreras podrían generar en la disponibilidad futura de docentes de nivel secundario en cada región de la provincia”. Fundamentos Arrozogaray contextualizó que “durante este año 2025 se ha hecho pública una situación de creciente preocupación respecto al estado de la formación docente en Entre Ríos, que afecta tanto a estudiantes como a docentes y comunidades enteras. Diversas fuentes han documentado recortes, cierres de carreras, falta de infraestructura, precariedad laboral docente y una tendencia a consolidar el sistema de ‘carreras a término’, sin garantía de continuidad. Riesgo La legisladora entendió que “estas decisiones ponen en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad laboral y la capacidad del sistema educativo provincial para abastecerse de docentes formados, especialmente en zonas del interior, donde la oferta pública de educación superior es una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades”. Añadió que “la información disponible sugiere que el criterio predominante estaría vinculado a decisiones presupuestarias y a evaluaciones de matrícula no transparentadas, lo cual agrava la incertidumbre. Docentes y estudiantes señalan que la política educativa actual no asegura ni previsibilidad ni estabilidad, y que la falta de explicaciones oficiales profundiza el malestar social”. (APFDigital)
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