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» Clarin
Fecha: 15/12/2025 00:49
La reforma laboral que impulsa el gobierno nacional suma adhesiones de la agroindustria. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las bolsa de cereales y de comercio y Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) coincidieron en el respaldo, tal como la Sociedad Rural Argentina (SRA), que también presentó propuestas específicas. El CAA expresó su acuerdo con el proyecto enviado por el Gobierno y celebró específicamente la inclusión del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según señaló su presidente, Gustavo Idígoras, el nuevo esquema podría generar “un efecto positivo en las inversiones, el empleo, la producción y las exportaciones agroindustriales” con un impacto incremental estimado en US$15 mil millones. Las bolsas de cereales del país expresaron un fuerte respaldo al proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno envió al Congreso. En el comunicado conjunto, las entidades señalaron que la iniciativa representa “un paso muy positivo y necesario para fortalecer la competitividad de la economía argentina”. Al mismo tiempo, remarcaron la importancia de generar reglas más modernas para impulsar empleo formal en todo el entramado agroindustrial. Además, las instituciones destacaron el rol estratégico del RIMI. Según sostuvieron, “este régimen constituye una herramienta clave para generar mejores condiciones de inversión en el sector agropecuario, promoviendo el crecimiento productivo, la incorporación de tecnología y la ampliación de la capacidad instalada”. El documento fue firmado por las Bolsas de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Bahía Blanca (BCBB), Córdoba (BCCBA) y Entre Ríos (BCER), junto con las Bolsas de Comercio de Rosario (BCR), Santa Fe (BCSF) y Chaco (BCCH). FAIM también fijó postura. Su titular, Diego Cifarelli, definió la reforma como “fundamental para aumentar la competitividad de la industria molinera” y destacó el rol del RIMI para promover inversiones, producción y agregado de valor: “Generará más empleo e ingresos de divisas para la economía”, afirmó en su posicionamiento institucional. En tanto, la SRA formalizó su propuesta para modificar la Ley 26.727 y llevar al terreno rural los ejes de la modernización laboral impulsada por el Gobierno. En ese marco, la entidad sostiene que el régimen agrario no puede quedar fuera de la reforma, ya que hacerlo “conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”, según expresó la organización en su comunicación institucional. La Rural remarcó que el agro opera con dinámicas distintas al ámbito urbano: ciclos productivos atados al clima, estacionalidad, dispersión territorial y estructuras de costos que requieren esquemas específicos. Dejar intacto el marco vigente —afirman— podría desalentar la formalidad, encarecer la contratación e incluso fomentar prácticas informales que perjudican tanto a trabajadores como a empleadores. El documento presentado por la SRA plantea la necesidad de actualizar la legislación agraria “sin detrimento de los derechos fundamentales”. La iniciativa apunta a un marco más eficiente, previsible y competitivo, que aporte herramientas adaptadas a la realidad del sector y brinde certezas para sostener el empleo y promover nuevas inversiones. Entre los puntos centrales, la Rural propone: 1. Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el propietario de la tierra y el productor arrendatario, para evitar que quien aporta el capital físico cargue con obligaciones desproporcionadas. 2. Suprimir la figura del “trabajador permanente discontinuo”, considerada incompatible con la estacionalidad propia de la actividad agraria. 3. Establecer un período de prueba de ocho meses, adecuado a los ciclos productivos y necesario —según la entidad presidida por Nicolás Pino— para evaluar aptitudes reales antes de confirmar la relación laboral. 4. Avanzar hacia una negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace, sin intervención estatal, con el fin de acordar esquemas más específicos y ajustados a las particularidades productivas. 5. Crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo de los empleadores, lo que permitiría mayor previsibilidad en los costos laborales. 6. Mejorar los criterios de actualización de créditos laborales, evitando fallos “desproporcionados e irrazonables”.
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