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» Clarin
Fecha: 15/12/2025 08:44
Hace casi 20 años, Clarín publicaba una nota que analizaba una decisión de mediados de los 90 -vuelta atrás a comienzos de los 2000-, idéntica a la que se discute ahora a raíz del proyecto de Ley de Modernización Laboral: el impacto de rebajar los aportes patronales, en particular aquellos que van a la cobertura de salud. La pregunta que se suma en estos días de bolsillo menguado es si estos cambios pueden, a su vez, impulsar aumentos en las cuotas de medicina prepaga, o afectar en alguna medida las prestaciones de las obras sociales, que deben seguir garantizando la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO). La respuesta es sí, pero con varios asteriscos según distintos escenarios. Antes de ir al detalle, no pueden omitirse un par de coincidencias entre esa decisión de los 90 y lo que se escucha hoy. Clarín recordaba en 2006 que el argumento del ministro Domingo Cavallo para hacer ese cambio en los aportes y contribuciones había sido que, “al abaratar el costo laboral, esas reducciones ayudarían a que las empresas blanquearan a sus trabajadores no registrados y a crear más puestos de trabajo. Sin embargo, en ese período aumentó tanto el desempleo como el trabajo 'en negro'", analizó este medio. Pero lo importante es que lo que se hizo en ese momento es lo mismo que se busca hacer ahora. Los empleadores derivaban, en concepto de aportes a la seguridad social, el 6% de los sueldos brutos. Igual que plantea la actual reforma laboral, la cifra sufrió, en ese momento, un recorte de un punto porcentual, y quedó en 5%. Sumando el 3% que pone el empleado, la discusión de estas horas tiene que ver con el impacto concreto de derivar el 9% o el 8% a las entidades que dan cobertura de salud. Tres fuentes que hablaron con Clarín coincidieron en referirse a que lo que está en debate para la salud no es un 1%, realmente. Una de esas voces es un analista del sector; otra conduce una importante entidad de medicina prepaga, y la tercera es Rubén Torres, ex superintendente de Servicios de Salud y presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA). Hay dos tortas, coincidieron: una es la salarial y la otra, la de salud. Como no son tortas del mismo tamaño, una porción de una, nunca representará proporcionalmente lo mismo en la otra. Así, los consultados señalaron que el 1% que se rebajaría en los aportes patronales (si prospera esta ley) implicaría una reducción de entre el 11% y el 15% del dinero que entra a las entidades de salud. Aunque son cifras estimadas, Torres calculó que la disminución del 1% equivaldría a más de 90.000 millones de pesos menos por mes en la masa de dinero que reciben las obras sociales y prepagas. Sin embargo, el impacto en realidad sería mayor. Ocurre que una fracción de los aportes y contribuciones de la achicada masa de trabajadores registrados de Argentina va a parar a algo llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja quebrada que se usa para emparchar unos cuantos temas importantes. Medicamentos de alto costo, coberturas de discapacidad y, a través de un fondo que se llama SUMA, un subsidio destinado, en igual medida y como si tuvieran los mismos recursos (algo que implementó esta gestión y muchos como Torres critican especialmente) a obras sociales y prepagas. El SUMA complementa o compensa, en alguna medida, lo que les debería llegar a las entidades vía sueldos, si no se perpetuaran la retracción del salario promedio y el achicamiento del volumen de trabajadores en blanco. El 1% comentado, calculó entonces Torres, implicaría una disminución mensual de 15.000 millones de pesos para el Fondo Solidario de Redistribución. Reforma laboral: qué va a pasar con las cuotas de la medicina prepaga La fuente reservada que habló con este medio dijo varias veces que el sector no podrá absorber en ningún sentido ese 1% menos. Según sus cálculos, si este proyecto de ley se concreta, la rebaja de ingresos para el sector sería del 12,5%. Post eliminación de la triangulación con las obras sociales, las prepagas dan cobertura a unas siet millones de personas, divididas en al menos tres tipos de afiliados. Por un lado están los que tienen cobertura paga por su empleador. Torres recordó que son el 70% de los afiliados a la medicina prepaga. Estimó que “seguramente tendrán que sentarse a conversar las empresas empleadoras y las propias prepagas, para ver cómo compensarán la diferencia”. En tanto, una de las fuentes reservadas aseguró que el sector no está en condiciones de rebajar ningún honorario o cuota. "Imaginate si tengo que ir al sanatorio tal y decirle que a partir de ahora les voy a pagar menos. ¿Qué me contesta?", ilustró. El otro universo de afiliados corresponde a empleados que derivan sus aportes a una empresa de salud privada, pero luego pagan un adicional mensual para completar la cuota individual o familiar. Según ejemplificó otra de las fuentes reservadas, la pregunta será quién paga los 10.000 pesos de diferencia, suponiendo que un empleado equis derive hoy 90.000 pesos, pero con la nueva ley pase a derivar 80.000. Ninguna de las tres voces dudó que un cambio así podría alterar (al menos proporcionalmente) las cuotas de las prepagas. Como el proyecto no es ley, no hay una reglamentación a la vista y todo está en el plano conjetural, se entra en un terreno resbaladizo si se intentan obtener precisiones sobre aumentos porcentuales específicos. Pero acá es donde tiene peso específico comprender que el 1% de los sueldos de cada uno de los empleados que derivan aportes no representa proporcionalmente un 1% para las prepagas. Y son ellas las que determinan las cuotas. El tercer grupo de afiliados con prepaga está compuesto por quienes abonan la cuota de su bolsillo. No deberían tener impacto por un cambio como este, salvo que se considere una variable tipo “efecto rebote” de lo comentado hasta acá. Ley de Modernización laboral y salud Un estudio reciente que Torres compartió con Clarín destaca que sólo el 20,5% de las obras sociales y prepagas pueden cubrir con su recaudación actual el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO). Las tres fuentes coincidieron en que el mayor impacto de esta medida recaerá en las obras sociales nacionales. “Si además les bajás el 15% del ingreso, las liquidás. Este es el fin de una etapa de la seguridad social, tal como la concebimos hasta ahora. Viene una nueva etapa; sin ninguna duda, menos equitativa”, lanzó el ex superintendente. En cuanto a los afiliados a las prepagas, si bien coincidió en que si hay aumentos no deberían ser grandes, aclaró que “es imposible responder cuánto subirían las cuotas porque si desde las empresas dicen que les va mal, la lógica de las subas no necesariamente va a ser un porcentaje calculado de manera lineal". Torres recordó que “el 1% de una torta que implica una parte de la población con salarios muy altos, no es un monto menor”. Aclaró que no promueve sostener las cajas sindicales, ya que, “por supuesto, no es algo virtuoso”. Sin embargo, cerró con un comentario que coincidió de lleno con el que había transmitido poco antes la fuente reservada representante de una prepaga grande. Y es que “tampoco hay que destruir las obras sociales”, en especial en un país en el que “hace muchísimos el Estado no invierte en salud pública. Con los más y con los menos, las obras sociales contribuyeron a sostener la salud de la población. En otros países sin un sistema de seguridad social como el argentino, el Estado sostiene como corresponde la salud pública”.
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