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» Clarin
Fecha: 15/12/2025 01:20
Hasta ahora, para Javier Milei el Poder Judicial constituía un ámbito ajeno a sus objetivos trazados. Una mirada apenas alterada por la fallida postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, que algunos atribuyen a una jugada de Ricardo Lorenzetti y otros a una devolución de favores a Freddy Lijo, el hermano del magistrado que habría sido uno de los aportantes de la campaña libertaria del 2023. Pero el caso ANDIS, los audios atribuídos al exdirector de la agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo sobre un presunto esquema de coimas con las droguerías que comprendía un 3% supuestamente destinado la hermana del Presidente y a Eduardo “Lule” Menem, alarmó a Karina Milei. Percibió que estaba al descubierto, sin operadores judiciales que la blinden. Sebastián Amerio, viceministro de Justicia que responde a Santiago Caputo y quien se presentaba como el nexo de la Casa Rosada ante el Poder Judicial, no estaba a la altura de esa labor, aseguran. Lo mismo pensaron en Balcarce 50, más allá de algunos chisporroteos entre el asesor y “El Jefe”, cuando decidieron dejar como ministro a Mariano Cúneo Libarona y apostar a otros actores para el entramado judicial. Karina activó ese escudo a través de Santiago Viola, a quien algunos comparan -por su estilo directo- con Juan Martín Mena, el operador judicial de Cristina Kirchner, ex números dos de la SIDE y actual ministro de Justicia de Axel Kicillof. En ese mundo de lobistas de Tribunales hay otros perfiles, de “buenos modales”, dicen, como el que desarrollan el peronista Juan Manuel Olmos o el radical-macrista Daniel Angelici. Lo que le sugirieron de inmediato a la líder de La Libertad Avanza es que pusiera un pie en el Consejo de la Magistratura, la verdadera cocina del Poder Judicial, donde se designan pero también se les abre un juicio político a los jueces con “mal desempeño”. Y para ocupar un lugar, que se lo ganaron al radicalismo, eligió al diputado cordobés libertario Gonzalo Roca. Ahora el Gobierno tiene dos representantes, Roca y Amerio. El diputado de LLA Gonzalo Roca. Ocupará un asiento en el Consejo de la Magistratura. Foto: Federico López Claro El debate del verano La pulseada política inminente será la discusión por reforma laboral. La apuesta del Ejecutivo es ambiciosa y encuentra a una oposición diezmada. El kirchnerismo se abroquelará en el rechazo, pero entre ese polo y el oficialista, en la avenida del medio los diputados y senadores que responden a los gobernadores están dispuestos a negociar su voto. -“¿En qué andan los gobernadores de Provincias Unidas?”-, preguntó un diputado a un mandatario provincial de ese sector, antes rebelde, hoy dialoguista. - “Cada uno anda en la suya”-, respondió el gobernador. Ergo, negociando para beneficiar a su provincia. Luego deslizó que es posible que logren que Milei acceda a coparticipar el impuesto a los combustibles que vienen reclamando, e incorporarlo al proyecto de Presupuesto. En cambio, saben que es muy difícil que el libertario acceda a coparticipar automáticamente los ATN, una caja que significa poder para cualquier gobierno nacional. Los gobernadores de Provincias Unidas, juntos, antes de la elección de octubre. Ahora el espacio está en crisis. La chance de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral audaz que recorta indemnizaciones, afecta a cajas de los sindicatos y de las empresas, y pone fin a una lista de convenios colectivos, puede quedar en la nada si los sindicatos y el PJ judicializan la iniciativa a través de los distintos juzgados laborales. Algo que viene ocurriendo desde hace tiempo y que Milei lo padeció con la Ley Bases. “Durante mucho tiempo los juzgados laborales se fueron completando con una ideología recaldista”, afirma un conocedor de ese ámbito. Alude así, al fallecido abogado laboralista, asesor de la CGT de Hugo Moyano, diputado y miembro del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde, y a su hijo, el actual senador peronista Mariano Recalde. Recalde no sólo estaba a cargo de tomarle los exámenes a los futuros jueces laborales sino que incidía en la integración de la terna de jueces que llegaba al Ejecutivo. El fuero laboral nunca fue de interés para los distintos gobiernos, que hicieron más hincapié en la justicia federal o en el fuero penal económico. Se estima que entre un 70 y 75% de los 110 jueces laborales que cumplen sus funciones en los 80 juzgados y 10 salas, tienen un perfil peronista. La carta a la que ha recurrido Milei, aconsejada por especialistas, es buscar diluir esos juzgados laborales, para que no traben el avance de la reforma. ¿Cómo? Acelerando el traspaso de los juzgados nacionales -entre ellos los laborales- con competencia porteña, a la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, no tendrían injerencia en cuestiones de fondo como la reforma laboral. Jorge Macri junto al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Vienen reclamando la transferencia de los juzgados nacionales. Desde hace tiempo que la Ciudad vienen reclamando esa transferencia, que debe hacerse por un acuerdo entre Nación y Ciudad con fondos, al igual que ocurrió con la policía, según la reforma constitucional de 1994. Hubo un avance con la creación de una comisión entre el ministro de Justicia de Mariano Cúneo Libarona y su par de la Ciudad, Gabino Tapia, de la que también participa una funcionaria de máxima confianza para los Milei como la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Si bien ya habían recibido y escuchado a todas las cámaras y asociaciones de magistrados, era un tema que venía lento. Pero repentinamente, acaba de reactivarse. En la sede de Uspallata desconocían el texto de la reforma laboral y lo recibieron como una “agradable sorpresa” que la Rosada haya incluido dos artículos, el 90 y el 91. El primero, señala que los jueces laborales deben adecuar sus decisiones a los fallos de la Corte Suprema porque, de lo contrario, pueden ser acusados de mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. El artículo 91 va al corazón de la polémica, dice que la Justicia Nacional del Trabajo estará vigente hasta la transferencia a la Ciudad. Luego, comenzará su “progresiva disolución”. La situación de incertidumbre, aseguran, ha hecho crecer el número de vacantes del 40% en el fuero laboral. Los propios magistrados ven un futuro incierto y nadie quiere quedar en el medio de la pelea política. Otro dato alienta el avance en ambos frentes del Gobierno. Como se trata de un planteo de la Ciudad de larga data, y su preparación se aceleró a partir del trabajo conjunto, una vez que la reforma laboral se transforme en ley, en un tiempo de apenas entre 90 y 120 días, podría implementarse el traspaso. Todo ocurriría, mientras Cristina Kirchner y Kicillof juegan a la interna para ver quién se queda con las migajas del peronismo, y la CGT simula la defensa de los trabajadores con una marcha, pero en su lente no aparece el 40% de empelados en negro o precarizados. Mirá también Mirá también Las Malvinas, tan cerca pero cada vez más lejos; Trump, Milei, Tapia y los espejismos
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