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» Santo Tome al dia
Fecha: 15/12/2025 01:11
La Justicia santafesina confirmó las condenas a Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, quienes deberán cumplir seis años y seis meses de prisión por encabezar una asociación ilícita que cometió defraudaciones contra la administración pública. La sentencia incluye además la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa económica. La resolución fue adoptada por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, tras una audiencia de apelación realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Durante la instancia, los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvieron el criterio ya expresado durante el juicio oral de primera instancia, que culminó en junio. Las defensas de los exjefes policiales habían solicitado la absolución de los acusados, la invalidez de pruebas clave e incluso la prescripción de la acción penal, pero todos los planteos fueron rechazados por unanimidad. “Valoramos que se haya mantenido el veredicto condenatorio”, expresaron los fiscales, aunque adelantaron que están analizando los fundamentos del fallo para definir si impulsarán medidas adicionales, especialmente en relación con la reparación económica del daño. Durante el proceso, se comprobó que Odriozola lideró la maniobra delictiva entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Ambos utilizaban su jerarquía dentro de la fuerza de seguridad provincial para facilitar y ejecutar las maniobras. La estafa consistía en simular reparaciones de vehículos oficiales mediante la presentación de facturas apócrifas y rendiciones de cuenta falsas. Según la acusación, se facturaban trabajos que no se realizaban y repuestos que nunca se adquirían, generando disposiciones patrimoniales ilegítimas. “Firmaban cheques, autorizaban compras ficticias y disponían del dinero obtenido”, destacaron los fiscales, quienes remarcaron que ambos exfuncionarios fueron la máxima autoridad policial al momento de los hechos. Este caso fue investigado en el marco de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal del MPA y es considerado un precedente importante en la lucha contra la corrupción institucional dentro del Estado santafesino.
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