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» Clarin
Fecha: 15/12/2025 01:08
Una de las causas que se iniciaron por las presuntas estafas en la concesión del servicio de VTV y que está atada a otro proceso por maniobras irregulares en el sistema de cobro de las fotomultas en Buenos Aires registrará un paso clave: la Justicia penal de La Plata indagará este lunes al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio, a quien acusa de haber “acordado” con las empresas adjudicatarias el cobro de dinero a cambio de otorgar esas concesiones. Por eso, comenzará este lunes 15 en los tribunales de La Plata una seguidilla de indagatorias que incluyen a ocho dueños de las empresas adjudicatarias de las licencias de la Verificación Técnica Vehicular. Deberán presentarse ante el fiscal que investiga estas irregularidades, Alvaro Garganta. La fiscalía sospecha que el ex ministro de Axel Kicillof cometió los delitos de “cohecho” (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. El ex funcionario que reportaba en el esquema político del ex candidato presidencial Sergio Massa tuvo que renunciar a su cargo hace un año, en medio del cimbronazo que provocó la revelación de estos presuntos delitos. La causa penal que se instruye en la Justicia ordinaria de La Plata es una de las que se iniciaron contra el ex funcionario. Garganta sostiene, a partir de la investigación, que las ocho empresas fueron beneficiadas a cambio de que todas contrataran a una empresa “interpuesta” desde el ministerio, que se encargaría de otorgar los turnos para realizar ese servicio obligatorio para más de 4 millones de bonaerenses dueños de autos, camiones, camiones y transportes públicos. La firma “acomodada” por D'Onofrio -Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA- se quedaría con entre el 3% y el 8,5% del costo de cada verificación, para entregar mediante un sistema de software, los turnos on line. Garganta cree que en un año se recaudaron más de $ 4.900 millones por esa intermediación. La causa por las licencias de las VTV -que D'Onofrio habilitó en marzo de 2024 y luego convalidó el ministro que lo sucedió, Martín Marinucci (también del sector massista)- va en paralelo con otros procesos judiciales. También se investiga una supuesta red de abogados que se dedicaban a “reducir” los montos de lo que deben pagar los infractores que son detectados con cinemómetros en las rutas de la provincia. Ahí se sospecha que la maniobra la hacían con la connivencia de jueces administrativos de Faltas, ubicados en cargos estratégicos por los funcionarios del ministerio. En ese expediente, que también tramita Garganta, la justicia imputó al exministro como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo. El ex juez de Faltas Mario Quatrocci es uno de los imputados en este caso. Sería socio de la concejal de Pilar Laura Pombo, de estrecho vínculo político con D`Onofrio. En el fuero Federal de Campana, otro juez lo imputó y tiene la sospecha de que D'Onofrio es responsable del delito de “lavado de activos”. Se trata de Adrián González Charvay quien a mediados de noviembre procesó al ex ministro de Transporte bonaerense, por ese delito y además, el magistrado ordenó un embargo por $350 millones. La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025. Direccionamiento de la VTV La acusación central de Garganta considera que el ministro manipuló la licitación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) para asegurar su adjudicación a siete compañías preseleccionadas. A cambio de estas concesiones por diez años, las empresas presuntamente desviaron sumas por más de $ 4.900 millones a través de "una compañía interpuesta". El escrito detalla numerosas irregularidades en el proceso licitatorio, incluyendo la aceptación de ofertas con documentación incompleta y la participación de empresas sin la debida registración legal o experiencia previa en el rubro, "lo cual demuestra un claro direccionamiento a favor de los adjudicatarios", según la presunción fiscal. Las pruebas reunidas por la fiscalía sirven para sostener que "la descalificación de otras ofertas resultó en una ausencia total de competencia en las catorce zonas licitadas". El mecanismo ilegal utilizado para canalizar el dinero que llegaría a los funcionarios involucrados fue la implementación de una "empresa interpuesta". O sea, una firma que en el medio se quedaba con parte de la recaudación. Fue a través de Soluciones SA y las autoridades de Transporte obligaron a las adjudicatarias de la VTV, la contratación de esta firma como "condición" para quedarse con alguna de las licencias. ¿Para qué era esa intermediaria? "La empresa Soluciones SA fue contratada por las siete empresas adjudicatarias (Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA, y VTV Noroeste SA) para la implementación de "innovaciones tecnológicas" para la gestión del servicio de VTV", escribió Garganta. Se resume en esto: Soluciones se encarga (todavía) de administrar la gestión de turnos. Sí. Por direccionar los turnos de los usuarios del servicio, esa empresa se queda con entre el 3% y 8,5%. El primer porcentaje en el primer año. Ahora (esto se mantiene) es del 8,5% del costo de la VTV. Cada vez que un dueño saca un lugar para hacer la revisión, desde una pagina de internet, Soluciones se queda con una parte. ¿De cuanto?. Para los coches de uso particular hoy el paso por los talleres cuesta $ 79.000 y para los que pesan más de 2.500 kg (camionetas, camiones chicos, etc) el precio es $ 143.000. O sea: Soluciones se queda con un mínimo de $ 2.500 pesos y hasta $ 11.000 por instalar la “tiqueadora” Soluciones SA estaba a cargo de Sebastián Andrés Desio, un hombre cercano al equipo de D'Onofrio y que tenía vínculos con el Frente Renovador. Compró la empresa cinco días antes de que se le concediera el servicio en el ministerio de Transporte (el 10 de mayo de 2023). También era dueño de una inmobiliaria que alquiló inmuebles para la repartición que se creó durante la gestión de Kicillof. Hasta entonces, era una subsecretaría del ministerio de Obras y Servicios Públicos.
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