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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 13/12/2025 21:10
Al respecto, un funcionario al tanto del debate precisó que la definición se ampara en el artículo 77 de la Constitución Nacional que prevé que “las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución (...)”. Sobre este último punto, aclaró que las excepciones contenidas en el artículo 52, establecen que la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre “contribuciones”. Sin embargo, aseguran que hay varias versiones en la biblioteca que rebaten los argumentos esgrimidos por los opositores que postulan Diputados como cámara de origen. Para eso recuperan lo planteado por el jurista Segundo Linares Quintana, que retoma al ex ministro de Justicia Joaquín V. González, al sostener que “se puede iniciar en el Senado todo proyecto que no cree o aumente contribuciones, sino que las elimine o reduzca”. Asimismo, detectan como antecedentes más cercanos el tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales que inició por la Cámara Alta y que conquistó la sanción en diciembre de 2022. La Ley N° 27.667, que -destacan- contó con los votos de los senadores Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, aumentó el monto del mínimo no imponible para abonar el impuesto, número que se actualiza por IPC. Luego de que el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón cuestionara el ingreso del proyecto por la Cámara de Senadores, algo que replicaron otros legisladores como Guillermo Michel (Unión por la Patria) y Carolina Moisés (Convicción Federal), por los pasillos de Balcarce 50 sostienen que la Corte Suprema se expidió sobre el tema en un fallo del año 1948 que les da la razón. “Podía ingresar por el Senado una norma que, si bien se vinculaba con contribuciones, formaba parte de un cuerpo normativo que no era esencialmente tributario”, planteó una fuente del Ejecutivo sobre el principio de legalidad en materia tributaria, y sumó: “La Corte no interpretó el entonces artículo 44, actual artículo 52, como una regla genérica para todo proyecto que se vincule con lo impositivo, sino que admitió que cuando su objeto principal no era sobre contribuciones, podía iniciar el proceso de formación de la ley por la Cámara Alta”. En Balcarce 50 aseguran que la práctica institucional indica que el artículo 52 debe ser interpretado no como una regla general para todas las leyes que tengan alguna norma vinculada a impuestos, “sino para aquellas que creen o aumenten contribuciones o cuyo objeto principal sea el tributario”. Puede interesarte Algo similar esgrimen desde el entorno de la exministra que protagoniza las negociaciones con los bloques aliados. “No vamos a tener problemas en mantenerlo en el Senado”, plantearon, y sumaron: “No hay creación de impuestos. Quieren hacer interpretaciones raras que no tienen lugar”. Lo cierto es que, de espaldas a las críticas, los planes del presidente Javier Milei no se modificarán y la próxima semana, la flamante senadora Patricia Bullrich dará inicio al tratamiento al proyecto de “modernización” laboral con la intención de obtener media sanción durante el mes de diciembre. La contrapropuesta del kirchnerismo La oposición presentará su propia versión de los cambios que considera que deberían hacerse en materia de empleo, contrarios a los que propone la Casa Rosada, sumados los justificativos por los que se oponen a la iniciativa oficial. En el texto, que Fuerza Patria llevará como dictamen de comisión (paso previo al tratamiento en el recinto), se incluirá una serie de puntos que tuvieron colaboración de distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y los gremios, pero que sobre todo cranearon las dos espadas de Cristina Kirchner en el rubro laboral: el senador Mariano Recalde y la diputada nacional Vanesa Siley, que es además secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. La expresidenta se involucró en la confección de estos cambios que enunciará su fuerza en medio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán al menos hasta el 31 de diciembre. Entre los principales lineamientos, el proyecto plantea que el salario mínimo, vital y móvil se ubique por encima del valor de la Canasta Básica; paritarias libres, sin topes ni interferencias del Gobierno; y el pago del salario exclusivamente en dinero. Además, impulsa una reducción progresiva de la jornada laboral, que pasaría de 48 a 42 horas semanales —siete horas diarias— con la meta de avanzar a una jornada de seis horas. La iniciativa incorpora el derecho a la desconexión digital para todas las actividades, la creación por ley nacional de comités mixtos de seguridad e higiene que aborden riesgos psicosociales, y una ampliación de las licencias parentales, equiparando a padres y madres con 90 días, incluyendo a monotributistas, cuyo pago estaría a cargo de la Anses. Finalmente, el proyecto suma un apartado específico para regular el trabajo en plataformas digitales, en un intento por dar respuesta a nuevas formas de empleo.
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