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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 14/12/2025 00:59
El escándalo en la Justicia queda reflejado en los 26 jueces destituidos y las decenas de renuncias anticipadas para evitar rendir cuentas tan solo en las últimas dos décadas. Un relevamiento sobre el sistema de enjuiciamiento de magistrados en Argentina revela que en los últimos 20 años se triplicaron las destituciones respecto a todo el siglo anterior. La reforma jubilatoria de 2020 provocó una ola de 62 renuncias en apenas un mes. En varias provincias argentinas hubo jueces llevados a juicios político o investigados, por decisión de la Legislatura. O sea, una situación similar a la de Susana Medina de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia, a quien los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia decidieron por unanimidad abrirle una investigación por diversas irregularidades, denunciados en dos pedidos de juicio político formalizados en los últimos días. Los diputados enviaron ayer más de 20 requerimientos de informes al Superior Tribunal de Justicia y deberán expedirse a más tardar el 5 de enero sobre la situación de Medina. El Poder Judicial argentino atraviesa lo que el constitucionalista Alfonso Santiago definió como “el siglo de los juicios políticos”. Los números lo confirman: entre 1998 y 2023, el Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Nación tramitó 26 juicios políticos contra jueces federales, con un saldo de 18 destituciones efectivas y 8 absoluciones. Pero, además, otros 11 magistrados renunciaron antes de que concluyera el proceso de enjuiciamiento, una estrategia que se repitió sistemáticamente en las provincias. La cifra resulta alarmante al compararla con la perspectiva histórica: desde la sanción de la Constitución de 1853 hasta 1998, en 145 años, se registraron apenas 39 juicios políticos contra jueces federales. Es decir, en las últimas dos décadas se tramitaron casi tantos casos como en el siglo y medio anterior. El contraste con Estados Unidos es aún más elocuente: en 230 años de vigencia constitucional, el país del norte destituyó apenas 13 jueces federales, menos que los 18 removidos en Argentina solo desde la reforma de 1994. La Corte Suprema y la estrategia de la renuncia El caso más emblemático de juicio político en democracia ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2003. La Cámara de Diputados acusó a cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Tres de ellos —Nazareno, López y Vázquez— renunciaron durante el proceso para evitar la destitución, una maniobra que permitía preservar ciertos beneficios y evitar la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Moliné O'Connor fue destituido en diciembre de 2003 por el Senado, que alcanzó la mayoría de dos tercios en 2 de las 9 acusaciones formuladas, aunque no logró inhabilitarlo. Antonio Boggiano corrió la misma suerte en septiembre de 2005, convirtiéndose en el último juez de la Corte Suprema destituido por juicio político en Argentina. El patrón se repitió en 2015 con Carlos Fayt, quien renunció a los 97 años mientras el Frente para la Victoria impulsaba en la Comisión de Juicio Político una investigación para evaluar su capacidad psicofísica. 2020: la estampida jubilatoria El año 2020 marcó un punto de inflexión. Cuando el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto para modificar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial, la respuesta fue inmediata: en apenas un mes, 62 jueces, fiscales y defensores de la Justicia nacional presentaron sus renuncias para preservar los beneficios del sistema anterior. Los primeros 10 magistrados renunciaron entre el 18 y el 20 de febrero, apenas días después de conocerse la iniciativa oficial. En los días siguientes, la cifra trepó hasta 62, elevando las vacantes en el Poder Judicial federal al 30 por ciento. Entre los fiscales, 23 presentaron renuncia, aunque 8 la retiraron posteriormente. El caso del Tribunal Oral Federal 6 fue paradigmático. Los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo renunciaron el mismo día, dejando al tribunal sin magistrados titulares en pleno desarrollo de juicios contra Ricardo Jaime, Cristóbal López y Romina Picolotti, entre otros. La Cámara Federal de Casación Penal debió reincorporarlos como jueces jubilados para evitar que las causas se cayeran. La reforma buscaba incrementar la edad jubilatoria de 60 a 65 años, aumentar los aportes del 12 al 19 por ciento y modificar el cálculo del haber, pasando del 82 por ciento móvil sobre el último sueldo al 82 por ciento del promedio de los últimos diez años. El sistema especial permitía jubilaciones que alcanzaban entre 235.000 y 335.000 pesos mensuales, hasta 17 veces más que la mínima. El mapa provincial de las destituciones En las provincias, el panorama no es menos preocupante. Mendoza lidera el ranking con cuatro jueces federales enviados a juicio político: Otilio Roque Romano, Luis Miret y Luis Leiva fueron destituidos, mientras que Walter Bento, del Juzgado Federal N°1, corrió la misma suerte en 2023 tras acumular ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva. En diciembre de 2025, el juez penal Sebastián Sarmiento fue suspendido por 13 votos contra 8 y enviado a juicio político por otorgar libertades condicionales improcedentes. Tucumán vivió un episodio inédito en noviembre de 2021 cuando en una sola semana fueron destituidos dos jueces por el Jurado de Enjuiciamiento. Orlando Stoyanoff Isas, titular del Juzgado de Familia N°4, fue removido por unanimidad tras un violento enfrentamiento vial que quedó registrado en video. Daniel Pisa, juez penal, fue destituido por actuar sin perspectiva de género en el caso del femicidio de Paola Tacacho, apenas horas antes de obtener su jubilación con el 82% móvil. En la provincia de Buenos Aires, el caso más resonante es el de Julieta Makintach, destituida por unanimidad en noviembre de 2024 por el Jurado de Enjuiciamiento tras el escándalo del documental “Justicia Divina” sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Sus colegas del Tribunal Oral Criminal 3 de San Isidro, Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, permanecen suspendidos desde 2021 mientras se tramita el jury por haber absuelto en 2018 a los acusados del femicidio de Lucía Pérez. El tercer integrante del tribunal, Eduardo Carnevale, renunció antes del proceso para iniciar sus trámites jubilatorios. Jujuy registró una sucesión de renuncias estratégicas en 2022. Los jueces Clara de Langhe de Falcone, Elizabeth Altamirano y Sergio González dimitieron para evitar el proceso de enjuiciamiento y asegurar sus jubilaciones. El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni calificó la situación como “una apretada clarísima” del entonces gobernador Gerardo Morales contra los magistrados. Entre Ríos: el caso Medina En Entre Ríos, el sistema de enjuiciamiento ha registrado algunos pocos casos recientes, aunque actualmente tramita uno de los más polémicos: el pedido de juicio político contra Susana Medina de Rizzo, vocal del Superior Tribunal de Justicia y hasta hace días presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Antes habían sido denunciados los vocales Gisela Schumacher (cuyo caso fue desestimado), el expresidente del STJ, Emilio Castrillón y el de Carlos Chiara Díaz. Estos dos últimos decidieron acogerse a la jubilación antes de que siguieran avanzando sus casos. Mientras tanto, el caso de la vocal Claudia Mizawak no avanzó más allá de la comisión de Juicio Político de Diputados y por ende su denuncia fue desestimada. En el caso de Medina de Rizzo, hubo dos pedidos de juicio político. Por un lado, la denuncia presentada por el exdirigente gremial de AGMER Gualeguaychú, Eugenio Jacquemain, la acusa de acumular aproximadamente 668 días hábiles de ausencias entre 2016 y 2025 —equivalentes a más de tres años judiciales completos—, muchas utilizadas para viajes, congresos y actividades de AMJA costeadas con recursos del Poder Judicial provincial. Solo en 2025 acumuló 32 días de ausencia hasta mediados de año. Y este miércoles ingresó la denuncia de la ONG Entre Ríos sin corrupción, que le objetó a Medina la morosidad en la resolución de las causas de la Sala Laboral, donde ella es la actual presidenta y los acuerdos comerciales con una entidad crediticia de esta provincia y una fundación ligada a ella, en especial en su condición de presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), cargo al cual renunció en los últimos días. El pedido de juicio político tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados, fue analizado por los legisladores de la comisión de Juicio Político y allí, tras varias horas de debate, se decidió abrirle causa a la jueza Medina. Ayer a la mañana se enviaron más de 20 pedidos de requerimiento de información, en especial al Poder Judicial, como así también a Migraciones, por la cantidad de viajes que hizo la jueza al exterior en los últimos 10 años. Las consecuencias de la destitución Un fallo reciente de la Corte Suprema dejó en claro que la destitución por mal desempeño implica la pérdida del derecho a la jubilación especial. Al validar el artículo 29 de la ley 24.018, el máximo tribunal estableció que un juez que no cumple correctamente sus funciones no puede acceder a un régimen pensado para garantizar que los magistrados ejerzan con libertad e independencia. Esta doctrina transforma la renuncia anticipada en una estrategia doblemente ventajosa: evita la inhabilitación para ejercer cargos públicos y preserva los beneficios jubilatorios que, de otro modo, se perderían con la destitución. El debate de fondo Los números plantean interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento de magistrados en Argentina. Por un lado, la multiplicación de casos puede interpretarse como una señal de mayor control institucional sobre el desempeño judicial. Por otro, el patrón sistemático de renuncias anticipadas sugiere que el mecanismo está siendo utilizado como herramienta de presión política, más que como instrumento de depuración efectiva del sistema judicial. El constitucionalista Alfonso Santiago advierte en su estudio que “el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales, impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”. La comparación con Estados Unidos —13 destituciones en más de dos siglos— pone en evidencia una realidad preocupante: en Argentina, el juicio político se ha convertido en una herramienta de uso corriente, muy lejos del carácter excepcional que debería tener en un sistema republicano. Con el caso de Susana Medina en trámite en Entre Ríos, el debate sobre los límites éticos del ejercicio del poder judicial y la efectividad de los mecanismos de control vuelve a instalarse en el centro de la agenda institucional argentina.
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