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Colon » El Entre Rios
Fecha: 13/12/2025 09:31
Una investigación iniciada hace varios meses por unidades de la Policía Nacional del Uruguay permitió desarticular una estructura laboral presuntamente irregular que operaba en Paysandú y Salto, y que mantenía a más de medio centenar de trabajadores extranjeros en condiciones de alta vulnerabilidad. Según lo indicaron las primeras informaciones publicadas por la prensa uruguaya, algunos de los procedimientos se llevaron a cabo en quintas citrícolas. En una conferencia realizada en la Jefatura de Policía de Paysandú, las autoridades brindaron detalles de la denominada Operación “Incaico”, que culminó –hasta el momento– con la formalización e imposición de prisión preventiva por 90 días a un ciudadano argentino, señalado como responsable de la organización de la cuadrilla de trabajadores. En la instancia participaron el jefe de Policía, comisario general Alejandro Sánchez, el coordinador ejecutivo Leonardo Haiache do Prado y el fiscal de Segundo Turno, Joaquín Suárez, quienes expusieron de manera conjunta el alcance, los resultados preliminares y la proyección de una investigación que –según todos subrayaron– continúa abierta y que podría derivar en nuevas imputaciones. El jefe de Policía explicó que la operación tuvo origen meses atrás, a partir de información proveniente de diferentes áreas de la Policía Nacional uruguaya y de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible presencia de ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad laboral dentro del departamento. “Esta es una investigación que arrancó allá por el mes de junio, con informaciones cruzadas… y comenzamos a trabajar directamente en esta operación que la denominamos ‘Incaico’ porque en primera instancia recibimos una denuncia anónima que indicaba que algunos ciudadanos peruanos podrían estar en situación de vulnerabilidad”, indicó Sánchez. Agregó que, ante ese indicio inicial, se comenzó un análisis coordinado que fue sumando actores y permitiendo diseñar un operativo capaz de intervenir simultáneamente en distintos puntos. “Allí comenzamos a trabajar, liderada la investigación por el doctor Joaquín Suárez de Fiscalía de Segundo Turno, y más exactamente el martes, después de muchas horas de trabajo y análisis, con apoyo de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, Interpol –que tuvo un rol importantísimo–, la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Trabajo, se llevaron a cabo tres allanamientos”. El jerarca destacó además las dificultades del despliegue operativo. “Quiero resaltar el compromiso y profesionalidad de todos los policías y funcionarios de las instituciones del Estado que trabajaron en un día complejo, con inclemencias climáticas y en terrenos muy difíciles. Aun así, se lograron los primeros objetivos, y a partir de allí comenzó la fase más intensa de la investigación”. El fiscal Joaquín Suárez explicó que la operación se inició con dos allanamientos simultáneos, uno en un predio rural y otro en un inmueble industrial de Paysandú. Un tercer procedimiento se realizó en el departamento de Salto. “Los allanamientos comenzaron con dos simultáneos: uno en un campo dedicado a la actividad cítrica y forestal, y otro en un inmueble industrial de la ciudad. Producto de estas actuaciones se individualizaron 52 trabajadores de origen extranjero, 14 de nacionalidad peruana y 38 de nacionalidad argentina, entre los cuales se encontraban también una mujer y un adolescente”, precisó. De acuerdo con lo relevado por los equipos estatales, todos se encontraban en un contexto de vulnerabilidad que demandó una respuesta inmediata y coordinada. “Desde el primer momento tomamos como enfoque la protección de estas personas. Ayer, por ejemplo, se tomó declaración a 11 trabajadores peruanos, quienes ya prestaron testimonio en calidad de víctimas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 4º Turno, mediante Cámara Gesell”, explicó Suárez. De forma paralela, y siempre bajo supervisión judicial, se dispusieron medidas de cierre de fronteras para personas vinculadas a la empresa investigada, aún no formalizadas, con el objetivo de asegurar su presencia en el país mientras continúan las diligencias. La novedad más relevante se dio en la audiencia celebrada ante el Juzgado de Cuarto Turno, donde la Justicia accedió al planteo fiscal y dispuso la formalización de un ciudadano argentino, considerado uno de los responsables de la conducción de la cuadrilla. Se le imputó la presunta comisión del delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso, figura asociada a la trata laboral. Asimismo, se decretó la prisión preventiva por 90 días, medida que el fiscal explicó como excepcional pero necesaria. “La formalización no implica una condena, y se mantiene la presunción de inocencia. Sin embargo, la sede compartió la valoración de Fiscalía respecto a riesgos concretos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de asegurar la protección de las víctimas”. En los procedimientos participaron equipos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluido el propio inspector general Luis Puig, la subinspectora general Andrea Bouret y dos equipos inspectivos. Suárez destacó la importancia del aporte de estos equipos: “Sus conclusiones primarias sobre las condiciones ambientales y generales de trabajo fueron claves para sustentar decisiones inmediatas y orientar la investigación”. El Ministerio constató múltiples irregularidades tanto ambientales como formales y 29 intimaciones de regularización por lo que se dispuso “la clausura preventiva de viviendas, comedores y servicios higiénicos, al considerarse inhabitables”. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores eran captados desde el exterior, trasladados hasta la frontera y luego conducidos hacia los lugares de actividad en Uruguay, con alojamiento proporcionado por la empresa. Suárez indicó que se detectaron “elementos de control sobre el desarrollo de la actividad y condiciones completamente inadecuadas, lo que agrava la situación”. Acompañamiento a las víctimas La Unidad de Víctimas de Fiscalía estuvo presente desde el inicio, brindando información sobre derechos, asistencia emocional, coordinación de alimentación y alternativas de alojamiento. Suárez subrayó que varios de los ciudadanos peruanos expresaron su voluntad de regresar a su país, motivo por el cual se les tomó declaración anticipada. En el caso de los trabajadores argentinos, se avanza en la coordinación para registrar sus testimonios con las mismas garantías. A pesar de los avances, las autoridades insistieron en que la investigación continúa activa y que se analizan más responsabilidades. “Hay múltiple evidencia documental y digital incautada durante los allanamientos, y hay diligencias ya planificadas. Lejos de ser un cierre, es un punto de avance relevante dentro de una investigación que recién está tomando forma”, afirmó Suárez. El jefe de Policía, por su parte, remarcó el rol del Estado en su conjunto. “El Estado estuvo presente desde el primer momento, con todas sus instituciones trabajando en coordinación para proteger a las personas y garantizar que situaciones como estas sean investigadas con el rigor que corresponde”, concluyó. Fuente: El Telégrafo
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