12/12/2025 11:12
12/12/2025 11:11
12/12/2025 11:01
12/12/2025 10:59
12/12/2025 10:58
12/12/2025 10:57
12/12/2025 10:56
12/12/2025 10:55
12/12/2025 10:54
12/12/2025 10:53
Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 12/12/2025 09:30
Compartilo con El Gobierno provincial oficializó la implementación de la Ley 11.232, que adhiere al régimen nacional de transparencia fiscal. La medida exige a los comercios discriminar la carga tributaria en el precio final y prohíbe al Estado promocionar servicios como “gratuitos”. Mientras el oficialismo destaca el sinceramiento de precios, el sector comercial afronta el desafío de la adecuación administrativa. La provincia de Entre Ríos ha puesto en plena vigencia el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Tras la promulgación de la Ley Provincial Nº 11.232 y su publicación en el Boletín Oficial N°28.227, los comercios y prestadores de servicios están obligados a discriminar los impuestos en tickets y facturas que entregan a los usuarios finales. La normativa, impulsada por la administración del gobernador Rogelio Frigerio, busca alinear la legislación local con la Ley Nacional del Ticket (Ley 27.743). En la práctica, esto implica que cada comprobante deberá desglosar el precio neto del producto y, por separado, el impacto del IVA, otros tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales como Ingresos Brutos. Asimismo, cuando la venta esté exenta, deberá figurar la leyenda “precios sin impuestos”. Argumentos oficiales y el fin de lo “gratuito” Uno de los puntos más relevantes de la ley excede al sector privado y recae sobre la comunicación pública: se prohíbe que los servicios financiados con recursos estatales sean presentados como “gratuitos”. La normativa exige aclarar que dichos servicios son solventados con los aportes de los contribuyentes. “El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando”, sostuvo Frigerio, quien enmarcó la iniciativa dentro de un proceso de modernización administrativa. Según el mandatario, esta medida no busca generar nuevas cargas, sino “sincerar” la economía y fortalecer la competencia al exponer la incidencia real del Estado en el costo de vida. Desafíos y matices de la implementación Si bien la medida es presentada como un avance en los derechos del consumidor, su aplicación plantea desafíos logísticos. Aunque el gobierno asegura que no implica nuevos costos tributarios, la adecuación de los sistemas de facturación y controladores fiscales requiere una actualización de software por parte de los comerciantes, un proceso que a nivel nacional generó tensiones en las pymes durante la primera mitad del año. Por otro lado, especialistas en tributación advierten que, si bien la discriminación de impuestos en tickets y facturas visibiliza la presión fiscal, esta información no se traduce automáticamente en una baja de precios para el consumidor. La transparencia expone la carga impositiva, pero el precio final sigue dependiendo también de los márgenes de ganancia y los costos operativos del sector privado, en un contexto económico que busca la estabilización. Finalmente, la ley invita a los municipios entrerrianos a adherir mediante ordenanzas propias, lo que permitiría que, en el futuro, las tasas municipales también aparezcan discriminadas, completando el mapa de la carga tributaria que afronta el ciudadano en cada compra.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por