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» Santo Tome al dia
Fecha: 11/12/2025 18:23
El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, presentó un proyecto de Comunicación solicitando información sobre “actuaciones administrativas y/o medidas disciplinarias y/o resoluciones adoptadas a partir de la denuncia penal (R-283435-25)”, formulada contra profesionales que integraban un equipo técnico del Poder Judicial santafesino. Dicho equipo interdisciplinario intervino en la causa “S, J.S. c/ D, V.A. s/Alimentos, Litis Expensas, Tenencia y Régimen de Visitas” (Expte. 64/2014), tramitada en su momento en el Tribunal Colegiado de Familia N°5, Secretaría Segunda. El legislador fundamentó su pedido en la denuncia penal presentada por la abogada Carolina Walker Torres, quien intervino como querellante en esa causa. En relación al caso, Palo Oliver señaló que “el equipo denunciado entrevistó a dos niñas que, de acuerdo al fallo dictado en el marco de una investigación penal por abuso sexual agravado, fueron víctimas de actos aberrantes consumados por su padre”. Según explicó, “las profesionales denunciadas, que forman parte del Poder Judicial santafesino, realizaron un informe según el cual los hechos descriptos por las niñas no eran abusos sexuales en tanto que obedecían a prácticas naturalizadas en el núcleo familiar”. Diez años después de aquel informe, dos de las profesionales que lo redactaron ratificaron su contenido durante su participación como testigos en el proceso penal seguido contra el padre de las niñas. Al respecto, el legislador recordó que “mediante el informe referido, en el año 2016 las profesionales recomendaron la revinculación de las niñas con su padre, aún en conocimiento de la existencia de la denuncia penal por abusos sexuales”. También remarcó que “la negativa de las niñas a la reanudación del contacto con su padre tampoco fue considerada en el dictamen formulado por el Equipo interviniente”. Palo Oliver destacó además que las profesionales fueron denunciadas como coautoras de los delitos de prevaricato, denegación de justicia, violación de deberes de funcionario público, omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, debido a la gravedad del delito y su condición de funcionarias públicas. En la denuncia penal, la abogada Walker Torres señaló que las profesionales aplicaron el denominado "síndrome de alienación parental". En esa línea, se incorporó en el informe judicial la siguiente afirmación: “La Sra. S. ha establecido una suerte de binomio madre-hijas frente al padre. Prevalece en ellas una mirada de la realidad egocéntrica, no diferenciando su propio yo del de sus hijas...”. A partir de esa conclusión, las profesionales descartaron que el relato de las niñas correspondiera a hechos realmente sucedidos. Sin embargo, en el mismo informe, las profesionales indicaron que las conductas abusivas eran “juegos”, parte de la “dinámica relacional de la familia”, o prácticas que “adquirieron la connotación de abuso sexual por parte de la madre de las menores luego de la separación de la pareja conyugal”. Palo Oliver subrayó: “Diez años después, las profesionales que testimoniaron en el juicio criminal sostuvieron las conclusiones del informe hasta el punto de afirmar que las niñas consintieron los abusos de su padre. Una afirmación que por sí misma indica la necesidad de adoptar medidas en relación a los profesionales”. Finalmente, el legislador concluyó: “Por todo ello es que queremos saber qué medidas ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la provincia, ante la denuncia penal presentada, observando que la actuación del equipo es un ejemplo de cómo el propio sistema judicial reproduce y legitima violencias, invisibiliza abusos y conductas agresivas contra las infancias y lesiona los derechos de las víctimas”.
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