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» Santo Tome al dia
Fecha: 11/12/2025 18:15
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de La Paz y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Está acusado de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, según consta en el mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía. La causa que lo involucra se vincula al manejo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales (2006–2019). De acuerdo con la investigación, Arce autorizó la ejecución de un proyecto presentado por la exdiputada Lidia Patty Mullisaca —también detenida— a pesar de la existencia de irregularidades administrativas, como la ausencia de informes técnicos y financieros. Parte de los fondos habrían sido transferidos a una cuenta personal, lo que desencadenó la denuncia. El fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez señaló que Arce, como integrante del directorio del Fondo, promovió operaciones bajo la modalidad de transferencias público-privadas sin el debido cumplimiento de la normativa vigente. Respaldos y críticas Tras conocerse la detención, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció lo ocurrido como un "secuestro", aunque no se opuso a la investigación judicial. Por su parte, el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, respaldó el procedimiento y envió un mensaje contundente: “Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la Justicia”. Luis Arce dejó el poder el pasado 8 de noviembre, tras ser sucedido por el presidente centrista Rodrigo Paz. En sus últimos días de mandato, había asegurado que no abandonaría Bolivia y que regresaría a la docencia universitaria. Hoy, sin embargo, permanece detenido y afronta una investigación judicial que podría derivar en un proceso penal por hechos ocurridos años antes de su presidencia.
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