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» tn24
Fecha: 01/12/2025 19:25
La iniciativa impulsa cambios profundos en el Código Penal vigente desde 1921: castigos más altos, nuevas figuras vinculadas al cibercrimen, el ecocidio y la corrupción, y la imprescriptibilidad de delitos violentos y sexuales. Patricia Bullrich afirmó que las penas por corrupción serán “severísimas”. El Gobierno nacional oficializó este domingo que enviará al Congreso una reforma integral del Código Penal, un proyecto que busca modernizar una estructura normativa con más de un siglo de vigencia. La iniciativa propone un endurecimiento generalizado de las penas, incorpora delitos adaptados a la era digital y amplía el alcance de figuras relacionadas con la violencia, la corrupción y el crimen organizado. Durante la presentación, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich —quien acaba de renunciar para asumir su banca en el Senado— sostuvo que los delitos de corrupción “tendrán penas gravísimas”, y remarcó que el proyecto eleva los mínimos de las condenas para evitar excarcelaciones tempranas. También enfatizó que los homicidios agravados con prisión perpetua dejarán de tener un límite temporal, transformándose en condenas efectivas de por vida. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el nuevo esquema llevará al 82% de los delitos a la categoría de prisión efectiva. Además, el texto declara imprescriptibles hechos especialmente violentos, como homicidios —simples y agravados—, abusos sexuales, trata, terrorismo y narcotráfico. Los ejes centrales de la reforma El borrador incluye un amplio paquete de actualizaciones y nuevas figuras penales. Entre ellas, se destacan: Violencia en eventos masivos: Se crean delitos específicos para sancionar agresiones, peleas y disturbios en estadios, recitales y grandes concentraciones. También se responsabiliza a organizadores que faciliten o encubran estas situaciones. Narcotráfico: Las penas se agravan en toda la cadena: cultivo, producción, almacenamiento, transporte y venta. Habrá castigos mayores si intervienen funcionarios públicos o menores de edad. Extinción de dominio y decomiso: Se fortalecen los mecanismos que impiden recuperar bienes obtenidos mediante delitos. Los bienes podrán ser decomisados incluso ante maniobras de ocultamiento. Bienes culturales: Se penaliza el tráfico, daño o sustracción de piezas arqueológicas, históricas o artísticas, un delito creciente asociado a redes internacionales. Compra y venta de niños: Las condenas se elevan para todos los eslabones del circuito ilegal, incluidos intermediarios y facilitadores. Delitos contra la familia: Se actualizan figuras vinculadas al abandono, el incumplimiento de deberes y agresiones intrafamiliares. Tragedias viales: Las picadas, el manejo temerario o bajo efectos de alcohol y drogas, y los siniestros con víctimas fatales tendrán penas más duras, con agravantes según el número de víctimas. Protección ambiental: Por primera vez se incorpora el ecocidio como delito autónomo. Se penan daños masivos a ecosistemas, áreas protegidas o recursos hídricos. Mayor protección a personas vulnerables: Se elevan los castigos cuando las víctimas sean menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Interrupción Voluntaria del Embarazo: La reforma mantiene intacta la Ley 27.610. Violencia de género: Se incorporan tipos penales vinculados a violencia física, sexual y digital, incluida la difusión no consentida de imágenes íntimas. Nuevos delitos de la era digital y económica El proyecto suma categorías que hasta ahora no estaban claramente tipificadas: Cibercrimen: Acceso indebido, fraudes informáticos, usurpación de identidad digital, grooming y pornovenganza. Motochorros: Se tipifica la modalidad delictiva con agravantes por el riesgo generado. Corrupción: Se agravan las penas por cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. Bullrich sintetizó: “si sos funcionario y te robás la plata, las vas a pagar fuerte”. Lavado de activos: Se amplían herramientas para rastrear bienes, perseguir testaferros y colaborar con organismos internacionales. Terrorismo: Se actualizan los estándares de persecución, con foco en ataques a infraestructura crítica y sistemas digitales. Crimen organizado transnacional: Se fortalecen sanciones para tráfico de armas, trata de personas, contrabando a gran escala y redes de corrupción. Delitos económicos y financieros: La reforma penaliza conductas que afecten la estabilidad fiscal y monetaria, desde evasión organizada hasta operaciones fraudulentas y falsificación monetaria. Transparencia electoral y desinformación: Se crean más de 30 tipos penales para combatir la manipulación digital, los perfiles falsos, los bots y campañas destinadas a modificar la voluntad del electorado. Con la presentación de este proyecto, el Gobierno abre uno de los debates legislativos más amplios y complejos de los últimos años, en un contexto político donde se anticipa un fuerte cruce entre oficialismo y oposición por el alcance y las implicancias del nuevo Código Penal.
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