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CABA » Plazademayo
Fecha: 01/12/2025 18:26
Venezuela denunció como una agresión ilegal y una amenaza colonialista la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar el cierre total del espacio aéreo venezolano. Gobiernos latinoamericanos repudiaron la medida por considerarla un grave ataque a la soberanía y al Derecho Internacional. La República Bolivariana de Venezuela denunció y condenó enérgicamente una «amenaza colonialista» y una «agresión extravagante, ilegal e injustificada» tras el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar totalmente el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. Este acto, calificado como hostil, unilateral y arbitrario, ha provocado un rechazo inmediato de gobiernos latinoamericanos, que lo consideran un ataque directo a la soberanía nacional y al Derecho Internacional. El mensaje, difundido por el mandatario estadounidense en redes sociales, advertía a «todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» que el espacio aéreo venezolano y sus alrededores permanecería «cerrado en su totalidad». Una Afrenta a la Soberanía Aérea El gobierno venezolano repudió la intención de EE.UU. de aplicar extraterritorialmente su jurisdicción ilegítima, lo que amenaza la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial y la seguridad aeronáutica del Estado venezolano. En un comunicado oficial emitido el 29 de noviembre de 2025, Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El texto subraya que el Convenio de Chicago de 1944, en su Artículo 1, establece de manera categórica que «cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio«. Venezuela advirtió que no aceptará órdenes, amenazas o injerencias de ningún poder extranjero, ya que ninguna autoridad ajena tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso de su espacio aéreo nacional. Asimismo, el comunicado venezolano denunció que esta acción es incompatible con los principios del Derecho Internacional y se inscribe en una política permanente de agresión contra la región, con «pretensiones coloniales». Se asegura que el intento de intimidación viola el Artículo 1 de la Carta de la ONU, que consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como propósito fundamental. Además, Venezuela enfatizó que estas declaraciones constituyen una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida clara e inequívocamente por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas. Como consecuencia de esta acción, el gobierno de EE.UU. ha suspendido de manera unilateral, regular y semanal, los vuelos para la repatriación de migrantes venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria, que a la fecha había realizado 75 vuelos para la repatriación de 13.956 ciudadanos. Rechazo Latinoamericano y Crisis del Derecho Internacional La condena al cierre del espacio aéreo venezolano resonó rápidamente en América Latina. El presidente de Colombia y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Gustavo Petro, cuestionó públicamente la legitimidad del acto. Petro se preguntó bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país puede cerrar el espacio aéreo de otra nación, advirtiendo que, si esto ocurre, «se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional‘». Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó el anuncio como un «acto agresivo» para el cual ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales. Rodríguez señaló que la medida constituye una «gravísima amenaza al Derecho Internacional» y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y gobierno venezolano. Cuba llamó a la comunidad internacional a denunciar este hecho como el «preludio de un ataque ilegítimo«, advirtiendo sobre las consecuencias incalculables e impredecibles para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. La Denuncia por las Ejecuciones en el Caribe y el Motivo Petrolero Esta escalada aérea se produce en el marco de una campaña de hostigamiento más amplia. Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa (más de 14 buques y 15.000 efectivos) frente a las costas venezolanas, bajo la operación denominada ‘Lanza del Sur‘, supuestamente para combatir el narcotráfico. Sin embargo, autoridades venezolanas denuncian que el objetivo real de Washington es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. El presidente Nicolás Maduro denunció esta pretensión ante la OPEP y OPEP+, advirtiendo que el uso de la fuerza militar afectaría seriamente los equilibrios del mercado energético mundial. Como parte de la ‘Operación Lanza del Sur’, se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que los ciudadanos fallecidos por estos bombardeos en el Caribe fueron «ejecutados«. La Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria para crear una «comisión especial» que investigue estos acontecimientos. Se ha reportado, citando fuentes del The Washington Post, que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio una orden verbal de «matarlos a todos» en el primer ataque del 2 de septiembre contra una supuesta «narcolancha», resultando en un segundo ataque que pulverizó a dos supervivientes que se aferraban a los restos humeantes. Estos operativos letales han causado más de 70 u 80 personas muertas, sin que exista evidencia de que realmente traficaran con estupefacientes. Expertos internacionales han calificado los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional. Datos que Contradicen la Narrativa de Washington A pesar de que Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico sin pruebas ni sustento y ha duplicado la recompensa por su captura, organismos internacionales y la propia DEA de EE.UU. señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico con destino a Estados Unidos, ya que más del 80 % de las drogas en la región utilizan la ruta del Pacífico. La vicepresidenta Delcy Rodríguez enfatizó que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos energéticos naturales y seguirá ejerciendo plenamente su soberanía, protegida por el Derecho Internacional. Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil también han condenado las acciones estadounidenses en el Caribe. La defensa de la soberanía aérea en la región puede compararse con el cerrojo de una casa: el Convenio de Chicago (Artículo 1) establece que cada Estado posee la llave y el derecho absoluto sobre ese cerrojo (su espacio aéreo). Cuando una potencia extranjera intenta colocar su propio candado sobre la propiedad de otro, sin respaldo legal, no solo viola los acuerdos de convivencia (Derecho Internacional) sino que destruye la confianza fundamental en que cada nación puede gestionar su propio hogar sin injerencias.
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