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» Elterritorio
Fecha: 01/12/2025 05:32
El Comité contra la Tortura pidió una revisión urgente de las prácticas de detención y alertó por la falta de comida, la infraestructura deficiente, la situación de las mujeres y menores de edad privados de libertad y criticó el proyecto que busca reducir la edad de punibilidad a los 14 años. domingo 30 de noviembre de 2025 | 1:20hs. Imagen ilustrativa. Un contundente escrito del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) sobre el séptimo informe periódico de Argentina, apuntó y alertó sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en el país. En el escrito se reclamaron medidas urgentes para frenar prácticas que, según advirtieron, violan estándares básicos de derechos humanos. En las Observaciones Finales -cuyo borrador se publicó el 28 de noviembre-, el organismo pidió “poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de larga duración” y exigió al Estado que garantice condiciones mínimas de alojamiento, alimentación adecuada y atención sanitaria en todos los centros de detención. Especial énfasis hicieron al estado de los penales para mujeres, en los que relevaron hechos de violencia obstétrica y falta de insumos de higiene básicos. También lamentaron y pidieron revisar las casi nulas alternativas a la detención, en el caso de aquellas mujeres procesadas que están embarazadas o tienen niñas y niños a cargo. Excesivo tiempo en comisarías y sobrepoblación carcelaria Una de las advertencias más duras se refirió a la permanencia prolongada de sospechosos o personas detenidas en comisarías, práctica que el Comité calificó como incompatible con las obligaciones internacionales del país. El organismo instó a promover de inmediato su traslado a establecimientos adecuados, así como asegurar “acceso inmediato a atención médica, instalaciones sanitarias en condiciones, agua potable y una alimentación suficiente”. También pidió evaluar alternativas a la detención para evitar el colapso de estas dependencias. En las cárceles, el diagnóstico fue igualmente severo. La ONU apuntó contra la sobrepoblación, deterioro edilicio, escaso acceso a atención en salud mental y “deficiencias en los programas de rehabilitación por consumo de sustancias”. A esto sumó su preocupación por la falta de separación entre las personas que están procesadas (es decir, imputadas o todavía bajo investigación) de las que cumplen una condena efectiva, y por la persistencia de prácticas abusivas. Alerta pactos abusivos como “registro corporal” Respecto de las mujeres privadas de libertad, alertó sobre “una atención médica especializada inadecuada”, violencia obstétrica, falta de insumos básicos y la detención de internas lejos de sus lugares de arraigo. El informe también mencionó denuncias por “tactos vaginales como método de registro corporal” en el penal de Ezeiza y señaló la necesidad de limitar estrictamente los registros invasivos. El informe también cuestionó la falta de rigurosidad en exámenes médicos al ingreso de detenidos, demoras en el acceso a que los presos tengan defensa legal y la ausencia de un sistema nacional unificado para registrar en tiempo real a todas las personas privadas de libertad, información clave para el control judicial y la prevención de abusos. ¿Cuál es la situación de la juventud en conflicto con la ley? El Comité dedicó un apartado a la situación de niños, niñas y adolescentes, donde expresó alarma por la persistencia de detenciones en comisarías, el alojamiento en centros alejados de sus familias y la convivencia con adultos en algunos establecimientos. La ONU pidió que la detención sea “solo como último recurso” y cuestionó con firmeza el proyecto de ley que pretende reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años: “El Estado Parte debe velar por que no se reduzca la edad mínima de responsabilidad penal”, sostuvo. En sus observaciones, la ONU también alertó sobre un aumento de denuncias por malos tratos en cárceles y comisarías desde el año 2024. Reclamó suspender “de forma inmediata” a aquellos agentes involucrados mientras avanzan las investigaciones y fortalecer la capacitación en técnicas de interrogatorio no coercitivas. Asimismo, instó a revisar el uso de instrumentos de contención y a reducirlos progresivamente hasta eliminarlos. Piden revisar el “protocolo *antipiquetes” de Bullrich Otro punto crítico fue el uso de la fuerza en tareas policiales y en manifestaciones. El Comité expresó preocupación por detenciones masivas, hostigamiento y violencia desproporcionada, y llamó a revisar resoluciones vigentes del Ministerio de Seguridad Nacional por considerar que amplían, de forma indebida, formas discrecionales con las que la policía puede actuar para detener a personas en estos contextos, sin necesidad incluso de identificarse. El Comité subrayó la necesidad de garantizar la grabación de todos los operativos y de investigar sin demora posibles abusos, incluidas denuncias vinculadas a protestas sociales. Por otro lado, el organismo manifestó preocupación por los altos índices de muertes en custodia —principalmente por enfermedades, pero también por suicidios y homicidios— y pidió aplicar protocolos de investigación independientes, así como revisar las estrategias de prevención dentro de los establecimientos. Un 40% de personas detenidas en Misiones, todavía sin condena En Misiones, los relevamientos en comisarías y cárceles tampoco distan del diagnóstico que ofreció la ONU. En los primeros seis meses de este 2025, la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro de la provincia observó y advirtió que falta limpieza y mantenimiento en los edificios penitenciarios. Constanza Yudar, presidenta de la Comisión, había detallado a El Territorio que cerca de 872 personas están alojadas en comisarías, “y eso significa un volumen muy importante, porque la policía tiene que estar cuidando a las personas que están afuera, no a las que están privadas de su libertad, y tampoco están preparados para el cuidado permanente”, señaló. En aquella entrevista, de julio del corriente año, reconoció que “tenemos condenados dentro de las comisarías” y que las cárceles "están al tope". En esa línea, valoró que “el 60% de las personas privadas de su libertad ya están condenadas o imputadas y eso es un saldo positivo”.
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