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» Diario Cordoba
Fecha: 30/11/2025 21:45
"Antes de negociar ningún acuerdo, te tienes que comprometer aquí a solucionar el tema Talgo". Es un caluroso martes, 15 de julio, en Madrid. Los presidentes de los gobiernos central y vasco, Pedro Sánchez e Imanol Pradales, tienen una cita clave en la Moncloa. Sánchez necesita pactar una batería de transferencias al País Vasco para garantizar el apoyo del PNV a su Gobierno. Pero justo antes de la reunión oficial, ambos tienen un encuentro semiinformal para hablar de un tema delicado: Talgo. El lendakari quiere cerrar de una vez por todas un proceso encallado desde hace meses. Persigue que el fabricante de trenes de alta velocidad sea controlado por un consorcio que encabeza José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y empresario industrial de referencia en el País Vasco, y en el que participa el propio Ejecutivo de Ajuria Enea. La operación, que además contempla que Talgo trasladará la sede de Madrid a Vizcaya, no se acaba de cerrar porque el consorcio ve imprescindible que la Sepi, el brazo inversor del Estado, entre en el capital. Pradales es consciente de que, aunque la llegada de Talgo al País Vasco es una medalla en su gestión, la empresa está en una situación muy delicada y necesita el respaldo estatal para negociar en condiciones más ventajosas una refinanciación de la deuda con la banca y también para optar a licitaciones en el exterior en las que se negocia directamente con otros países. Bondades y aristas El caso Talgo ilustra perfectamente las posibles bondades (ayudar a una empresa histórica en dificultades), las posibles perversiones (mezclar las necesidades políticas con las empresariales) y las aristas (¿hay que salvar una empresa en pérdidas y a la que le falta capacidad industrial?) del modelo de participación del Estado en las empresas que se aplica en España. Un modelo que, como defienden algunos expertos, tiene sus orígenes en la época franquista y que ha llegado a nuestros días en ocasiones sin una definición clara y sujeto a críticas según el interés partidista. ¿Hay una mayor presencia del Estado en las empresas españolas? La respuesta, entre comillas, es sí. La presencia del Estado en el Ibex es la mayor en 27 años, aunque realmente supone el 4,1% del capital de las 35 grandes empresas cotizadas. ¿Es entonces o no excesiva esa presencia? Si lo medimos por pura lógica, es decir, comparándonos con los países de nuestro entorno, la respuesta es que estamos al nivel de ellos. Ni EEUU ni China En España la presencia del Estado en las empresas, además de Talgo -donde tendrá, cuando se cierre, cerca del 8%-, se centra en compañías cotizadas como Caixabank (herencia de la fusión con Bankia), Aena, Indra, Telefónica, Airbus y Redeia, y también en grupos no cotizados como Navantia o Correos. En total, el valor en bolsa de las cotizadas participadas por el Estado es de unos 43.000 millones. Respecto a la comparación con los países de nuestro entorno, la realidad es que la presencia del Estado español en empresas está en la media. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe de 2024 sobre Propiedad y gobernanza de las empresas estatales, resalta que el porcentaje del mercado propiedad del sector público en España, a finales de 2023, era del 8%, como la media europea. Levemente por encima de países como Suiza, el Reino Unido e incluso Francia, y levemente por debajo de Italia (el 12% aproximadamente), Alemania e Irlanda. Otro nivel es China, con el 47% de porcentaje de capitalización bursátil en manos del sector público, y el 16% de media de los países de Latinoamérica y el Caribe. En el lado contrario, el 3% de Japón y el prácticamente 0% de EEUU. ¿Cuál es el criterio que anima o que debe guiar el llamado capitalismo estatal? En España no hay un decálogo. Ni para PSOE ni para PP. El propio presidente de los empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, siempre reclama que las decisiones se tomen "desde el área puramente empresarial". Alberto Nadal, nuevo gurú económico del PP y exalto cargo del Gobierno bajo la presidencia de Mariano Rajoy, es más concreto: "Nosotros pensamos que para que el Estado esté en un empresa tiene que haber una muy buena causa. Por ejemplo, que exista un servicio público esencial y que sea una infraestructura básica para los ciudadanos, como Red Eléctrica, o que sea un sector estratégico que afecte directamente a nuestra soberanía, por ejemplo defensa", donde se situaría el caso de Indra. El de Indra, precisamente, es uno de esos casos con aristas. El Gobierno quiere convertir a la compañía en una empresa tractora. Es decir, Indra debe ser la compañía que genere un ecosistema de defensa en un país donde apenas se ha invertido en defensa. De hecho Indra está muy lejos, con sus apenas 5.000 millones de facturación, de los campeones de defensa de Francia (Thales), con 20.000 millones, e Italia (Leonardo), con 18.000 millones. Para ello la SEPI, como máximo accionista de Indra, propuso el nombramiento de Ángel Escribano, presidente de la empresa familiar del mismo nombre y segundo máximo accionista. Y también se ha llevado a cabo un cambio radical en los consejeros independientes, con perfiles profesionales pero afines a la nueva organización. Sin olvidar que el propio Gobierno le ha concedido un crédito de 6.500 millones al 0% de interés para que agilice el plan de compras. Sea como sea, el boom de la defensa en Europa como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania y la necesidad de una autonomía estratégica, ha impulsado a Indra a lo alto de la ola bursátil: sube un 164% en lo que va de año. El caso Telefónica Más aristas: el caso Telefónica. Nadal señala que "lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, es entrar en empresas para controlar consejos de administración o cambiar a su presidente en una tarde en la Moncloa". La pulla del vicesecretario económico del PP va dirigida directamente a la sede del Gobierno, donde en enero se comunicó a José María Álvarez-Pallete su salida de Telefónica. Solo unos meses antes, la SEPI, el brazo inversor del Ejecutivo, había ido tomando posiciones en el capital de la operadora (ahora tiene un 10%) en teoría para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí con el 10%. En el caso Telefónica, las aristas no se quedan en lo conveniente o no de la salida de Álvarez-Pallete. Ahora mismo, la empresa se encuentra negociando un ere que afecta a más de 6.000 empleados. Puede que tenga toda la lógica económica, pero no deja de ser llamativo que el Estado, presente en el capital, respalde los despidos con su falta de oposición. Como resaltó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: "No compartimos que una empresa participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores". Ya ocurrió en 2021 tras la absorción de Bankia por Caixabank, con el Estado ya en el capital, que dio lugar al mayor ere de la historia de España, con 6.400 afectados. Nuevo órgano "¿Qué pinta el Estado en Telefónica para hacer un ajuste de empleo que tenían que haber hecho hace 15 años?", se pregunta a este respecto José Carlos Díez, economista y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. "Está justificado por teoría económica y por historia económica que en desarrollos industriales tempranos, donde la tecnología es incierta y donde no hay rentabilidad del capital suficiente para que entre el sector privado, el Estado puede acompañar. Pero lo que hace Pedro Sánchez es lo mismo que hacía José María Aznar: entrar en empresas que no tienen viabilidad para tomar el control y repartirse poder. Eso no tiene un sentido de país", añade. No son riesgos desconocidos. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, advierte en el informe de "los posibles conflictos de intereses, así como los riesgos de corrupción e influencia ilegal" que rodean las inversiones. Para organizar y facilitar las inversiones que vienen a España, y para evitar que sean una mera estación de paso y dejen aquí valor añadido, el Consejo de Ministros aprobó el martes la creación del Comité de Inversiones Estratégicas. Este órgano, anunciado ya por Sánchez en el Spain Investors Day de enero: "Actuará en la identificación e impulso de proyectos de inversión" y estará copresidido por la Oficina de Asuntos Económicos que encabeza Manuel de la Rocha y el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo.
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