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Parana » Informe Digital
Fecha: 30/11/2025 13:12
La alarma llegó a la Justicia a partir de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas), que agrupa a buena parte de la cadena formal y está presidida por Darío Simonetti. “Modificaron la ley para darle más competitividad al negocio y que ingresen nuevos actores, pero el efecto fue adverso”, sostuvo el titular de la Cámara en diálogo con PERFIL. En una acción declarativa de inconstitucionalidad, la entidad afirma que el decreto desmanteló de un día para otro los mecanismos de control sobre un producto inflamable y esencial para millones de hogares sin gas por red, y que ese vacío regulatorio abrió un “descontrol” que facilita posibles accidentes, una realidad que ya se advierte en el territorio. Además de la presentación judicial, la Cámara comenzó a documentar un mapa de irregularidades que se extiende por el Gran Buenos Aires, el interior provincial y otras jurisdicciones, como Corrientes. En cada expediente se repite una escena similar: garrafas vencidas, cilindros sin trazabilidad, acopios improvisados en viviendas particulares y operadores que ingresaron al negocio sin matrícula ni inspecciones técnicas. El contexto agrava la preocupación: el viernes 14 de noviembre una fuerte explosión en un parque industrial de Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas en el llamado “Polígono Industrial Spegazzini”. “El 47% usa garrafa, el resto Gas Natural. Un auditor de seguridad e higiene nos dijo que para Gas Natural hay cuatro mil inspectores. Para la Garrafa, no llegan a 7. ¿Quién controla? ¿Quién controla la venta a clandestinos? El peligro es ese, hacia la población. No es sólo que explote una casa, hay desgracias terribles, pero ¿vamos a esperar a eso para legislar?”, manifestó Simonetti. Del DNU al descontrol. Hasta la firma del DNU 446/25 y la Resolución 833/2023, que modificaron el sector y alteraron la Ley 26.020 —que estableció el régimen regulatorio de la industria y la comercialización del gas licuado de petróleo—, la actividad del gas envasado estaba regida por un entramado de resoluciones técnicas, registros, inspecciones periódicas y estándares de seguridad que alcanzaban a toda la cadena: fabricantes de envases, plantas fraccionadoras, depósitos, flotas de transporte y puntos de expendio. Esos requisitos implicaban costos adicionales, pero también fijaban un piso mínimo de seguridad sobre cómo se llenaba, almacenaba y distribuía un producto inflamable. Con la desregulación, gran parte de esa arquitectura quedó desdibujada. El decreto apuntó a “liberar” el sector y permitir la competencia plena, en sintonía con otras medidas de la gestión Milei. En la práctica, Cafadigas sostiene que esa decisión dejó un vacío que el Estado no reemplazó con ningún sistema alternativo y que la ausencia de controles fue rápidamente ocupada por operadores informales. Desde la Cámara enfatizan que el gas envasado no funciona como un mercado de bienes comunes, porque combina un insumo estratégico para los sectores más vulnerables con un producto que requiere protocolos de seguridad estrictos. “No es lo mismo vender gaseosas que vender garrafas”, señalan desde el sector cada vez que explican por qué consideran que el decreto constituyó una “desregulación a ciegas”. La propia presentación judicial remarca que el Estado renunció a su rol de fiscalizador en un ámbito que, por su naturaleza, exige intervención: autorizaciones, auditorías, revisiones de válvulas, pruebas hidráulicas periódicas, control sobre depósitos y transporte de cargas peligrosas. Sin ese entramado, advierten, se abrió la puerta para que cualquiera compre y revenda garrafas sin acreditar conocimientos técnicos ni condiciones mínimas de seguridad. La amenaza de dumping. Ante ese panorama, Cafadigas decidió llevar el conflicto a la Justicia. La acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Cámara apunta directamente contra el DNU que desreguló el gas envasado y solicita que la Justicia anule las disposiciones que desmantelaron el sistema de control sobre la actividad. La argumentación opera en varios planos. En primer lugar, desde lo jurídico: la entidad sostiene que el decreto invadió materias que correspondería debatir en el Congreso y tocó un área que requiere un tratamiento legislativo específico. En segundo lugar, desde lo técnico: el escrito enumera normas, resoluciones e instructivos que fijaban estándares mínimos y que, a partir del DNU, perdieron vigencia o quedaron en un limbo. La Cámara advierte que, al liberalizar por completo la actividad y desactivar el control sobre los operadores, el Gobierno generó condiciones de competencia desleal entre las empresas que continúan cumpliendo exigencias técnicas y los nuevos actores que operan sin esos costos. En los hechos, se configuró un escenario de dumping interno: fraccionadoras que venden a distribuidores informales a precio depredatorio y que estos, a su vez, comercializan más barato porque no pagan habilitaciones, no realizan inspecciones periódicas, no mantienen flotas reglamentadas ni invierten en depósitos seguros. La industria calcula que la continuidad del esquema podría derivar en el cierre de plantas fraccionadoras y centros de almacenamiento, con un impacto directo sobre el empleo formal. En Cafadigas estiman que unos 3.500 puestos de trabajo directos vinculados a la cadena del gas licuado podrían verse comprometidos si se consolida la competencia de operadores clandestinos. “El dumping es que queden dos o tres empresas manejando el mercado y después cobran lo que quieren ¿Como competis? Poniendo más empresas que produzcan. Acá es lo contrario. Donde no hay competencia, los precios siempre son altísimos. El estado debe fijar los precios mínimos y máximos para garantizar la seguridad”, precisó el titular de Cafadigas. Depósitos truchos y garrafas vencidas. La dimensión territorial del problema queda en evidencia en el paquete de denuncias que Cafadigas presentó en municipios de la provincia de Buenos Aires y en Corrientes. Cada expediente reúne actas, fotos e informes elaborados por áreas locales de Inspección, Defensa Civil o Seguridad, y todos coinciden en un punto: tras el DNU aumentó la presencia de operadores que no figuran en los registros formales. En el conurbano bonaerense, los focos se multiplican. En Moreno, por ejemplo, los inspectores hallaron un punto de venta instalado en la planta baja de una vivienda, con decenas de garrafas almacenadas junto a materiales combustibles y sin ventilación adecuada. Las garrafas carecían de documentación y de certificaciones visibles. En San Miguel, se detectaron camionetas que transportaban cilindros sin identificación, sin matafuegos y sin habilitación para cargas peligrosas. En Tigre, la denuncia de la Cámara describe un depósito “camuflado” en una zona residencial, donde se acopiaban más de un centenar de envases en un espacio sin salidas de emergencia ni sistemas antiincendios. En Navarro y Roque Pérez, los informes señalan comercios que empezaron a vender garrafas sin haber formado parte del circuito formal, con cilindros de origen desconocido y sin control de pesaje al público. En el interior bonaerense la misma escena se repite. En Junín, los inspectores secuestraron garrafas que llevaban más de diez años sin revalidación ni constancia de pruebas hidráulicas. En Cañuelas se detectó el uso de un galpón industrial como depósito clandestino de gas envasado, sin la habilitación específica. En Baradero, las imágenes muestran filas de garrafas con signos de corrosión, pintura descascarada y válvulas dañadas a la espera de ser comercializadas. El mapa se completa con denuncias en Corrientes, donde se señaló la irrupción de distribuidores no habilitados que ingresan garrafas sin documentación, al margen de los circuitos formales. La defensa del gobierno de la desregulación. La presentación judicial de Cafadigas y el mapa de denuncias municipales abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre la desregulación. Hasta ahora, el Gobierno defendió el DNU sosteniendo que la competencia tiende a mejorar precios y eficiencia. Así lo expresaron a PERFIL desde Casa Rosada, mientras que desde la Secretaría de Energía negaron los riesgos atribuidos a la desregulación. La Cámara, en cambio, plantea que el gas envasado no puede ser tratado como un rubro más del comercio minorista, porque involucra seguridad pública, protección de los usuarios y responsabilidad estatal.
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