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Parana » AIM Digital
Fecha: 30/11/2025 01:13
Pami trabaja en un nuevo esquema de cobertura de medicamentos que implicará cambios en los reintegros para afiliados que dependen del organismo para sostener sus tratamientos. La medida se enmarca en un escenario de aumento de costos farmacéuticos y mayor demanda de terapias prolongadas entre personas con enfermedades crónicas. El organismo planea ajustar los criterios para acceder al reintegro de medicamentos que no tienen cobertura total. En esos casos, los afiliados continuarán abonando el costo en farmacia y gestionarán luego el reintegro, pero deberán cumplir requisitos más estrictos y renovar su documentación con mayor frecuencia. Entre las condiciones establecidas se encuentran ingresos inferiores a una jubilación mínima y media, ausencia de doble cobertura y la tenencia de un único inmueble y vehículos con determinada antigüedad. Aun con los cambios previstos, la cobertura del ciento por ciento se mantendrá para tratamientos esenciales y de alta complejidad, como diabetes, VIH, cáncer, hemofilia, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas y medicación para trasplantes. Para conservar ese beneficio se exigirán controles médicos periódicos y la actualización de recetas y autorizaciones. En los tratamientos no considerados severos, la cobertura parcial se sostendrá entre cuarenta y sesenta por ciento del valor del medicamento. En estos casos, se insiste en la necesidad de seguimiento médico y controles al día para evitar rechazos en la gestión del reintegro. Mientras estos ajustes se analizan, numerosos afiliados y prestadores vienen advirtiendo por limitaciones en la atención, falta de turnos y demoras en consultas. En algunas localidades se denuncia que se estarían aplicando cupos mensuales de prestaciones, lo que llevaría a los jubilados a recurrir a servicios privados o al sistema público, que ya se encuentra bajo fuerte presión asistencial. Este clima motivó la presentación de un pedido de informes en el Congreso para que Pami explique si existen restricciones en prácticas médicas, estudios diagnósticos, internaciones y cirugías, y cuál es la situación de los pagos a prestadores públicos y privados. Desde el ámbito legislativo se advierte que el organismo debe garantizar el acceso efectivo a la salud de la población jubilada y brindar información transparente ante cualquier modificación que pueda impactar en derechos esenciales. La discusión quedará ahora bajo la mirada del Parlamento, mientras el Instituto avanza con su reestructuración interna. El desafío será encontrar un equilibrio entre la administración responsable de los recursos y la cobertura sanitaria que millones de afiliados necesitan sin interrupciones.
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