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Parana » Bicameral
Fecha: 28/11/2025 13:40
Por Maximiliano Rodríguez Paulin (*) La intendenta Rosario Romero envió al Concejo Deliberante un proyecto para implementar un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Desde la oposición presentamos meses atrás una propuesta integral para modernizar el estacionamiento en Paraná, basada en tecnología, control digital y un uso responsable del espacio público. Al comparar ambas iniciativas, queda claro que el proyecto enviado por la intendencia no representa un avance: por el contrario, vuelve a prácticas que la ciudad debería superar. El proyecto de la intendenta incorpora el pago digital mediante billeteras virtuales, QR o comercios adheridos, algo positivo y que también contemplaba la propuesta de la oposición. Sin embargo, la diferencia sustancial está en la fiscalización. Hoy existen herramientas de cobro y control 100% digitales que funcionan en cientos de ciudades del país y del mundo, prescindiendo totalmente de la figura de una persona en la calle. Estos sistemas automatizados permiten auditar en tiempo real, reducen costos operativos y eliminan la discrecionalidad. Desde la oposición propusimos justamente eso: un sistema moderno, eficiente y transparente. El proyecto oficial, en cambio, habilita que la empresa adjudicataria contrate personas físicas para fiscalizar. Y todos sabemos qué significa eso en Paraná: que los mismos grupos que hoy trabajan como cuidacoches, muchos organizados en cooperativas, podrán ser incorporados bajo otra etiqueta para hacer el control del estacionamiento, convalidando un servicio más costoso, encareciendo la tarifa y reintroduciendo arbitrariedades que ya se ven en otras ciudades, donde los fiscalizadores informales prefieren cobrar por fuera del sistema antes que cumplirlo. A esto se suma una contradicción que los vecinos deben tener muy clara: el proyecto tipifica como falta o contravención la actividad de los trapitos fuera del área comprendida como estacionamiento medido, pero al no prohibir la fiscalización por parte de personas físicas, deja abierta la puerta para que esos mismos trapitos terminen actuando como fiscalizadores con el acuerdo previo de la empresa que resulte adjudicataria. Es decir, para la tribuna se prohíbe su actividad, pero en la práctica se habilita un mecanismo para que regresen formalizados y con poder reforzado. Lo que se anuncia como un ordenamiento, termina siendo una legitimación encubierta. En lugar de avanzar hacia un Estado moderno que elimina intermediarios y mejora la eficiencia, el proyecto de la intendenta recrea un esquema que legitima estructuras conocidas y que tanto daño producen a los vecinos. El deber del municipio —y de quienes gobiernan— es ser cada día más eficientes: brindar más y mejores servicios con la misma cantidad de impuestos, o incluso con menos. Nada de esto se logra incorporando fiscalización callejera cuando existe tecnología disponible para reemplazarla por completo. Otra diferencia importante es el destino de lo recaudado. Desde la oposición planteamos la creación de un Fondo de Movilidad Urbana para subsidiar parte del valor del boleto de colectivos, mejorar la circulación y generar incentivos reales para no usar el auto en zonas críticas. El proyecto de Romero no crea ningún fondo, no asigna destino y no aporta un solo peso a mejorar la movilidad. Mientras tanto, en el presupuesto 2026 la intendenta prevé 8.000 millones de pesos para subsidiar el sistema de transporte público, financiados íntegramente por los contribuyentes a través de tasas ya muy altas. El estacionamiento medido podría aliviar esa carga; el proyecto oficial la agrava. También es problemático que la iniciativa ate la tarifa del SEM al precio del litro de nafta súper. El valor del estacionamiento medido es una tasa municipal y, como tal, debe discutirse y aprobarse en el Concejo Deliberante. Delegar esa definición a una variable externa es ceder potestad tributaria y permitir aumentos automáticos ajenos al control ciudadano. Estamos frente a dos modelos distintos. El de la oposición, que apuesta por la eficiencia, la tecnología, la transparencia y un uso inteligente de los recursos. Y el del oficialismo, que mezcla herramientas digitales con fiscalización callejera, no reduce costos, no mejora servicios y consolida prácticas que deberían desterrarse del espacio público. Paraná necesita un sistema de estacionamiento verdaderamente moderno, que cuide al vecino y al turista, que mejore la movilidad y que contribuya a una ciudad más ordenada y más segura. El proyecto enviado por la intendenta no avanza en esa dirección. (*) Concejal de Paraná por el bloque Juntos por Entre Ríos. Publicado en Entre Ríos Ahora
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