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» Diariopinion
Fecha: 28/11/2025 10:22
La diputada provincial Ana Gabriela Neme está enfrentando un asedio institucional que expone la supuesta utilización del aparato judicial y electoral de Formosa para reprimir la disidencia. En un movimiento que parece destinado a castigar las denuncias de corrupción antes que a garantizar la justicia, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 remitió este jueves 27 de noviembre de 2025 un oficio a la Cámara de Diputados de la provincia. El objetivo es claro: evaluar el desafuero de la legisladora por una querella de calumnias e injurias, invocando los Artículos 142 de la Constitución Provincial y 173 del Código Procesal Penal. Persecución Judicial: Los 3 Mil Millones de Pesos en el Centro de la Querella La causa que tiene "contra las cuerdas" a Neme se reactivó tras un fallo de la Cámara Primera en lo Criminal. Los querellantes son Néstor Raúl Acosta, Rubén Darío Gigena, Conde Nunilo Fernando Olmedo y Carlos Antonio Veloto, integrantes de la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial de Formosa (A.M.F.E.P.P.J.). La disputa judicial se originó en las graves acusaciones vertidas por la legisladora opositora, quien sostuvo que la Asociación y sus miembros participaron en "actos de corrupción desplegados por el gobernador Gildo Insfrán", refiriéndose a ellos como "corruptos, delincuentes y parte de una mafia". La denuncia más explosiva que desató la querella fue que, en supuesta connivencia con el gobierno provincial en la figura de Gildo Insfrán, la entidad judicial "les depositó en cuentas de la Asociación más 3 mil millones de pesos". Además, Neme afirmó que la Asociación estaba "hecha para el choreo de Insfrán" y que tuvo influencia en nombramientos de magistrados. Aunque el juez de primera instancia había desestimado inicialmente la querella, amparando las expresiones de Neme en la libertad de expresión, el juez de apelación unipersonal Dr. Ramón Alberto Sala, de la Cámara Primera en lo Criminal, revocó esa decisión. Sala argumentó que las afirmaciones de Neme "no constituyen meras opiniones o críticas, sino imputaciones de delitos concretos —como asociación ilícita, corrupción o tráfico de influencias— que deben ser analizadas bajo la figura penal de calumnias e injurias". Con la reactivación de la causa, el abogado Carlos Veloto confirmó que Neme ahora "deberá comparecer ante Tribunales para mostrar las pruebas o enfrentar las consecuencias de sus dichos". El "Robo Institucional": La Pérdida de la Banca Opositora Esta ofensiva judicial se produce en un contexto de profunda ilegitimidad institucional. Neme ya había sido víctima de lo que denunció como una maniobra política para despojarla de su representación popular. Tras las elecciones provinciales del 29 de junio, la banca legislativa de Neme fue controversialmente adjudicada a la radical Carla Zaiser. La diputada denunció un "robo institucional" y la proscripción de 19.025 votos opositores. En un hecho inédito el 7 de julio de 2025, Neme se amotinó dentro del Tribunal Electoral Permanente (TEP) exigiendo los cálculos del controvertido "piso electoral" que la dejó fuera. La legisladora, visiblemente molesta, sostuvo que su lista había obtenido 19.025 votos, superando el piso de 18.919 votos que, supuestamente, daba la Resolución Nº 82/89 que el TEP decía aplicar. Para Neme, esta decisión fue un "robo al vecino, una burla a los 19.025 formoseños que eligieron a otro representante". Denunció que el TEP vulneró su derecho a defensa al no querer mostrarle los cálculos ni atenderla. La legisladora fue enfática al criticar el sistema electoral formoseño, señalando que el TEP se apartó de su propia resolución, y que el mecanismo (Ley de Lemas, D’Hondt y el "piso electoral" inconstitucional) opera como "herramientas de exclusión política al servicio del poder". Neme concluyó que "es un sistema amañado para garantizarle bancas al poder de turno y excluir a quienes denuncian". A pesar de que la resolución del TEP es considerada por Neme como "arbitraria y nula" y parte de una "connivencia entre un sector opositor y el PJ", la diputada ya no ocupará su escaño en la Legislatura y ha reiterado su pedido de intervención federal para la provincia de Formosa. El Escarmiento Final: Un Desafuero Punitivo El pedido de desafuero formal, librado el 27 de noviembre, ocurre apenas días antes de que el mandato de Gabriela Neme venza este 10 de diciembre. La pérdida de su banca por el "fraude electoral" implica que sus fueros caducarán automáticamente, permitiendo que la justicia ordinaria avance con la querella. La activación de este proceso judicial en la recta final de su mandato se percibe, por lo tanto, no como un paso necesario para enjuiciarla —pues perderá la inmunidad de todas formas—, sino como un acto de escarmiento político destinado a intimidar y silenciar a la oposición. La legisladora lo resumió: "No es por una banca, es por una lucha, por una causa, por la transparencia". Sin embargo, la reacción del sistema formoseño ha sido una doble punición: Primero, la negación de su representación política vía TEP, y segundo, el uso del Poder Judicial para obligarla a rendir cuentas por exponer supuestos vínculos de corrupción que implican al Gobernador y a la Asociación de Magistrados, justo cuando está a punto de quedar sin protección. El caso de Gabriela Neme se erige como una prueba palpable de cómo, en Formosa, la combinación de Leyes Electorales fraudulentas y una Justicia permeable al poder político pueden funcionar como una guillotina institucional contra aquellos que se atreven a denunciar al gobierno de Gildo Insfrán.
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